A principios de septiembre, se produjo un terremoto -mediático- con epicentro en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. La sacudida hizo temblar uno de los centros más prestigiosos en la lucha contra el cáncer. Su director médico, Josep Baselga, no había declarado los conflictos de intereses con la industria farmacéutica en decenas de artículos científicos, según una investigación realizada por The New York Times y ProPublica. Unos días después, el investigador especializado en cáncer de mama presentó su dimisión. Pero su caso no es único. ¿Qué ocurre en España?

En ningún artículo científico publicado entre 2017 y 2018 por Jerzy Aleksander Krupinski, jefe de neurología del Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Barcelona), se menciona la existencia de conflictos de intereses. Los estudios, recopilados en la base de datos PubMed, abordan las bases biológicas de diversas enfermedades neurológicas y cardiovasculares, incluyendo análisis genéticos relacionados con el ictus. Este área es de gran interés para Laboratorios Ferrer, que trabaja en el desarrollo de servicios de diagnóstico genético y comercializa tratamientos para este problema de salud. El neurólogo también publicó en el pasado trabajos conjuntos sobre el ictus con especialistas de la propia compañía. En 2017, la farmacéutica gastó 67.664 euros en Jerzy Krupinski.

Del total recibido, la mayoría (57%) corresponden a pagos directos en forma de honorarios por ponencias internacionales, según explica el médico a Civio. El resto (43%) son indirectos para abonar desplazamientos a congresos. Krupinski, profesor de la Universitat de Barcelona y de la Manchester Metropolitan University, es uno de los 18 médicos que más dinero recibió de una única farmacéutica durante 2017.

Investigación básica, clínica y traslacional

Los estudios de carácter básico -o fundamentales- se realizan para generar conocimientos sin una finalidad práctica inmediata. La investigación clínica se encarga, por ejemplo, de evaluar la seguridad y la eficacia de los medicamentos antes de ser comercializados. La investigación traslacional sirve como puente intermedio entre ambas etapas.

“Son trabajos de investigación básica y clínica y no tienen nada que ver con la industria”, argumenta Krupinski. El neurólogo considera que solo debe desglosarse el conflicto si se trata de un ensayo clínico relacionado con un fármaco. Además, defiende que “prácticamente no se están prescribiendo los medicamentos [de Ferrer] en España”. María Victoria Mateos Manteca, una hematóloga incluida dentro de esos 18 profesionales sanitarios, se muestra de acuerdo con él. “Es una práctica habitual que no se referencien” en los trabajos hechos con “fondos independientes y no vinculados directamente a la industria farmacéutica”, alega.

No opina lo mismo Quinn Grundy, una investigadora de la Universidad de Sidney especializada en esta problemática. “Es importante que los autores declaren todos sus conflictos de intereses en todos sus trabajos [durante los últimos tres años] para lograr una transparencia total sobre el alcance del patrocinio de la industria y el riesgo de sesgo en la investigación biomédica”, comenta a Civio por correo. A su juicio, no siempre está claro si un conflicto puede plantear un riesgo de sesgo o no, por lo que los firmantes deben proporcionar a los lectores la información completa. La transparencia -también en los estudios de ciencia básica- ayudaría, según Grundy, a conocer si las relaciones con la industria representan un riesgo de sesgo y cómo influyen en la investigación.

“El juicio que uno adquiere sobre el contenido de una publicación científica, de alguna manera, se influencia al conocer si existen o no conflictos de intereses”

Miguel García Guerrero, presidente del Comité de Ética del CSIC

Como afirma el catedrático Miguel García Guerrero, presidente del Comité de Ética del CSIC, los investigadores deben dar a conocer sus conflictos “en absolutamente todos” sus trabajos. “El juicio que uno adquiere sobre el contenido de una publicación científica, de alguna manera, se influencia al conocer si existen o no conflictos de intereses”, explica.

