Pista libre y sin competencia. Desde 2015, las compañías de helicópteros y aviones contratadas para las campañas de incendios se presentaron sin rivales en dos de cada tres licitaciones. Y, de los lotes y contratos sin competencia, en un tercio sus ofertas no rebajaron ni un solo céntimo el precio base de licitación. Es decir, grupos como Babcock (conocida hasta hace unos años como Inaer), Faasa o Habock no presentaron descuentos en concursos públicos en los que participaron sin contrincantes, sin posibilidades de perder. Estas empresas, que forman parte del llamado cártel del fuego, están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por indicios de reparto de mercado entre 2001 y 2015. Los datos recogidos por Civio muestran que han continuado usando prácticas anticompetitivas en los últimos tres años para llevarse contratos de medios aéreos para la extinción de incendios forestales.

El reparto de lotes, cosa de cárteles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) define como una de las actividades de un cártel la coordinación del comportamiento de las empresas competidoras para maximizar los beneficios.

Uno de los contratos bajo sospecha es el de los diez aviones AirTractor, fumigadores de 3.100 litros de capacidad, que forman parte de la campaña contra incendios para este verano que presentó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado jueves. Para su contratación se sacaron a concurso cinco lotes, cada uno con un par de aviones –con las mismas condiciones técnicas– distribuidos en diferentes bases. Pese a que existen varias empresas que cumplen los requisitos, en ninguno de los lotes hubo competencia. “A la vista del resultado, y al igual que en anteriores ocasiones, se vuelve a producir la situación ya notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la que se presenta una única empresa por lote y oferta proposiciones económicas sin baja alguna sobre el precio máximo de licitación, suponiendo esto un perjuicio para la Administración Pública al no existir competencia ni bajas económicas”, dijo la vocal técnico presente en la apertura de ofertas económicas, según el acta de la jornada.

Estos recelos se repiten en la anterior contratación de estos aviones. En esa ocasión, también se presentó una sola oferta, sin rebajas, a cada lote. Entonces, los técnicos del ministerio también notificaron la situación a Competencia “a la vista del resultado, así como del resultado de otras licitaciones de años anteriores”, según el acta de la apertura de ofertas económicas. Contrataciones propias del Día de la Marmota.

Todo vale

Los helicópteros de apoyo y transporte de las brigadas de refuerzo (BRIF), parte fundamental del dispositivo contraincendios del ministerio, tampoco se libran de la polémica. La contratación de 19 de estas aeronaves en 2015 fue impugnada por Hispánica de Aviación (HASA) al no recibir ninguno de los lotes, que fueron adjudicados a Inaer (ahora Babcock) y Faasa, las más grandes del sector. “El de HASA vino a mi despacho a protestar, que había perdido dinero”, afirma José Manuel Jaquotot, subdirector general de Política Forestal del Ministerio de Agricultura. “Le pregunté: ‘¿qué pretendes, que pare el concurso, diga que no se lo den a Inaer, sin que haya un informe que lo avale, y que se lo den a HASA?’ Y me dijo que sí, alguien que lleva 20 años trabajando para la administración…”, protesta.

“Portugal me preguntó por empresas de helicópteros y aviones para la extinción de incendios. No le pude recomendar ninguna.”

José Manuel Jaquotot, subdirector general de Política Forestal

Ante la negativa de este empleado público, HASA impugnó la adjudicación. Esto supuso la paralización del contrato hasta la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales. Agricultura, con la campaña de verano en ciernes, recurrió al procedimiento de emergencia para contratar helicópteros de varias compañías. Una vez resuelto, se formalizó el contrato con los adjudicatarios. Uno de ellos protestó por lucro cesante: “Faasa me preguntó que por qué habíamos parado el contrato. Le tuve que explicar que es lo que manda la ley. Y el sentido común”, añade Jaquotot. “Hay cosas que alucinas.”

Indicios para determinar posible colusión de empresas

La chispa saltó en 2014, tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, en los juzgados de Sagunto (Valencia), que puso el foco en un grupo de 14 empresas, apodado como el cártel del fuego. Sus presuntos delitos: pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concurso público y falsedad en documento mercantil desde el año 2001. Y todo ello, en supuesta connivencia con varios funcionarios, ahora investigados por cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, según la instrucción del caso.

Ese mismo año, un informe de la policía judicial de Sevilla, en otra investigación sobre el cártel del fuego, señaló algunas de las banderas rojas de la contratación pública:

  • Empresas que ofertan para perder, guardar las formas o hacer bulto.
  • Participación baja o nula: un solo licitador por lote cuando lo hacen varias empresas por productos similares.
  • Rotación de ofertas: las empresas acuerdan un turno para ganar las licitaciones.
  • Asociaciones industriales: se presentan UTE compuestas por sociedades que se presentan a otros lotes del mismo contrato en solitario.

