427 millones de euros. Esta es la cantidad adjudicada por las administraciones públicas a empresas de helicópteros y aviones de extinción de incendios forestales desde 2015. De esta suma, 312,8 millones de euros (el 73,2%) se la han repartido cuatro grupos empresariales: Babcock (antigua Inaer), Faasa, Habock e Hispánica de Aviación (HASA). Los cuatro –matriz o filiales– están señalados en la investigación del cártel del fuego que ahora se encuentra en manos de la Audiencia Nacional por los contratos adjudicados en el periodo desde 2001 hasta 2015. Estos contratos incluyen el alquiler de helicópteros y aviones, el trabajo de los pilotos, y en algunos casos, hasta el entrenamiento previo a la extinción.

Reparto de adjudicaciones de medios aéreos para extinción de incendios forestales

Entre 2015 y 2018

Administraciones
Empresas

Ministerio

Babcock

Andalucía

Faasa

Valencia

Castilla y León

Hasa

Canarias

Habock

Galicia

Castilla La-Mancha

Otras
empresas

Aragón

Cataluña

Islas Baleares

Otras CC.AA.

Una investigación de Civio basado en el análisis de 52 contratos (ver metodología) demuestra que, desde el 2015, el grupo Babcock ha ingresado de las arcas públicas un total de 137,5 millones de euros, bien sea por la adjudicación de contratos a los que se ha presentado de forma individual o con otras empresas formando una Unión Temporal de Empresas (UTE). El Ministerio de Agricultura ha sido su principal cliente durante el periodo analizado, con 61 millones de euros. Destaca también su presencia en Galicia, donde ha ganado 12 de los 13 lotes o contratos, ya sea solo o con la consultora Natutecnia.

El abuso del trámite urgente

La tramitación urgente se reserva para “contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”, según la Ley de Contratos del Sector Público en vigor cuando se firmaron estos contratos. En este tipo de trámite, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, lo que significa que las empresas tienen la mitad de los días para ofertar que tendrían en un procedimiento ordinario, reduciéndose el margen de maniobra para nuevas empresas. Entre 2015 y 2018, el Ministerio de Agricultura utilizó este tipo de procedimiento en 9 de sus 10 contratos.

Por su parte, el Grupo Faasa se hizo con el lote más suculento del Plan Infoca, el contrato para la extinción de incendios forestales andaluz. Y sumó otro tanto más al participar en otros lotes en UTE con otras empresas. Los indicios de reparto de este contrato –un solo licitador por lote, con comportamientos idénticos en su anterior licitación en 2012, y la apariencia de acuerdos previos– fueron investigados en 2015 por el Juzgado de Instrucción nº8 de Sevilla y, ahora, la Audiencia Nacional. Tras la investigación inicial, la Junta prorrogó los contratos con las adjudicatarias hasta el 31 de 2018. Así, del total adjudicado a Faasa –115,4 millones de euros–, desde 2015, 51 millones proceden solo de Andalucía. A los que hay que añadir la última prórroga, que le reportará más de 17 millones de euros extra de la Junta. Faasa ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto.

Más de 45 investigados

En junio de 2017, la Audiencia Nacional admitió a trámite la investigación de las prácticas anticompetitivas del cártel del fuego, que actúan tanto en España como en países como Chile, Italia o Portugal. Puedes leer los nombres de las –al menos– 26 personas y 19 empresas investigadas en su auto de admisión aquí.

El resto del monto que se lleva Faasa proviene de contratos del Ministerio de Agricultura, aunque no todo han sido alegrías por las nuevas adjudicaciones. Ya en 2015, Faasa demandó al ministerio por daños al recortar el periodo de ejecución de un contrato de 19 helicópteros y le pedía más de un millón de euros. ¿El responsable de que Faasa comenzase su contrato más tarde de lo que le correspondía? La empresa HASA, la cuarta en ingresos del ránking, con 24 millones de euros, que interpuso un recurso especial en materia de contratación. Lo que conlleva la paralización del contrato.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le quitó la razón a Faasa y se la dió al ministerio en febrero de 2018. Para entonces, las diferencias entre este grupo y HASA también se habían solucionado: dos meses antes, Faasa compró el 100% de HASA. Con este movimiento, todo queda en familia, y los 7 de cada 10 euros para el alquiler de medios aéreos pasan a repartírselos solo tres empresas.

Para este artículo hemos extraído y analizado todos los contratos publicados en el Portal de Contratación del Estado, así como en los de las diferentes comunidades autónomas, bajo varios CPV (vocabulario común de la contratación pública) vinculados a la extinción aérea de incendios forestales adjudicados a partir de 2015. Son:

  • El principal, el 60442000-8 (Servicios de extinción aérea de incendios forestales)
  • 60400000-2 (Servicios de transporte aéreo)
  • 60440000-4 (Servicios aéreos y servicios conexos)
  • 60441000-1 (Servicios de pulverización aérea)
  • 75251100-1 (Servicios de extinción de incendios)
  • 75251110-4 (Servicios de prevención de incendios)
  • 75251120-7 (Servicios de extinción de incendios forestales)

También hemos realizado una segunda ronda con búsquedas de estos códigos en el BOE y de términos y palabras clave como “helicóptero”, “helitransportada” o “incendios forestales” –también en los idiomas cooficiales– en los registros y boletín oficiales mencionados. Para una última comprobación, hemos cruzado nuestros resultados con el listado del Estudio del sector de la extinción de Incendios Forestales con Helicópteros en España publicado en septiembre de 2017 por la Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéreos (AECA) y que recoge adjudicaciones desde el año 2009.

La fecha elegida como punto de partida –adjudicaciones anunciadas a partir de enero de 2015– coincide con el año en el que comenzaron las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto y del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla en la investigación de prácticas supuestamente anticompetitivas de algunas empresas de helicópteros en los años anteriores.

Para el reparto de los importes, solo se han tenido en cuenta las adjudicaciones –es decir, quedan fuera las modificaciones y las posibles prórrogas–. Además, en el caso de que la adjudicataria sea una UTE, hemos repartido las cantidades de forma proporcional entre las empresas que las conforman, aunque este porcentaje no siempre es el mismo; en el periodo de adjudicación de estos contratos no era necesario hacer público el porcentaje de la UTE que pertenece a cada empresa, algo que ha cambiado con la nueva ley de contratación pública.

Hemos dejado fuera de estos cálculos aquellos lotes que no requieren ningún medio aéreo destinado a la prevención, extinción de incendios forestales ni para su coordinación, como son los de suministro de retardantes, el alquiler de unidades móviles de tierra para la organización de los trabajos o aquellos que servirán para atender, en exclusiva, transporte sanitario.

El precio de los contratos se calcula mediante precios unitarios, con dos variables: primero, precio de disponibilidad del avión o helicóptero por día y, segundo, precio de la hora de vuelo. Ambas variables se multiplican de forma individual por el número de días y horas que se necesitan y así se obtiene la oferta económica final. En la valoración de ofertas, además, se pueden tener en cuenta la propuesta de horas de vuelo adicionales o más días de disponibilidad de las aeronaves, entre otros factores.

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