Gasto público contra incendios forestales: sin transparencia

Una de las líneas de trabajo de la Fundación Ciudadana Civio para arrojar luz sobre el drama de los incendios forestales en España es el análisis de las partidas presupuestarias estatales destinadas a su prevención, extinción e investigación durante el periodo 2001-2013. Después de cinco meses de trabajo y tras haber enviado más de ochenta peticiones de información pública a las diferentes administraciones competentes, el resultado es que no se cuenta con un volumen crítico de datos suficiente para abordar ese análisis.

Salvo contadas excepciones, las instituciones implicadas en el gasto público para combatir los incendios forestales no han cumplido con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, todo ello conforme con el Convenio de Aarhus de 1998 que ya sido ratificado por 45 países más los Estados miembros de la Unión Europea.

Esta legislación otorga a cualquier ciudadano “el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa”.

De manera que las autoridades están obligadas, por el art. 10 de la Ley 27/2006, a proporcionar “la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla (…) en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general”

A día de hoy, debido al silencio administrativo de las instituciones del Estado o debido a la entrega incompleta de los datos requeridos, el resultado es que Civio no está en disposición de poder ofrecer a la ciudadanía el análisis del gasto público en prevención, extinción e investigación de los incendios forestales.

El complejo mapa de las administraciones competentes

El mosaico de las administraciones del Estado que tienen competencias en la lucha contra los fuegos es muy extenso. Un primer nivel de dificultad para llevar a cabo la investigación es hacer un mapa fiable de las instituciones implicadas.

Hasta nueve Ministerios se ven involucrados en el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para 2013, y dentro de los mismos, son diferentes los Departamentos que se dividen la carga presupuestaria y de responsabilidad. Aunque el enfoque más integral compete al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Además, todas las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla cuentan con vastas competencias en la materia. Pero el laberinto no acaba en el nivel administrativo autonómico, ya que en Canarias las responsabilidades recaen sobre cada uno de los siete Cabildos y en el caso del País Vasco descansan en las tres Diputaciones Forales.

En otros escalafones competentes se sitúan las Diputaciones Provinciales, que también destinan recursos a la lucha contra los fuegos forestales, y los Ayuntamientos. Las administraciones locales se suministran fundamentalmente de recursos provistos por las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Diputaciones.

No ha habido ningún manual, ni documento oficial ni funcionario que relate ese mosaico a Civio, sino que ha sido a través del ejercicio de las peticiones de información formales como se ha logrado describirlo.

El proceso de las peticiones de información medioambiental

Civio comenzó a enviar solicitudes de información, fundamentadas conforme a la Ley 27/2006, desde finales de febrero de 2013. El objetivo era obtener los números de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención, extinción e investigación de incendios forestales durante el periodo 2001-2012. En un primer momento, se pensó que algunos presupuestos de 2013 no estarían aún disponibles.

Sin embargo, a partir de finales de mayo pasado, tanto a aquellas administraciones que ya habían contestado como a las que no lo habían hecho, se les solicitó también los presupuestos de 2013.

Hasta junio de 2013 sólo se habían cursado las peticiones al MAGRAMA y a las 17 CCAA, más los Cabildos canarios y las Diputaciones Forales vascas. Por la irrelevancia de los datos en fuegos de Ceuta y Melilla para el estudio general declinamos hacer solicitudes de información a esas ciudades autónomas.

A partir de julio se comenzaron a enviar peticiones formales a los otros cinco Ministerios que más participan en la lucha contra el fuego: Interior; Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; y Defensa. Estas instituciones están aún a tiempo de cumplir con la Ley.

La labor de mandar solicitudes a las Diputaciones Provinciales la aplazamos hasta que no tengamos una masa crítica extensa de las partidas centrales y autonómicas. La tarea de intentar lograr los presupuestos municipales nos parece inabordable. En un futuro, en todo caso, se podría contemplar estudiar casos importantes como el Servicio de defensa contra incendios forestales en el Parque de la Casa de Campo de Madrid, cuyo presupuesto de base de licitación en 2013 ascendía a casi un millón de euros.

En total, hemos cursado 81 demandas de información pública por email, correo ordinario certificado o por registro. Además, muchas de ellas tuvieron que ser completadas con llamadas telefónicas.

