Las farmacéuticas españolas gastan más en médicos que alemanas e inglesas juntas

Alemania tiene más población que Reino Unido y este, más que España. La industria farmacéutica alemana tiene mayor valor de mercado (30.000 millones) que la inglesa (algo más de 22.000) y, esta, más que la española (menos de 16 millones en 2015). Pero si hablamos del gasto de las farmacéuticas en pagos directos (honorarios por servicios) e indirectos (compra de entradas a congresos, viajes…) a profesionales sanitarios el ranking es justo el opuesto. En esa clasificación, España supera -con margen- a los otros dos países, pese a contar con menos población y una industria menor.

En 2016, las farmacéuticas españolas gastaron 181 millones de euros en “transferencias de valor”, un eufemismo que se viene utilizando en los últimos años para hablar de las relaciones económicas entre laboratorios y médicos. Las alemanas destinaron bastante menos, 109 millones; y las inglesas, mucho menos, 58 millones. Así, el volumen español supera a la suma de Alemania y Reino Unido. Las compañías suizas, por su parte, destinaron más de 15 millones de euros.

Estas cifras marcan el total de lo que los laboratorios destinan exclusivamente a médicos, en cuatro categorías: honorarios, gastos relacionados con servicios, entradas a congresos y viajes para acudir a esos eventos. Esta última categoría incluye billetes de tren o avión y noches de hotel, por ejemplo. Es la más cuantiosa en España, con un total de 71 millones de euros. Muy por detrás están los 33 millones de Alemania y los 12 de Reino Unido.

Los médicos ingleses y suizos, más transparentes que alemanes y españoles

Estos tres países tienen algo en común, junto a otros como Austria o Suiza: solo los profesionales sanitarios que dan su consentimiento aparecen, con nombre y apellidos, en los listados que publica cada empresa. El resto de pagos se publica como una suma global, en agregado: una cifra que suma todo lo recibido por aquellos que se niegan. La protección de datos personales ha ido ganando la batalla a la transparencia de las relaciones entre la industria y los profesionales sanitarios.

La protección de datos personales ha ido ganando la batalla a la transparencia.

Así, en todos esos países existe una parte declarada -la suma que recibe cada profesional por laboratorio- y otra oculta -aquella que se publica de forma agregada, con una cifra total y sin nombres. Y la transparencia se queda a medias.

En España, 8 de cada 10 euros que las farmacéuticas gastan en médicos son opacos, según los datos de 2016 recopilados y analizados por Civio. En Alemania, las cifras son muy similares: un 78% del dinero no tiene destinatario conocido, según datos de Correctiv, que investiga en Euros for docs la situación de estas relaciones en el país. En ambos países, la mayoría del dinero se transfiere de forma opaca.

En Suiza y Reino Unido, donde también es necesario el consentimiento, los números son muy distintos. Los médicos suizos que prefieren ocultar su nombre reciben poco más del 30% del total repartido. Por su parte, el porcentaje oculto de lo que la industria inglesa destinó a los médicos en 2016 de alrededor del 40%, según nuestro análisis de la base de datos que publica la asociación de empresas farmacéuticas inglesas, ABPI. Como publicó The Telegraph, “los datos ingleses mostraron que los médicos que revelaron el dinero y la hospitalidad recibida tienden a ganar un 20% menos que sus colegas que se negaron”. La investigación de Civio demuestra algo muy similar en España: los médicos menos transparentes reciben más dinero.

España publicará por primera vez en 2018 los nombres de todos los médicos que reciban honorarios o pago de entradas o viajes, den su consentimiento o no.

En 2018, España publicará por primera vez los nombres de todos los médicos que reciban transferencias, directas (honorarios) o indirectas (entradas a congresos o viajes), de la industria farmacéutica. La Agencia Española de Protección de Datos respondió a una consulta de Farmaindustria en 2016 sobre la necesidad de contar o no con el consentimiento del médico para publicar su nombre. El informe, basado en el “interés legítimo” de poner luz sobre esas relaciones, estableció que no es necesaria la aprobación del profesional sanitario para que se hagan públicas.

