• La mayoría de las administraciones competentes no entregan los datos históricos
  • Desde el inicio de la crisis, los recortes en prevención y extinción son significativos
  • Aragón, Asturias y Castilla y León han disminuido la inversión en prevención en un 50%
  • En algunas comunidades no se hacen labores de prevención invernales por los recortes

Se acabó el verano y con él la época de mayor riesgo de incendios forestales. Este año el fuego está siendo clemente con el monte. Entre enero y mediados de septiembre, se habían producido en España 8.756 incendios, cuando la media del último decenio para ese periodo es de más de 13.000, según informa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Pero el balance positivo general de 2014 no hace olvidar la tragedia que las llamas causaron en zonas de gran valor ecológico de la sierra norte de Guadalajara o la inquietud sufrida por los vecinos de Jávea y Denia durante varios días. Para poner aún más en contexto esa catástrofe natural es destacable que en lo que va de siglo XXI más de 220.000 incendios han quemado un millón y medio de hectáreas forestales, una superficie superior a dos veces la del País Vasco.

A pesar de la magnitud del problema, una gran parte de las administraciones del Estado que son competentes en combatir los incendios forestales no es transparente a la hora de cumplir la ley vigente y publicar los datos de presupuestos y gastos. Después de más de año y medio de investigación y tras haber enviado 177 peticiones de información, salvo algunas excepciones, las instituciones implicadas –principalmente las comunidades autónomas- no han cumplido satisfactoriamente con la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental y que las obliga a entregar esos números.

Sólo Andalucía, Asturias, Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y el MAGRAMA han respondido conforme a los requerimientos de la legislación y han entregado todos los datos solicitados sobre gasto público en prevención y extinción de incendios entre 2001 y 2014. Algunas administraciones han servido datos parciales; mientras que las consejerías de regiones tan castigadas por el fuego como Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Madrid han ejercido el silencio administrativo.

En ese sentido y sobre Madrid, Amparo Valcarce, presidenta-diputada de los socialistas de la Asamblea autonómica, asegura que nadie conoce el dinero que destina el gobierno regional a combatir los incendios: “el objetivo de la opacidad administrativa de la Comunidad es ocultar la gestión privatizadora, ocultar los intereses espurios que existen en este negocio y los recortes brutales que están haciendo”.

Pero más allá de las declaraciones y las especulaciones de los responsables políticos, la oposición o de los propios profesionales que luchan contra el fuego, el análisis de los datos obtenidos permite demostrar que desde que comenzara la crisis económica en 2008 el gasto público en prevención y extinción de incendios forestales ha disminuido en la gran mayoría de las administraciones competentes. En muchos casos, de forma drástica.

Hablen los datos

Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, apunta que “todos los colectivos dedicados a incendios forestales hablan de recortes presupuestarios”. Y añade: “los políticos no reconocen que esto está sucediendo porque luego, si hay un incendio, no quieren asumir la responsabilidad de haber disminuido el gasto”.

Para este trabajo ha sido posible reunir los datos consolidados de gasto público entre 2001 y 2014 (en algunos casos sólo hasta 2013) de dos ministerios, nueve comunidades autónomas y el Cabildo de Gran Canaria, con el fin de ofrecer una información documentada y poder así contextualizar las quejas de unos y los silencios de otros. El análisis de los datos demuestra que en materia de prevención de incendios forestales, nueve de esas doce administraciones han reducido su gasto desde que comenzara la crisis en 2008. Se pueden seguir todas las informaciones navegando en las visualizaciones interactivas de más abajo, cuyas cifras en euros se han ponderado con el histórico de inflación para darles un valor real actualizado.

En el capítulo de prevención destacan los recortes próximos al 50 por ciento en Aragón (de 19,1 millones de euros a 9,4), Asturias (de 16,1 millones a 8,5) o en Castilla y León (de 59,1 millones a 28,6).

En términos absolutos, los casos más llamativos son los de Andalucía, que de 131,6 millones de euros en 2006 han pasado a los 100,8 presupuestados en 2014; y el de Castilla y León, que redujo su inversión en prevención en 30 millones entre lo invertido en 2008 y la partida de 2013. Las consejerías de ambos gobiernos han declinado manifestarse al respecto.

En cuanto a los presupuestos públicos en extinción de incendios, ha habido recortes en la mayoría de las administraciones que han servido datos, pero menos llamativos que en materia de prevención. Así ha ocurrido en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia o el cabildo de Gran Canaria. En Andalucía, por ejemplo, se presupuestaron 89 millones de euros en 2006, mientras que en 2014 son sólo 77. Como contraste, cabe destacar que el MAGRAMA ha mantenido un gasto estable por encima de los 60 millones de euros entre 2007 y 2014.

Son muchos los analistas y expertos que aseguran que los responsables políticos prefieren invertir en extinción antes que en prevención porque la primera actividad es más visible para los ciudadanos, aunque no sea lo óptimo para una buena gestión del monte. Así lo afirma Javier Blanco, técnico en análisis de incendios forestales: “cuando sucede un fuego, la emergencia de la sociedad es apagarlo y se ven los helicópteros, los aviones, los bomberos… Es espectacular y mediático, lo que gusta a la mentalidad de los políticos”. Sin embargo, “ni la prevención ni los árboles dan votos; la extinción y las personas, sí”, concluye Blanco.