Más competencia, precio más bajo

En sus diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto explica que el cártel del fuego podría haber alterado el precio de los concursos públicos “acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras de cuál iba a ser la adjudicataria”.

Este comportamiento se repite con los aviones AirTractor contratados por Agricultura operativos este año: todas las empresas se llevaron los lotes por el máximo precio que el ministerio estaba dispuesto a pagar. No es el único ejemplo. Desde 2015, en el 69% de todos los concursos públicos –abiertos a cualquier empresa que cumpla las exigencias técnicas– las empresas se presentaron en solitario. Y, cuando la competencia es muy baja o inexistente, las empresas presentan ofertas sin rebaja o con una rebaja mínima. En el caso de que sean varias las empresas de alquiler de medios aéreos de extinción de incendios forestales que se presentan a un lote o contrato, los precios que estas ofertan por los servicios tienen mayor rebaja que cuando no hay competencia. Esto es, las administraciones públicas pagan menos por el mismo servicio.

Rebajas sobre el presupuesto base según el número de ofertas

Se excluyen algunos contratos de los que no existen datos públicos de las ofertas de los licitadores, aunque se conozca el precio de adjudicación. Ver datos

En algunos casos, el precio ofertado por una empresa para ganar varios lotes dentro de un contrato es diferente dependiendo de si hay o no competencia, incluso cuando los servicios a contratar son similares. Esto es, ofrece precios distintos para dar el mismo servicio dependiendo de si hay otras ofertas que le hacen competencia o si es la única oferta presentada.

Pese a los numerosos indicios de pactos y reparto del mercado, no es posible hacer nada si no existe una prohibición para contratar con las administraciones. El ministerio confirma que ha notificado a la CNMC estas situaciones, como le exige la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que competencia es consciente de estas y otras prácticas. “En una reunión con una delegación portuguesa me pidieron que les recomendase alguna empresa [española] de medios aéreos para la extinción de incendios”, recuerda Jaquotot. “No les pude recomendar ninguna.”

Para este artículo hemos extraído y analizado todos los contratos publicados en el Portal de Contratación del Estado, así como en los de las diferentes comunidades autónomas, bajo varios CPV (vocabulario común de la contratación pública) vinculados a la extinción aérea de incendios forestales adjudicados a partir de 2015. Son:

  • El principal, el 60442000-8 (Servicios de extinción aérea de incendios forestales)
  • 60400000-2 (Servicios de transporte aéreo)
  • 60440000-4 (Servicios aéreos y servicios conexos)
  • 60441000-1 (Servicios de pulverización aérea)
  • 75251100-1 (Servicios de extinción de incendios)
  • 75251110-4 (Servicios de prevención de incendios)
  • 75251120-7 (Servicios de extinción de incendios forestales)

También hemos realizado una segunda ronda con búsquedas de estos códigos en el BOE y de términos y palabras clave como “helicóptero”, “helitransportada” o “incendios forestales” –también en los idiomas cooficiales– en los registros y boletín oficiales mencionados. Para una última comprobación, hemos cruzado nuestros resultados con el listado del Estudio del sector de la extinción de Incendios Forestales con Helicópteros en España publicado en septiembre de 2017 por la Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéreos (AECA) y que recoge adjudicaciones desde el año 2009.

La fecha elegida como punto de partida –adjudicaciones anunciadas a partir de enero de 2015– coincide con el año en el que comenzaron las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto y del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla en la investigación de prácticas supuestamente anticompetitivas de algunas empresas de helicópteros en los años anteriores.

Para el reparto de los importes, solo se han tenido en cuenta las adjudicaciones –es decir, quedan fuera las modificaciones y las posibles prórrogas–. Además, en el caso de que la adjudicataria sea una UTE, hemos repartido las cantidades de forma proporcional entre las empresas que las conforman, aunque este porcentaje no siempre es el mismo; en el periodo de adjudicación de estos contratos no era necesario hacer público el porcentaje de la UTE que pertenece a cada empresa, algo que ha cambiado con la nueva ley de contratación pública.

Hemos dejado fuera de estos cálculos aquellos lotes que no requieren ningún medio aéreo destinado a la prevención, extinción de incendios forestales ni para su coordinación, como son los de suministro de retardantes, el alquiler de unidades móviles de tierra para la organización de los trabajos o aquellos que servirán para atender, en exclusiva, transporte sanitario.

El precio de los contratos se calcula mediante precios unitarios, con dos variables: primero, precio de disponibilidad del avión o helicóptero por día y, segundo, precio de la hora de vuelo. Ambas variables se multiplican de forma individual por el número de días y horas que se necesitan y así se obtiene la oferta económica final. En la valoración de ofertas, además, se pueden tener en cuenta la propuesta de horas de vuelo adicionales o más días de disponibilidad de las aeronaves, entre otros factores.

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