Eso sí, las farmacéuticas deben tomar medidas para evitar que los nombres se indexen en los buscadores e incluir alertas para prohibir de forma expresa que se crucen datos de una farmacéutica a otra. Los datos se podrán ver en la página de cada farmacéutica, pero no tocar. Proyectos como Dollars for docs o Euros for docs, que permiten conocer cuánto ha recibido cada médico en total y por laboratorio en Estados Unidos y en varios países europeos, respectivamente, estarían vetados en España. Tanto la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) como la patronal farmacéutica española (Farmaindustria) ponen reparos al cruce y publicación de estos datos en su conjunto.

Murallas al acceso a los datos

Esta es solo una de las varias murallas que las farmacéuticas de medio mundo están poniendo para frenar el acceso a los datos. En muchos países, como en España, Alemania o Suiza, cada compañía publica un PDF difícil de tratar. En Reino Unido la cosa es distinta: la asociación de empresas farmacéuticas inglesas, ABPI, publica una base de datos centralizada y descargable.

En otros casos, es el propio gobierno quien publica esa información de forma abierta y agrupada, eliminando esas murallas. La transparencia de las relaciones entre farmacéuticas y médicos es una exigencia que se ha ido extendiendo por medio mundo desde la aprobación de la pionera Sunshine Act en Estados Unidos, que llegó al Senado en 2009. En 2013 se aprobó el reglamento que lo desarrolló y en 2014 vio la luz Open Payments, una página web que permite descargar todos los datos, explorar o filtrar por aspectos como las especialidades y buscar por médico, farmacéutica u hospital y ver su ficha, que suma los pagos y compara con la media. Además, en caso de que la relación esté vinculada a la promoción de un medicamento en concreto, el nombre del mismo. Ese punto, que no se incluye en la mayoría de webs similares en otros países, permitiría controlar si existe relación entre las transferencias de valor y la mayor o menor prescripción de un medicamento concreto.

Es lo que hizo ProPública en una investigación que demostró que “médicos de cinco especialidades que aceptaron pagos de la industria en 2014 eran entre dos y tres veces más proclives a recetar porcentajes altos de medicinas de marca comparados con otros de su especialidad”.

En Francia, el escándalo del benfluorex, un antidiabético que se vendía para perder peso pese a no estar autorizado para ese fin, acabó implicando a la agencia francesa del medicamento y forzó al país a seguir los pasos de Estados Unidos y aprobó su propia ley. En la web del gobierno se pueden buscar datos desde 2012, incluyendo hospitalidad y comidas. Portugal también cuenta con ley, desde 2013, que obliga a publicar estas transferencias. Y su página web, con datos de 2013 a 2017, permite ordenar por destinatario, evento, cuantía y laboratorio. Dinamarca también tiene ley propia y su agencia de medicinas publica los datos de forma centralizada.

Sin leyes, la norma que aplica es la autorregulación que marca la propia industria farmacéutica.

Sin desarrollo legal, en países como España, Alemania, Austria o Suiza, entre muchos otros, y sin directivas europeas sobre el asunto, la norma que aplica es la autorregulación establecida por la propia industria. En 2013, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA, por sus siglas en inglés), de la que Farmaindustria forma parte, aprobó un código de conducta que obliga a sus asociados a publicar, de forma anual, lo que denominaron transferencias de valor. En 2016 se publicaron los primeros datos, referentes a las operaciones de 2015.

La organización Health Action International publicó el pasado mes de junio un estudio sobre la transparencia de las relaciones económicas en el sector de la salud que afirma que la autoregulación trae consigo un “conflicto de interés intrínseco” y añade que tanto la Unión Europea como los estados deben aprobar leyes propias y no dejar las reglas de esta transparencia en manos del sector.