Quienes reciban el Ingreso Mínimo Vital podrán pedir tarifas de teléfono e internet un 25% por debajo de la media de mercado
El Gobierno modifica el reglamento del Servicio universal de telecomunicaciones para ampliar quienes pueden acceder a tarifas más baratas y dejar de contratar a Telefónica para que asegure el servicio universal, que da por cumplido.
El BOE de hoy recoge un decreto que modifica el reglamento del Servicio universal de telecomunicaciones, la norma para garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a, como mínimo, teléfono fijo e internet. Uno de los principales cambios tiene que ver con las tarifas para personas con menos recursos. Hasta ahora, los llamados abonos sociales estaban destinados a algunas personas con rentas de menos de 1,2 IPREM, esto es, 720 euros al mes. La reforma amplía la posibilidad de obtener precios con descuentos a todas las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Así, las grandes compañías de telefonía estarán obligadas a ofrecer una tarifa especial para todas esas personas de, al menos, un 25% menos que el precio medio de mercado. Y ese precio medio sobre el que aplicar el descuento lo marcará, en un máximo de seis meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las compañías tendrán entonces un mes para informar sobre las tarifas sociales que van a ofrecer. La CNMC informará entonces de cuáles cumplen la regla y exigirá a las que no lo hagan que las pongan en marcha. Todas las empresas de telefonía afectadas deberán publicitar estas tarifas sociales en un lugar visible de su página web.
De esta forma, las personas que reciban el IMV podrán pedir este precio con descuento no solo a Telefónica, la compañía encargada del abono social ahora mismo, que tendrá que mantener esas tarifas para los actuales beneficiarios, sino a otras que trabajen en su zona.
Y es que la otra pata de la reforma es la que modifica el Servicio universal para que ya no sea Telefónica la que, vía contrato público, garantice que teléfono fijo e internet llegan a todos los rincones de España. El Ministerio de Transformación digital y función pública considera que ese servicio ya es universal y que, por lo tanto, no es necesario pagar para que una compañía llegue donde no haya conexiones. En tres meses, Telefónica dejará de ser la prestadora de este servicio.
Además, modifica los términos de ese Servicio universal para que la velocidad mínima sea de 100 Mbps y no 10, como hasta ahora. E incluye adaptaciones para personas con discapacidad, especialmente auditiva, como sistemas de Texto en Tiempo Real (RTT, en sus siglas en inglés).
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