Pagar por cotizar las becas: ¿justicia social o mercadeo?

“Hoy es un día histórico. Acabo de firmar la orden ministerial que va a permitir que los becarios y becarias que tuvieron años sin cotizar de prácticas los transformen en años cotizados. Con esta medida corregimos desequilibrios, corregimos injusticias y, lo más importante, transformamos esas demandas en más justicia social y en más protección”. Así de tajante se mostró Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de abril al anunciar la publicación en el BOE de una orden ministerial que ha levantado auténticas ampollas.

La norma permite reconocer como cotizados los periodos de prácticas de alumnos universitarios, alumnos de formación profesional y alumnos de enseñanzas artísticas superiores, profesionales y enseñanzas deportivas. Además, también incluye a graduados universitarios que, a través del doctorado, participasen en programas de formación de naturaleza investigadora. La orden les permite recuperar como tiempo cotizado hasta un periodo máximo de cinco años, que se tendrá en cuenta en la cobertura de cara a la jubilación y a la incapacidad permanente. Para ello, las personas interesadas dispondrán de un plazo de dos años desde el próximo 1 de junio, cuando la orden entre en vigor, para suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, tendrán de tope hasta el 1 de junio de 2026. Luego deberán abonar de forma íntegra la cotización correspondiente, cuyo importe puede llegar a superar los 17.000 euros en los casos donde se quiera recuperar el tiempo máximo de cinco años.

Según ha defendido en la red social X (antes Twitter) Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se trata de un “procedimiento extraordinario” que “abre una ventana a quienes no tuvieron la posibilidad de que sus prácticas cotizaran en su momento” para que “puedan incorporarlas ahora”. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha contestado a las preguntas formuladas por Civio sobre la orden publicada en el BOE.

Como explica a Civio Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, “despojado de eufemismos, de tecnicismos y de eticismos, lo que aquí se está haciendo es abrir una vía para que las personas en formación puedan comprarse 5 años de cotización”.

“Cuando la ministra sale diciendo que esto es una cuestión de justicia social, lo que nos está diciendo es «compra y te llevarás un beneficio». Esto no es justicia, esto es mercadeo”, opina Antonio Martínez Ruiz, portavoz de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), una de las organizaciones más críticas con la medida. Precisamente el personal científico es uno de los colectivos más afectados ya que, durante años, miles de personas se dedicaron a la ciencia, a sueldo de las administraciones públicas, sin tener la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social.

“Es un parche mal hecho, una medida para salvaguardar algo que estaba mal. Entiendo que quieran arreglarlo, pero no lo pueden hacer machacándonos más”

“Yo cobraba en aquel tiempo [a través de una beca ministerial] menos de 600 euros al mes, y ahora me piden 290 euros”, lamenta Guadalupe Sabio, que lidera un grupo científico en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La investigadora, que tiene sin regularizar un periodo de cuatro años, critica duramente la orden: “Es un parche mal hecho, una medida para salvaguardar algo que estaba mal. Entiendo que quieran arreglarlo, pero no lo pueden hacer machacándonos más”. La experiencia de Antonio Martínez Ruiz es similar: él se dedicó a la investigación sin la posibilidad de cotizar durante nueve años. Eso sí, en su caso, pudo regularizar dos años en 2011, cuando se aprobó un mecanismo similar al actual, aunque pagando una cuota mucho menor. Al contrario de lo que ocurre ahora, aquella norma contempló entonces que la cotización a ingresar fuese la del año que se pretendía rescatar, lo que significó que la cuota a ingresar fuera sensiblemente inferior.

La comunidad investigadora no es la única que reprocha la medida. La orden, que también afecta a quienes antaño hicieron prácticas sin cotizar (a diferencia de lo que ocurre hoy en día), resulta incomprensible para Leticia Vidal, técnico superior de estética. Cuando realizó sus prácticas de formación profesional hace diecisiete años, en ningún caso tuvo la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social, aunque en el centro en el que estaba en realidad actuaba como una trabajadora más. Aunque la nueva norma podría ayudarle a ver reconocidos los meses de prácticas que hizo, Vidal apunta en otra dirección: “El beneficio completo se lo lleva la persona que te tuvo ahí de prácticas porque tenía a un trabajador gratuito por el que no debía pagar, como fue en mi caso. Se ahorraron los seguros sociales de las trabajadoras que tenían”, dice en conversación telefónica con Civio.

