El IVA de los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, se queda en el 0% hasta octubre
El decreto ley también prorroga los descuentos del bono social, revaloriza el sueldo de los funcionarios y hace permanente la posibilidad de que las comunidades de vecinos accedan al precio regulado del gas para su calefacción.
El BOE de hoy recoge un decreto ley que, entre otras medidas, prorroga la rebaja del IVA de los alimentos: hasta que acabe septiembre se mantendrá como hasta ahora, pero desde el 1 de octubre subirán un poco, para volver a la normalidad a partir de 2025. Además, se prorrogan o vuelven a poner en marcha algunas ayudas y rebajes fiscales para La Palma, los descuentos del bono social, se revaloriza el sueldo de los funcionarios y la posibilidad de que las comunidades de vecinos accedan al precio regulado del gas se hace permanente.
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Prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos
Hasta el 30 de septiembre, se mantiene al 0% el IVA a los alimentos básicos, como el pan, la harina, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, legumbres y cereales. Desde octubre hasta diciembre subirá al 2% y, ya en 2025, volverá a su porcentaje habitual, el 4%. A estos alimentos básicos con IVA superreducido se suma, además, el aceite de oliva, que se quedará para siempre en esa categoría y tendrá ese mismo impuesto (0% hasta que acabe septiembre, 2% hasta fin de año, 4% a partir de 2025).
El siguiente nivel, de IVA reducido, el que aplica a las pastas y aceites de semillas (puesto que ya no está aquí el de oliva), se mantienen, también hasta fin de septiembre, al 5%. En octubre pasarán al 7.5% y, ya en 2025, volverán al 10% habitual.
Las comunidades de vecinos podrán seguir pagando el precio regulado del gas para su calefacción de forma indefinida
Para paliar la subida del precio del gas natural, el Gobierno decidió que las comunidades de vecinos pudieran acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR), esto es, el precio regulado, que se topó para evitar que siguiera creciendo. Así, podían sumarse a esa tarifa aunque fueran grandes consumidores. Pero era una medida temporal. Lo que hace el decreto ley hoy es hacerla permanente.
Así, a las comunidades de vecinos que a día de hoy estén acogidas a esa tarifa regulada, seguirán ahí de forma automática. Quienes desde abril hayan contratado una tarifa libre, porque se acababa esa medida, tienen hasta el 28 de julio para pedir un cambio a la tarifa regulada sin penalización.
Eso sí, la posibilidad de acogerse a la TUR solo será posible si se cuenta con contadores individuales y se pasa la inspección energética del edificio en plazo, como hasta ahora.
Además, y para cualquier consumidor, se mantiene la flexibilidad de cambiar de contrato eléctrico sin penalizaciones hasta final de año. Y se prorrogan hasta la misma fecha las ayudas a la industria electrointensiva.
Desaparece la categoría especial del bono social
El decreto ley prorroga el aumento de los descuentos en la factura de la luz, el bono social: seguirá siendo del 65% para consumidores vulnerables (antes de la reforma era del 25%) y del 80% para vulnerables severos (frente al 40 anterior). Eso sí, esas subidas irán, progresivamente, menguando, de forma similar a lo que pasará con el IVA de los alimentos básicos.
A partir del 1 de octubre, los descuentos serán del 57,5% para consumidores vulnerables y del 72,5% para vulnerables severos. Desde enero de 2025, del 50 y el 65%; y de abril a junio de 2025, del 42,5 y el 57,5%, respectivamente.
A partir de julio de 2025, se quedarán ya en sus nuevos porcentajes: del 35% para consumidores vulnerables (frente al 25% anterior a la crisis) y del 50% para vulnerables severos (frente al 40).
Eso sí, no se prorroga y, por tanto, desaparece, la categoría extra creada para que más hogares pudieran acogerse de forma temporal a esta ayuda. Eso significa que las casas que, aplicando los extras por menores u otras condiciones especiales, estuvieran entre 1,5 y 2 veces el IPREM y fueran beneficiarios del bono social gracias a esta vía extra, dejarán de serlo a partir del 1 de julio.
Se mantienen pues las tres vías de acceso anteriores a la crisis: para familias numerosas, independientemente de la renta; para jubilados por incapacidad o jubilación sin ingresos cuantiosos extra; y por renta, pero para ingresos por debajo de 1,5 veces el IPREM.
En paralelo, la norma prorroga la prohibición del corte de suministros para personas vulnerables hasta fin de año.
2% de subida de sueldo a los empleados públicos
Además, el decreto ley incluye la subida del 2% en los sueldos del personal al servicio del sector público. Y un 0,5% extra si la inflación sobrepasa ciertos umbrales.
Esta medida será retroactiva, desde el pasado 1 de enero, así que en próximas nóminas se pagará la diferencia por los meses ya transcurridos.
Ayudas para La Palma
El decreto ley prorroga medidas para personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma como las prestaciones por ceses de actividad, la posibilidad de aplazar cuotas a la Seguridad Social, los ERTE y la suspensión hipotecaria en algunas localidades hasta final de año.
Y vuelve a poner en marcha la rebaja de las cuotas de IRPF para los rendimientos obtenidos en la isla de La Palma, del 60%, igual a la que se aplica de forma habitual en Ceuta y Melilla. Esta medida, que estuvo en vigor para los ejercicios 2022 y 2023, lo estará también este año pero, eso sí, solo para los ingresos recibidos a partir de la entrada en vigor del decreto ley de hoy, mañana viernes 28 de junio. Además, se prorrogan durante todo 2024 los beneficios fiscales en la isla en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Otras medidas
La norma también le da rango de ley a la exención de tributar por rendimientos del trabajo para aquellos que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 15.876 euros al año, una medida que ya se incluyó en la modificación del reglamento del IRPF y que ya está en vigor.
En paralelo, el decreto ley aprueba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para este año. Y crea el Fondo de impacto social, dotado con 200 millones y a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinado a invertir o dar apoyo financiero a empresas con impacto social o medioambiental.
Otra de las medidas incluidas es la ampliación en 50 millones de las ayudas para modernizar flotas de transporte privadas y la prórroga hasta final de año de las ayudas Moves III para el coche eléctrico.
La norma elimina un artículo que se incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Civil en diciembre y que entró en vigor en marzo, sobre la cuestión prejudicial europea. El objetivo de suprimir esa reforma tan reciente es, según el preámbulo del decreto ley, que “sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos”.
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