El BOE de hoy recoge el decreto que desarrolla el mecanismo RED, creado en la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 como método para evitar despidos ante crisis económicas. Como desarrolló esa reforma, se trata de un paraguas que deberá aprobar en cada caso el consejo de ministros y bajo el cual las empresas podrán aprobar sus ERTE, ya sean de reducción de jornada o de suspensión de contratos. Hay dos tipos: el cíclico, para toda la economía, por coyunturas graves y globales y con una duración máxima de un año; y el sectorial, para un sector concreto, de un año, pero que se podrá prorrogar de seis meses en seis meses.

Para las personas trabajadoras las condiciones son muy similares a las vividas durante la pandemia: se podrá acceder a la prestación incluso sin cumplir el mínimo cotizado para cobrar el paro, no consume tiempo de prestación y es compatible con el trabajo a tiempo parcial. La cuantía: del 70% de las bases de los 180 días anteriores al ERTE.

Las exoneraciones para las empresas son: en los cíclicos, 60% en los primeros cuatro meses, 30 en los siguientes cuatro y 20% en el resto. En los sectoriales, del 40%. En ambos casos, solo se aplicarán si se ponen en marcha acciones formativas. Además, se mantienen los requisitos actuales: mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a finalizar el expediente y prohibición de pagar horas extra, externalizar y contratar a otras personas, de forma directa o indirecta, durante el ERTE, excepto si se justifica que se necesitan personas con una formación o preparación no disponible, ni mediante formación, en la propia empresa.

El decreto establece el procedimiento para activar cada mecanismo y para que las empresas pongan en marcha un ERTE dentro de ese paraguas, un proceso muy similar al que se utilizó durante la pandemia. Y establece cómo se van a pagar las prestaciones y exenciones: a través de un fondo específico, que se nutrirá de los excedentes de las cotizaciones por desempleo, una cantidad asignada en los presupuestos y otras fuentes, como posibles fondos europeos.

De hecho, este mecanismo ya se activó a finales de marzo de 2022 antes de que hubiera un reglamento que lo desarrollara, en ese caso el sectorial y para las agencias de viaje.

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