El BOE de hoy recoge la declaración de “situación de interés para la seguridad nacional” en Ceuta hasta final de año. Una vez activado este sistema, regulado en la Ley de seguridad nacional, el Gobierno asume de forma oficial la dirección de las gestiones de la crisis, toma el mando, para coordinar a todas las autoridades competentes desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Lo hace casi un mes después de que casi 70.000 inmigrantes cruzaran la frontera desde Marruecos en menos de 24 horas los días 30 y 31 de de julio.

La declaración afecta a Ceuta y a su frontera terrestre, así como a los puertos, costas y aguas adyacentes. Está en vigor desde hoy mismo y, aunque finaliza el 31 de diciembre, el Presidente del Gobierno podrá desactivarla antes, prorrogarla o modificar sus condiciones.

El texto nombra al ministro de Política territorial y memoria democrática, Ángel Víctor Torres, coordinador de la gestión de la crisis o, en su nombre oficial según la norma, “autoridad funcional”. Será Torres quien presida el Comité de situación, compuesto por representantes de la Ciudad Autónoma -incluido el presidente, Juan José Vivas-, el delegado del Gobierno en la ciudad, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Estado de Comunicación, la Abogacía del Estado, el gabinete del Presidente del Gobierno y los 11 ministerios implicados en la gestión: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.

La situación de interés para la seguridad nacional se puede declarar cuando una crisis, “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno”. Eso sí, como aclara la ley, “en ningún caso” permite suspender derechos fundamentales o libertades públicas, como sí pasa con otros mecanismos como la declaración del estado de emergencia, por ejemplo. Como exige la Ley, el texto publicado hoy adelanta que el Gobierno informará al Congreso de la situación y sus avances.

Lo que sí exige la norma es que todas las administraciones públicas aporten los recursos necesarios para su resolución. Además de todos las que tienen que ver con las competencias de cada ministerio o de la propia Ciudad autónoma, el anexo incluye una serie de infraestructuras que se ponen a disposición de la gestión de la crisis. En concreto, el Gobierno lista terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita, en instalaciones de la Hípica, en la nave fábrica de harina, en el antiguo campo de futbol del cuartel de caballería 6 y aquellos no se encuentren en uso del Ministerio de Defensa en el Acuartelamiento Coronel Fiscer. También terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano (antigua fábrica del Guano) y el polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, del IES Puertas del Campo.

El Gobierno de la ciudad autónoma, por su parte, aporta espacios en el párking del embolsamiento en Loma Colmenar; el Hospital Militar, que está cedido a la ciudad; y los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, el complejo Deportivo Guillermo Molina y el complejo Deportivo Díaz Flor.

En paralelo, el Consejo de ministros de ayer también aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la acogida de infancia migrante no acompañada, que se votará el jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

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