El BOE de hoy recoge un decreto ley que incluye tres medidas: una nueva prórroga, en este caso de un año, en la obligación de usar Verifactu, el sistema de facturación electrónica; el traspaso de competencias a Cataluña de la gestión y nombramiento de funcionarios locales con habilitación nacional; y la prórroga de la posibilidad de que entidades locales y comunidades autónomas utilicen el superávit para inversiones financieramente sostenibles.

Verifactu: nuevos plazos hasta enero y julio de 2027

El próximo 1 de enero se acababa el plazo para que todas las entidades jurídicas conectaran su facturación con Verifactu. Este decreto ley prorroga un año más, in extremis, el tiempo para cumplir esa obligación. Así quedan los nuevos plazos: quienes contribuyan al Impuesto de Sociedades (entidades jurídicas como empresas de cualquier tamaño o fundaciones y asociaciones, fondos de inversión…) tienen ahora hasta el 1 de enero, pero de 2027, para tener el sistema operativo. El resto de afectados, como autónomos individuales, hasta el 1 de julio de 2027.

No es la primera vez que el Gobierno aprueba una prórroga para tener operativo el nuevo sistema informático de facturación, que establece requisitos comunes para el registro y envío de facturas, conecta esa información con la Agencia Tributaria y permite llevar un registro inalterable de los pagos. Se creó a través de una reforma de la Ley tributaria en 2021. En 2023 se aprobó su reglamento, que marcaba una primera fecha límite para que estuviera operativo: julio de 2025. El pasado mes de abril se retrasó por primera vez: a enero y julio de 2026, según el caso. Ahora, a semanas de su nueva entrada en vigor, se vuelve a retrasar un año más.

El propio decreto ley argumenta que vuelven a ampliar ese plazo por dos razones: para la adecuación de los sistemas informáticos y para “garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”.

Traspaso de competencias a Cataluña

La norma también devuelve a Cataluña las competencias para crear puestos, convocar procesos de selección formar, elegir, asignar plazas y supervisar a los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, cumpliendo así una de las promesas a Junts.

Además, el decreto ley prorroga de nuevo la posibilidad de que entidades locales y comunidades autónomas destinen el superávit, en este caso el de 2024, a inversiones financieramente sostenibles en los próximos años.

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