El BOE de hoy recoge un decreto ley que exime de pagar IRPF a la mayoría de quienes cobren el nuevo salario mínimo, aprueba las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos para 2027 y establece dos nuevas ayudas a Canarias y El Hierro para sufragar los gastos extraordinarios relacionados con las últimas llegadas de inmigrantes a sus costas.

La norma aumenta la deducción fiscal para los salarios bajos con el objetivo de evitar que quienes cobren el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, de 18.004 euros anuales y 1.286 euros al mes en 14 pagas, tengan que pagar IRPF. Eso sí, el decreto que aprueba esta subida del SMI no se ha publicado en el BOE de hoy, aunque es previsible que llegue en los próximos días.

Lo que hace el decreto ley de hoy es establecer una deducción fiscal de 1.033,58 euros para aquellas personas que tengan ingresos del trabajo iguales o inferiores al SMI, lo que implica, en la práctica, que no paguen IRPF. Además, incluye una reforma del reglamento del IRPF que permite que no se les retenga este impuesto en sus nóminas desde el 1 de enero. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, sí se les practicaban retenciones, pero luego recuperaban esas cantidades en la declaración de la renta.

Pero las deducciones fiscales para salarios bajos no se limitan a quienes cobran el SMI. También se aplicarán, aunque de forma progresiva (a más ingresos, menor deducción), a quienes tengan sueldos de hasta 23.171,89 euros anuales.

En paralelo, el decreto ley aprueba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales para 2027, el dinero que se les adelanta en previsión de su participación en impuestos como el IVA o el IRPF y que luego se ajusta en función de los ingresos reales. Son 170.529 millones de euros para las primeras, un 8,1 % más que en 2026, y 31.826 millones para las segundas, un 8,8 % más. Además, permite tanto a comunidades como a entidades locales destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles: aquellas que permitan evitar gastos o generar ahorros en ejercicios futuros, relacionadas con el cambio climático o la eficiencia energética, o destinadas a vivienda social, asequible o con protección permanente.

El decreto ley amplía el plazo de ejecución de las ayudas del ICEX para la internacionalización de empresas de Ceuta y aprueba dos ayudas para sufragar gastos extraordinarios por la llegada de inmigrantes a Canarias: tres millones de euros para la comunidad autónoma (2,7 millones para sus servicios sanitarios y 300.000 euros para reparar el puerto de La Restinga) y otros dos millones para actuaciones económicas y sociales en la isla de El Hierro.

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