Diversidad de opiniones entre especialistas

“Todas estas vías para regularizar los periodos de prácticas son expresión de su ‘blanqueo’, cuando, en realidad, la gran mayoría de esas prácticas deberían ser contratos formativos, esto es, contratos de trabajo, como ahora sucede con los contratos de investigación”, sostiene Cristóbal Molina. Aun así, para el profesor de la Universidad de Jaén, “la posibilidad de mutar lagunas de cotización por periodos cotizados, para personas que no son ni eran asalariadas en ese tiempo -ni autónomas-, es positivo, y debería valorarse el esfuerzo”. En cambio, María del Carmen López Aniorte, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, cree que tendrá “un reducido impacto positivo” precisamente por el “elevado coste” que se ha de asumir, especialmente en el caso del personal investigador. “Nos encontramos ante una oportunidad perdida de mejorar la carrera de cotización de este maltratado colectivo”, comenta a Civio.

Una opinión que no comparte Jesús Prieto, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que considera “adecuado” el poder “dar un cobijo legal” a los antiguos becarios. Aunque las cuotas por regularizar periodos largos pueden resultar elevadas, Prieto insiste en que si “tú quieres tener ese derecho, quieres tener esos periodos de carencia, quieres que se te genere ese tipo de prestaciones”, se ha de “suscribir el convenio especial y abonarlo”. Y plantea una perspectiva más a largo plazo: “Si pago 17.000 euros, ¿cuál es el retorno que voy a tener si luego me puedo jubilar? Voy a tener mucho más que estos 17.000 euros porque voy a poder acceder a esta prestación de jubilación hasta que fallezca, eso es mucho tiempo. Las prestaciones de la Seguridad Social son a día de hoy más o menos generosas, básicamente porque están por encima del salario medio. Es un hecho objetivo. Va a salir beneficiado el trabajador”, asegura.

Josep María Gené, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de Lleida, también valora la medida como “positiva”. Según plantea en un artículo publicado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, “la recuperación de estos períodos de cotización se va a traducir en el futuro en una mejora de las condiciones de acceso a las pensiones de Seguridad Social y, muy especialmente, a la pensión de jubilación”.

¿Se podría haber hecho de otra forma?

Una de las quejas principales se centra en la cuota que se debe pagar. Según ha planteado en la red social X (antes Twitter) Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y antigua secretaria de Estado de Empleo durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, una parte de las cotizaciones, al menos la del personal investigador, sí podrían haber sido asumidas por la administración pública.

No obstante, esta opción “sería poco realista”, a juicio del profesor Cristóbal Molina, quien, sin embargo, sí ve otras opciones de mejora. En su opinión, la cuota ha de ser asumida por las personas beneficiarias, aunque con un régimen más flexible: por ejemplo, con “mayores posibilidades de fraccionamiento en el pago”, con “un periodo de solicitud mayor” e incluso “con alguna bonificación más”. Así parece plantearlo también el profesor Josep María Gené en su artículo, donde critica “su elevado coste económico, las limitadas posibilidades de fraccionamiento del pago y la previsión de un plazo máximo para su solicitud”.

“Entendemos que hay que pagar una parte, sí, la parte que nos correspondía como trabajadores”, defiende Antonio Martínez Ruiz, portavoz de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios. Esta organización, junto con otras entidades científicas, también defiende que las bases de cotización aplicadas no sean las de 2024, sino las “correspondientes a cada año que se quiere recuperar”, como se hizo en 2011, lo que significaría que las cantidades a desembolsar se redujeran notablemente.

“No hay que reconocer solo la Seguridad Social, también otras cuestiones laborales”, relacionadas con la antigüedad o la carrera profesional

El periodo máximo de regularización, limitado a un máximo de 5 años, también ha recibido críticas, ya que no tiene en cuenta becas de mayor duración, según reclaman las asociaciones científicas que han levantado la voz contra la medida y que se reunirán próximamente con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y quieren ir un paso más allá: “No hay que reconocer solo la Seguridad Social, también otras cuestiones laborales”, relacionadas con la antigüedad o la carrera profesional, explica Antonio Martínez Ruiz a Civio.

Por su parte, el inspector de trabajo Jesús Prieto piensa que la parte mejorable de la orden es “la información”, ya que cree que puede resultar complicada. “Hay que hacer un poco más de pedagogía y publicidad. A los que hemos sido becarios, que se nos dé ese derecho me parece algo positivo”, dice.

Desde el 1 de enero de 2024, los alumnos que realicen prácticas formativas, remuneradas o no, ya cotizan a la Seguridad Social: según datos del propio Ministerio, casi 570.000 estudiantes han permanecido en situación de alta al menos un día desde principios de año. Yovany Domínguez, que realizó prácticas de formación profesional en Estética sin poder estar dada de alta en la Seguridad Social, ha podido disfrutar de ese derecho al terminar hace unos meses el ciclo de auxiliar de enfermería: “Antes no compensaba nada de nada. Ahora sí nos dan esa alegría”. Una alegría que, de momento, tiene un sabor más bien agridulce para otros tantos miles de personas.