Los pocos que han cumplido con la Ley y los muchos que no

Conforme a la legislación vigente, las únicas administraciones que han enviado toda la información relativa a los presupuestos en prevención, extinción e investigación de incendios forestales para el periodo 2001-2013 han sido las CCAA de Castilla y León, Extremadura y Murcia.

En relación a los primeros envíos en los que se demandaba el gasto público entre 2001 y 2012, además de las tres mencionadas arriba, también contestaron en tiempo y forma el MAGRAMA y las administraciones autonómicas de Aragón, La Rioja y Murcia. Castilla-La Mancha, aparentemente, lo hizo, pero ha sido imposible aún encontrar en su sistema electrónico la resolución.

Otras administraciones han ofrecido respuestas parciales o insatisfactorias: Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa. El resto de CCAA, Cabildos insulares o Diputaciones Forales todavía no se han decidido a contestar de acuerdo a lo dispuesto por Ley.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Protección Ciudadana solicitó el detalle de las motivaciones y los fines de la petición de información. Ya estaban pormenorizados en la comunicación. No obstante, esto contraviene el derecho, establecido el art. 3 de la Ley 27/2006, a “acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede”.

Respecto a la Generalitat de Cataluña, un responsable de Gobierno Abierto, Jordi Graells, nos respondió con diligencia e interés y dijo que en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales “están abiertos a mostraros los expedientes pero no tienen personal que pueda llevarlo a cabo”. Añadió: “se trata de un criterio de proporcionalidad entre cómo la tienen disponible y el tener que suministrarla de otra manera puesto que la tratan de modo estandarizado y su trato diferencial es de momento inasumible por parte de dicho órgano”. Los datos en bruto que pasaron a Civio son difícilmente desglosables para tratar el tema en cuestión.

El funcionario de un Cabildo canario, cuya identidad no desvelamos para no perjudicarlo, nos contestó lo siguiente en un correo electrónico del 17 de mayo de 2013: “Por mí no hay problema, pero tal y como están las cosas, para el envío de este tipo de información debo tener permiso del consejero de Medio Ambiente, cuando me dé el permiso se lo reenvío”. Aún se espera ese envío.

¿Recortes por la crisis?

Conforme a lo escrito más arriba, debido a la falta de rendición de cuentas de las administraciones, Civio no dispone en la actualidad de un volumen de datos suficiente para analizar la evolución del gasto público global en la lucha contra los incendios forestales. Sólo es posible aportar algunas pinceladas informativas.

Entre las excepciones habidas en los Presupuestos generales del Estado de 2013 para no tomar medidas de austeridad en la oferta de empleo público se hallaba “el personal de los servicios de prevención y de extinción de incendios”.

A su vez, el titular del MAGRAMA, Miguel Arias Cañete, destacaba en rueda de prensa el pasado 25 de julio “el gran esfuerzo presupuestario que está realizando el Gobierno, en esta campaña 2013, para poner a disposición de las Comunidades Autónomas tanto los medios aéreos, humanos, como técnicos de los que dispone el Ministerio”.

Asimismo, Arias Cañete manifestó que se iba a destinar “133,5 millones de euros en acciones de prevención y extinción de incendios, labores de restauración, contratación de un avión anfibio con base en La Gomera y la adquisición de un nuevo hidroavión CL-415 con 6.100 litros de capacidad de carga”.

Sin embargo, como ejemplo, según los datos facilitados por el MAGRAMA a este reportero, en el capítulo de prevención se habían dedicado en 2009 un total de 38,8 millones de euros, mientras que en 2012 esa cantidad se redujo a 8,7 millones.

Javier Blanco, analista de incendios e ingeniero forestal, dijo a Civio que había habido “muchos recortes presupuestarios” y que “se dedica mucho a la extinción y poco a la prevención”. Añadió que esto ocurre porque los “árboles no dan votos, las personas sí”.

Además, según indica la Memoria de la Fiscalía de Huelva de 2012 -lograda en exclusiva para este trabajo y que no enlazamos porque contiene datos personales-, se ha disminuido “el número de patrullas operativas durante el Plan INFOCA por los ‘recortes presupuestarios’, lo que lógicamente ha determinado el escaso número de incendios investigados del total de acaecidos”.

No obstante, datos positivos llegan desde Andalucía, donde las partidas presupuestarias para prevenir y extinguir los incendios durante los años de crisis no sólo no han menguado, sino que han crecido. En 2008 se destinaron 183,7 millones de euros, mientras en 2012 fueron 185,8.