El BOE de hoy recoge un decreto que modifica algunas de las reglas que rigen la Casa del Rey. La más relevante es la que establece que el Tribunal de Cuentas se encargara de auditar sus cuentas, una misión que hasta ahora y desde 2015 realizaba la Intervención General del Estado. ¿Cómo será ese control y cuándo arrancará? Pues dependerá del convenio que se firme entre ambas instituciones, que establecerá las reglas y los tiempos: el primer ejercicio que fiscalizará será el del año siguiente a la firma de ese convenio.

De hecho, para poder llevarlo a cabo, otra de las reformas que incluye el decreto es que amplía con quién puede firmar convenios la Casa del Rey: si hasta ahora podía con organismos de la Administración General del Estado, ahora puede hacerlo también con otras entidades públicas. Y pone sobre el papel que la asistencia jurídica sea la de la Abogacía del Estado.

El resto de medidas, en su mayoría, o ya son obligatorias por otra norma vigente o son acciones que ya llevaba a cabo el organismo, nada nuevo. Por ejemplo: el decreto establece que los altos cargos de la Casa del Rey presentarán declaraciones de bienes al nombramiento y cese, algo que ya hacían puesto que en el decreto anterior se decía que sus obligaciones eran iguales a los del resto de altos cargos.

También habla de un código de conducta para ellos que ya existe, aunque se puede actualizar, y que, eso sí es nuevo, aunque bastante genérico y aplicable a la norma actual, publicada en su web, como respeto a los intereses generales, la Constitución, imparcialidad…

Algo similar pasa con los contratos públicos: ya estaban obligados a publicar sus normas de contratación en la web y también lo incluye. A la Casa del Rey no les afecta la Ley de Contratos del Sector Público, como sí pasa con el resto de administraciones, pero sí están obligados a publicar contratos y convenios por la Ley de Transparencia.

De hecho, entre la lista de cosas que deben publicar de forma obligatoria se incluyen las que ya lo son por Ley de Transparencia, que exige que la Casa del Rey publique la información económica y de organización de sus actividades sujetas a derecho administrativo: presupuestos, ejecución, cuentas anuales y auditoría, contratos y convenios, entre otras. Añade, eso sí, la publicación anual de los regalos recibidos.

Buenos días.

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