A ese respecto, resulta elocuente que algunas administraciones asignen más recursos a la extinción que a la prevención. Casos representativos son los de Aragón, que destinó 11,4 millones de euros a la extinción por 9,4 a la prevención en 2013; o Asturias, que ha presupuestado en 2014 cuatro millones más para la primera partida que para la segunda (12,7 por 8,5).

Menos recursos y más opacidad equivalen a mayores riesgos

Entre las consecuencias de los recortes están la precarización laboral de los profesionales que trabajan combatiendo el fuego y, por tanto, un mayor riesgo de incendio para el monte. Vanessa Molina es empleada de una brigada en la provincia de Toledo y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales. Cuenta que después del gran incendio de Guadalajara de 2005 en el que murieron 11 brigadistas, se creó la empresa pública GEACAM y las condiciones laborales mejoraron en Castilla-La Mancha: “Éramos la envidia del resto de España, pero los recortes han llegado al número de efectivos: en 2011 éramos 3.000 en cada campaña y ahora somos unos 1.850”.

Sostiene Molina que en su brigada de Anchuras han pasado de ser 18 empleados en 2011 a siete en la presente campaña y asegura: “en nuestra zona de control no hay labores de prevención en invierno. Nos despiden el 30 de septiembre y trabajamos una media de 9 meses al año, así que cuando volvemos te encuentras que el monte está abandonado”.

Precisamente en Castilla-La Mancha se produjeron en julio pasado dos de los incendios más graves del año en España, los iniciados en Aleas y Bustares, que en total calcinaron más de 3.000 hectáreas de hábitats de gran valor ambiental.

Un bombero que participó en la extinción del fuego de Aleas, cuyo nombre oculta por temor a represalias laborales, apunta que se hubiera podido atacar de inmediato si hubiera habido más efectivos: “en 2005 éramos 22 trabajadores en el retén de Cogolludo, hoy somos sólo diez”. Además, desde 2013 trabajan sólo nueves meses, antes lo hacían todo el año: “da mucha rabia que no se pueda hacer el trabajo de prevención invernal, si te das un paseo por la zona del incendio de Aleas, se ve perfectamente dónde hubo una labor de limpieza en invierno porque allí el incendio no llegó a las copas y las pinadas se salvaron”.

Al igual que Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid (CAM) no ha proporcionado las cifras históricas de gasto público contra los incendios forestales. La diputada socialista Amparo Valcarce afirma que hay un “apagón estadístico” sobre este tema y que el INFOMA ─ plan anual contra los incendios─, “no está ni siquiera contemplado en los presupuestos regionales”. Los responsables de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía no han respondido a la petición de entrevista para este reportaje. Su titular, Salvador Victoria, dijo en sede parlamentaria que para el INFOMA de este año se destinaban más de 38 millones de euros; en 2013 la cifra fue de 38,8 millones.

Miguel Higueras, secretario general de UGT de los agentes forestales de Madrid, señala que el gasto del gobierno regional “es un agujero negro, no creemos que haya habido recortes espectaculares, pero son opacos porque temen que se sepa la cantidad de dinero que se mueve en este negocio”.

Pero Íñigo Hernández, secretario de la Asociación de Bomberos Forestales de la CAM, sí cree que ha habido recortes de personal: “para la campaña de verano de 2014 se eliminaron los retenes de Buitrago de Lozoya y Navalcarnero”.

Precarización laboral, los bomberos en lucha

“Nuestro trabajo es muy duro cuando hay incendios, pero el salario apenas me llega para sobrevivir”. Quien así habla es Cristóbal Medeiros, bombero de la brigada de refuerzo en incendios forestales (BRIF) de Laza, una de las cuadrillas más atareadas. De los cien municipios donde más fuegos se producen en España, 29 se ubican en la provincia de Orense. Las BRIF dependen del MAGRAMA y sus actuales 545 trabajadores son contratados por la empresa pública TRAGSA. Son diez unidades helitransportadas muy cualificadas para la extinción y están repartidas por la geografía nacional.

Desde finales de agosto, sus empleados están llevando a cabo diversas movilizaciones para que se reconozca la categoría profesional de bombero forestal, se conceda la jubilación anticipada y se incrementen sus honorarios. Medeiros cuenta que sólo trabaja diez meses al año y cobra 810 euros netos mensuales, incluidos en esa cantidad los pluses de peligrosidad. El brigadista de Laza no entiende “por qué una empresa pública busca beneficios sin dar unas condiciones laborales dignas a gente que se juega la vida por los demás” cuando la compañía se beneficia desde 2006 de una adjudicación directa de servicios sin concurso. TRAGSA ha declinado hablar para este reportaje.

Medeiros se expresa con templanza y determinación al otro lado del teléfono para defender los derechos laborales del colectivo BRIF: “sinceramente, no me veo con 65 años subiéndome a un helicóptero para ir a luchar contra las llamas”.

Hugo Garrido ha contribuido a la elaboración de este artículo