“El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones amplía el impacto social del Ingreso Mínimo Vital mediante la colaboración público-privada”, rezaba una nota de prensa publicada en julio de 2022. Esta novedad, materializada a través de un real decreto, se llama Sello de Inclusión Social. El distintivo lo otorga el propio organismo a aquellas entidades, públicas o privadas, que creen oportunidades de inclusión social para las personas beneficiarias de la ayuda del ingreso mínimo vital (IMV).

Tres años después de la puesta en marcha de esta iniciativa, hasta septiembre de 2025, siete entidades han solicitado contar con este sello, según información ofrecida por el propio organismo. A cuatro de ellas se lo denegaron: a la constructora Voracys, a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), a una persona particular y a la organización Asprona León. Las que sí consiguieron el sello fueron la Fundación Adecco en 2022 y, un año más tarde, la empresa de trabajo temporal Adecco TT y la filial del Banco Sabadell Sogeviso. Todas ellas consiguieron el distintivo en la categoría de inserción sociolaboral, por el que se comprometen a llevar a cabo actividades que faciliten el acceso al mercado laboral de las personas que reciban el IMV.

Conseguir este sello tiene ciertos requisitos, como el de no utilizar dinero público para llevar a cabo las actividades. También el de enviar un informe anual al Ministerio por cada uno de los tres años de vigencia que tiene el distintivo, explicando las medidas que se han llevado a cabo durante ese tiempo. Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el IMV explicaba que los requisitos exigidos para la corta vigencia del distintivo y la complejidad del procedimiento de concesión estaban entre las causas de que las entidades no lo consiguiesen. También la necesidad de recabar el consentimiento de los beneficiarios del IMV que han participado en las actividades y trasladar dichos datos al Ministerio. Según el informe, una de las empresas con el distintivo señalaba este paso como problemático.

Civio ha podido acceder, a través de la Ley de Transparencia, a una pequeña parte de la información que se incluye en en los informes anuales de las entidades que sí disponen de este sello. Así, sabemos que Sogeviso, la filial del Banco Sabadell encargada de gestionar vivienda proveniente de ejecuciones hipotecarias del banco, organizó durante 2023 un programa de inserción laboral en el que participaron un total de dos beneficiarios del IMV. Sobre una de estas personas, la empresa dice: “Tras nuestra intervención, cabe destacar que continua en nuestro programa de inserción laboral, ha aumentado su red de contactos, ha realizado varias entrevistas de trabajo y ha participado en un programa de mentoring con prácticas, además de aumentar sus habilidades digitales y la confianza en sí mismo”. En el año siguiente, participaron en las actividades de la empresa otros cuatro beneficiarios, uno de ellos consiguió trabajo en ese periodo.

También hemos podido conocer las personas que se beneficiaron de las actividades de inserción laboral dentro del Grupo Adecco, dedicado a recursos humanos. Por una parte, la empresa de trabajo temporal Adecco organizó actividades -dentro del programa de este sello- con solo una persona que recibía el IMV y que comenzó a trabajar con la empresa en 2023. El mismo número de beneficiarios participó en el programa de 2024, uno, un hombre de 43 años.

La otra entidad con este sello que también pertenece al Grupo Adecco es la Fundación Adecco, primera de todas en conseguir el distintivo. Los números de participantes de esta organización son más altos, según sus informes anuales. En los tres años con el Sello han incluido en los programas de inserción laboral a 45 personas beneficiarias del IMV, aunque, según aseguran ellos mismos, son muchos más pero no han querido facilitar sus datos. Ambas entidades del Grupo Adecco ha decidido no dar información sobre las actividades llevadas a cabo con esos beneficiarios porque podría afectar a su competencia.

Tener el Sello de Inclusión Social conlleva una serie de beneficios de Responsabilidad Social Corporativa para las entidades: pueden utilizar el logo en sus comunicaciones y el Ministerio dará publicidad a las entidades y las actividades que lleven a cabo. Incluso podrá otorgarles premios. El Ministerio también se comprometía en la norma a fomentar la inclusión de criterios cualitativos de inclusión social en su contratación pública. Haciendo recuento de las personas participantes en el programa de Sello de Inclusión Social, según la información aportada por las propias empresas en sus informes anuales, en total se beneficiaron 53 personas. A la vista del número de solicitantes y sellos concedidos, las condiciones tendrán que cambiar mucho para que haya un impacto real en la inserción laboral de las más de 2.441.647 personas que recibían, a finales de 2025, el IMV.

Documentos en negro

Civio solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Ley de Transparencia los informes anuales que les habían enviado las entidades con el Sello de Inclusión Social. El Ministerio dio trámite de audiencia a las tres entidades y nos facilitó los documentos anonimizados según las alegaciones de las mismas. El resultado: documentos de una decena de páginas con prácticamente toda la información anonimizada.

Hojas de los informes anuales enviados por el Ministerio.

Según explica el Ministerio en su resolución, Adecco TT y la Fundación Adecco, en sus escritos de alegaciones, piden que se proteja la propiedad intelectual e industrial, “asegurando que los procedimientos y el know-how no se divulguen, puesto que esto supondría un perjuicio grave e irreparable para sus intereses, perdiendo ventaja
competitiva”. La empresa Sogeviso pide que se limite el acceso a la información “a aquellos extremos estrictamente necesarios” y solicita que no se de información de los “datos de carácter personal, los procesos internos, la metodología de trabajo y la información relativa a herramientas de gestión propias de la entidad”. El Ministerio cumplió con cada una de las peticiones de las empresas sin ponderar si estas están por encima del derecho de acceder a la información.

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