El BOE de hoy recoge el decreto ley que regula las ayudas para las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo), del pasado 28 de octubre, y recupera la norma que permite frenar subidas abusivas de precios en casos de emergencia.

Más control a subidas abusivas de precios en catástrofes

El texto recupera, tal cual, el decreto ley impulsado por Consumo en febrero y que no se convalidó en el Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Así, incluye un capítulo que extiende la prohibición de las subidas de precios en emergencias o accidentes. La norma especifica cómo se podrá en marcha ese veto, aprobado a finales de 2024, y lo activa para los servicios afectados por el accidente de Urda.

La Ley de defensa de los consumidores contiene, desde noviembre de 2024, un apartado que prohíbe el incremento de precios en casos de “urgencia, riesgo o necesidad” de la persona consumidora cuando el precio lo marca un sistema de toma de decisiones automatizado y se declare una emergencia de protección civil. El decreto ley publicado hoy permite que esta protección ante subidas abusivas se aplique a otros bienes o servicios, sea su precio automatizado o no, además de añadir entre las causas que permiten activarlo no solo la emergencia de protección civil, sino también accidentes, emergencias técnicas o fuerza mayor.

La clave está en el documento que puede poner en marcha este veto a las subidas de precio: un acuerdo del Consejo de ministros que marca la fecha de inicio y fin, indica qué productos o servicios están afectados y sus precios de referencia anteriores. Si se incumple esta norma, el consumidor o consumidora tendrá derecho a que le devuelvan la diferencia.

Eso sí, el texto aclara que esta medida no se aplicará al sector del transporte hasta que la Comisión Europea lo autorice, para evitar incumplir normativas comunitarias.

Además, la norma establece cómo se calculará si ha habido incrementos o no del precio cuando se active este mecanismo. Por regla general, no se permitirá ningún precio superior al máximo registrado en los 30 días anteriores. Pero, además, en los casos en los que el precio varíe mucho y el registro más alto sea muy superior a la media (más del 50%), se le pone tope: no se permitirán precios por encima de la media y un 50% extra. Imaginemos, por ejemplo, que el precio medio de un trayecto en Uber es de 12 euros, pero en ocasiones puntuales ha costado 30. Su precio máximo si se activa el mecanismo sería de 18 euros aplicando esta regla. En el caso de productos o servicios estacionales, se podrá tener en cuenta el precio del año anterior, modificado por el IPC.

El tope a los precios no se aplicará si la subida está justificada por el aumento de los costes o cuando sea necesario para paliar contextos de escasez. Tampoco en los casos de precios regulados.

El decreto ley activa desde hoy y hasta el 10 de noviembre, aunque se podrá prorrogar, este mecanismo para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Urda.

Ayudas y adelanto de indemnizaciones como en el accidente de Adamuz

En paralelo, la norma crea dos vías: ayudas directas y adelantos de las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil, para las personas afectadas por el accidente de Urda, con 69 fallecidos y más de un centenar de personas heridas. Son idénticas a las que se pusieron en marcha para las personas afectadas por los siniestros en Adamuz y Gelida a principios de año.

Las ayudas directas serán de 72.121,46 euros por fallecimiento, que podrán solicitar tanto el cónyuge, la persona conviviente durante más de dos años o sin requisito de tiempo si comparten hijos, los hijos, los hijos de la pareja menores o que dependan económicamente, padres, abuelos o hermanos de las 69 víctimas del accidente de Urda.

En cuanto a las lesiones, se establecen 14 categorías, según gravedad, y las ayudas pueden ser desde 2.404,4 euros hasta 84.141,7. Todos estos pagos directos son compatibles con cualquier otro dinero que se reciba por esta misma causa, como indemnizaciones o seguros, y están exentas de tributación por IRPF.

Además de las ayudas, las víctimas podrán recibir un adelanto de la futura indemnización por responsabilidad civil de exactamente la misma cantidad en cada caso, que se sumará a lo anterior. Una vez se establezca, en el futuro, qué indemnización les corresponde, podrán pasar dos cosas: o la indemnización es mayor que el adelanto, y entonces cobrarán la diferencia; o es menor, pero entonces no tendrán que devolver nada.

En total, el Gobierno ha destinado 30,6 millones: 15,3 para las ayudas directas y la misma cantidad para los adelantos. Aunque, eso sí, el propio texto recalca que son cantidades ampliables si fuera necesario.

Lo que cambia respecto a las ayudas tras el accidente de Ademuz es el sistema, que se aligera y establece la información que deberán entregar las compañías, las gestoras de seguros y el juzgado. El Gobierno recabará de Renfe e Iryo el listado de viajeros, recabará información de las defunciones y lesiones y aprobará una resolución provisional, notificando a los interesados, que tendrán diez días para alegar. En cuanto a los adelantos de indemnizaciones, da un mes al juzgado para que entregue información y así poder tramitarlas. Si se retrasa, se retrasará el pago de estos adelantos. Peso ese retraso no afectará a las ayudas directas. En cualquier caso, ante las dudas o si no son notificadas, las personas afectadas tienen tres meses desde hoy para solicitar ambas.

Para ayudar a tramitarlas, se pondrán en marcha oficinas de atención a las víctimas en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Esas oficinas recibirán el listado de personas afectadas, por lo que podrán contactar con ellas directamente si hiciera falta y, tal y como adelantó el ministro Óscar Puente ayer, podrían ir a sus casas directamente si fuera necesario.

Además, el decreto ley equipara las bajas provocadas por el accidente con aquellas producidas por accidente laboral (desde el primer día, sin necesidad de cotización mínima y de mayor cuantía) y hace lo mismo con las pensiones derivadas, que serán tramitadas y calculadas como accidentes laborales sin son más favorables a las personas afectadas. También recibirán pensiones mayores, como prestaciones extraordinarias, quienes estén en el régimen de Clases pasivas. Todo esto, pensiones y bajas, se calculará de oficio y será retroactivo. Para poder tramitarlo, Renfe e Iryo deberán trasladar el listado de pasajeros y fallecidos a la Seguridad Social en 15 días.

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