Las víctimas de Adamuz y Gelida recibirán una ayuda directa y podrán pedir un adelanto de las indemnizaciones
La aportación será de más de 72.000 euros por fallecimiento y de entre 2.400 y 84.000 para lesiones, según el tipo. El adelanto de las indemnizaciones por responsabilidad civil será de las mismas cantidades.
El BOE de hoy recoge el decreto ley que regula las ayudas para las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdona), del pasado 18 de enero; y de Gelida (Barcelona), del pasado día 20. La norma crea dos vías: ayudas directas y adelantos de las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil.
Las ayudas directas serán de 72.121,46 euros por fallecimiento, que podrán solicitar tanto el cónyuge, la persona conviviente durante más de dos años o sin requisito de tiempo si comparten hijos, los hijos, los hijos de la pareja menores o que dependan económicamente, padres, abuelos o hermanos de las 45 víctimas del accidente de Adamuz y la víctima del de Gelida.
En cuanto a las lesiones, se establecen 14 categorías, según gravedad, y las ayudas pueden ser desde 2.404,4 euros hasta 84.141,7. Todos estos pagos directos son compatibles con cualquier otro dinero que se reciba por esta misma causa, como indemnizaciones o seguros, y están exentas de tributación por IRPF.
Además de las ayudas, las víctimas podrán solicitar un adelanto de la futura indemnización por responsabilidad civil de exactamente la misma cantidad en cada caso, que se sumará a lo anterior. Una vez se establezca, en el futuro, qué indemización les corresponde, podrán pasar dos cosas: o la indemnización es mayor que el adelanto, y entonces cobrarán la diferencia; o es menor, pero entonces no tendrán que devolver nada.
En total, el Gobierno ha destinado 20 millones: 10 para las ayudas directas y 10 para los adelantos. Aunque, eso sí, el propio texto recalca que son cantidades ampliables si fuera necesario.
Ambas cosas se podrán solicitar durante tres meses en cuanto se publique una resolución que dicte el procedimiento, aunque el decreto ley ya adelanta que se pedirán certificados de defunción o informes médicos, según se trate de fallecimientos o lesiones. Para ayudar a tramitarlas, se pondrán en marcha oficinas de atención a las víctimas en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con especial atención a Huelva.
En paralelo, el decreto ley recuerda que ninguna persona trabajadora afectada podrá ser sancionada por no acudir a su puesto de trabajo a causa de estos accidentes y que las compañías deberán entregar justificantes a todas las personas que los necesiten.
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