El BOE de hoy recoge un decreto ley con medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. La norma entra en vigor mañana domingo 22 de marzo y tiene 30 días para ser convalidada o derogada en el Congreso.

El decreto ley recupera algunas de las medidas que cayeron en febrero tras la derogación por el Congreso del escudo social por segunda vez, como la prórroga de la prohibición de corte de suministros de agua y energía a personas vulnerables, que se aplicará desde el pasado 1 de enero hasta fin de año.

Y, con las mismas fechas, los descuentos superiores del bono social, que pasan a ser de nuevo del 42,5% para hogares vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. De hecho, como esta medida ha ido entrando en vigor y cayendo, para luego volver a estar en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero, se da la circunstancia de que entre el 26 de febrero y este decreto ley los descuentos eran más bajos, así que, si cobraron de más, las compañías tienen que devolver esa diferencia en las próximas facturas.

Lo que no recupera el decreto ley es el veto a los desahucios de personas vulnerables que cayó en febrero en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Además, el texto añade una nueva medida: la subida de 40 a 50 euros del mínimo del bono térmico, la ayuda paralela creada para ayudar a sufragar gastos de calefacción y que se reparte, más allá de ese mínimo, dependiendo de la zona climática y la vulnerabilidad. Y se añade un suplemento de crédito de 90 millones para 2026 para aumentar las cantidades que se repartan.

El decreto ley establece mayores obligaciones de transparencia de las compañías eléctricas a la hora de promover cambios de contrato o costes. Y pone un tope al precio del butano en la siguiente revisión, la de mayo, por si el precio se desboca: no podrá superar el coste antes de impuestos de mayo de 2022, la primera vez que se congeló. Ahora mismo la bombona tradicional naranja vale 16,36 euros, sin aplicarle aún las rebajas de impuestos. En mayo de 2022 se congeló a 19,55 euros.

También recupera las deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética en viviendas, del 20 al 60%, según el caso, y por la adquisición de vehículos eléctricos o puntos de recarga (15%) e instalación de fuentes de autoconsumo renovable (10%). Y permite a los ayuntamientos poner en marcha otras deducciones locales.

El decreto ley pone en marcha el programa Auto+, ayudas para la compra de vehículos eléctricos y electrificados, para particulares (350 millones), autónomos (8 millones) y empresas (42 millones), cuyas condiciones se desarrollarán en siguientes decretos.

Rebajas de impuestos

Una de las medidas más destacadas es la rebaja del IVA del 21 al 10% para el gas natural, briquetas, pellets, gasolinas, gasóleos y biocarburantes. También para energía eléctrica, pero en este caso solo para consumidores con potencia contratada de menos de 10 kW y quienes reciban el bono social. En todos estos casos, la medida estará vigente, por el momento, hasta el 30 de junio, aunque se podrá eliminar al inicio de ese mismo mes en el caso de que la diferencia del IPC de su ramo en abril, con respecto al mismo mes de 2025, sea menor del 10%.

La misma regla aplica a la reducción de los impuestos especiales de hidrocarburos (gasolina, gas natural, butano…). Y también baja el tipo impositivo del impuesto especial de electricidad, en su caso al 0,5%.

Las empresas que se dediquen a los productos petrolíferos informarán semanalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus gastos y precios de venta, para que la entidad vigile y desarrolle recomendaciones sobre márgenes empresariales que pueden tener. El Gobierno podrá obligar a que se cumplan esos topes e imponer sanciones y publicarlas.

Fomento de las energías renovables

El decreto ley también incluye medidas para fomentar el uso de energías renovables, como ayudas para fomentar la sustitución de las calderas de combustión por bombas de calor, que se desarrollarán en el plazo máximo de un mes.

Además, pone en marcha reformas estructurales para impulsar la construcción y puesta en marcha de equipamientos para producir energía renovable, como la creación de Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), que permitirán, tras aprobarse, autorizaciones más rápidas; o la declaración de urgencia de estos proyectos, así como la simplificación de todos los procesos administrativos. En paralelo, se aprobarán medidas para el impulso del biometano.

Y establece que se aprobarán medidas de apoyo de todo tipo para los llamados Proyectos estratégicos de inversión, que supongan mejora en las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y serán aprobadas por un comité.

Otras ayudas a empresas y autónomos

La norma aprueba además ayudas específicas para productores agrarios, barcos pesqueros y transporte por carretera de 0,2 euros por litro de carburante. También para pago de fertilizantes en agricultura, de 22 euros por hectárea máximo en el caso de secano, 55 para regadíos. Además de créditos ICO para la agricultura.

Y ayudas directas para transporte por carretera de quienes no tienen devolución parcial por el impuesto de hidrocarburos que van a 200 euros para los taxis hasta 1.800 en los camiones de mercancías más grandes, pasando por 975 para algunos autobuses. También aprueba ayudas para las líneas regulares de transporte marítimo.

En paralelo, el decreto ley permite cambios en la potencia de contratos de electricidad para autónomos y empresas sin coste y también modificaciones o incluso suspensiones temporales de suministro de gas para grandes consumos. Y reactiva el mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva, con un 80% de descuento en los peajes de acceso.

Además, pone en marcha reavales del ICO a empresas de transporte por carretera para cubrir tarjetas de crédito de combustible, con un presupuesto máximo de 2.000 millones y que se podrán pedir hasta el 30 de junio.

La norma prohíbe el despido por causas técnicas, organizativas o económicas a las empresas que reciban las ayudas directas que incluye.

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