“Ante la duda, siempre es mejor optar por la transparencia”, coincide Francesc Roig, que realizó una tesis doctoral sobre esta temática y trabaja en la actualidad en Novartis. “Lo más adecuado”, prosigue Roig, “será que la propia revista establezca con precisión qué tipo de actividades y relaciones considera que deben declararse y por cuánto tiempo”. ¿El problema? Que en muchas ocasiones, la comunicación de los conflictos de intereses depende de “la percepción y decisión personal del autor”, afirma.

Cada grupo editorial -y sus correspondientes publicaciones- cuentan con guías diferentes sobre qué conflictos de intereses declarar y cuáles no. “No hay criterios estándar comunes”, apunta Francesc Roig. Según explican portavoces de las editoriales Springer Nature y Elsevier, lo que se pide es desglosar las relaciones financieras y personales que puedan influir de forma inapropiada (sesgar) su labor. Es decir, de acuerdo con estos criterios, quien hace la valoración sobre si los vínculos con la industria afectan o no a su trabajo es la misma persona que tiene el conflicto de interés.

Falta de transparencia en las publicaciones científicas

Civio ha analizado los artículos científicos en PubMed -entre 2017 y 2018- de los 18 profesionales sanitarios que más dinero recibieron de una única farmacéutica el año pasado. Algunos publicaron decenas de manuscritos en este período de tiempo, mientras que en otros la cifra es mucho menor -incluso uno, el traumatólogo Francisco Javier Nistal, no cuenta con trabajos indexados durante esos años. Según el análisis, en al menos dos artículos científicos por cada autor no aparecen sus vínculos con la industria. La proporción de transparencia en las publicaciones también varía entre los profesionales: mientras que unos declaran de forma habitual, con omisiones puntuales, otros no suelen dar a conocer sus relaciones con las farmacéuticas.

“Cuando los autores envían un manuscrito de cualquier tipo o formato son responsables de declarar todas las relaciones económicas y financieras que podrían influir o ser vistas como un sesgo para su trabajo”

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas

La omisión de los conflictos de intereses no se da solo en los estudios de carácter básico. En ocasiones no desglosan las relaciones con las farmacéuticas en artículos de investigación, en recomendaciones y guías sobre un tratamiento o enfermedad y en ensayos clínicos. Los facultativos entrevistados alegan que solo deben comunicar sus conflictos en este último caso. Sin embargo, el resto de trabajos juega un papel clave en la medicina basada en la evidencia -y sus autores suelen ser considerados como una autoridad en el tema. Según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, “cuando los autores envían un manuscrito de cualquier tipo o formato son responsables de declarar todas las relaciones económicas y financieras que podrían influir o ser vistas como un sesgo para su trabajo”.

“No solo la comunicación de resultados originales de investigación (manuscritos originales) debería incorporar la declaración de conflictos de intereses”, apunta Francesc Roig. “También las editoriales, las revisiones, las comunicaciones en congresos, etc. Con más razón, todavía, teniendo en cuenta que algunas de estas formas de comunicación son generadoras de opinión y/o establecen agenda en la comunidad científica”, explica a Civio. El especialista también aboga porque los revisores y editores de las revistas biomédicas hagan públicas sus relaciones con la industria.

Sin embargo, la transparencia en relación a los vínculos con el sector privado más bien brilla por su ausencia. Los conflictos de intereses se omiten de manera total o parcial en al menos dos publicaciones científicas por cada autor entre 2017 y 2018. Son las siguientes:

Artículos científicos en los que no constan de forma completa los conflictos de intereses

Profesional sanitario Publicación 1 Publicación 2
Jordi Bruix European Journal of Radiology, abril de 2018 Oncotarget, noviembre de 2017
María Victoria Mateos The Lancet Haematology, junio de 2018 Leukemia, febrero de 2018
Antonio Martorell Dermatologic Therapy, julio de 2018 Journal of the American Academy of Dermatology, junio de 2018
Enrique Grande Clinical & Translational Oncology, enero de 2018 European Urology, diciembre de 2017
Anna Sureda Biology of blood and marrow transplantation, enero de 2018 Leukemia, noviembre de 2017
María Elisa Reig Oncotarget, diciembre de 2017 World Journal of Gastroenterology, abril de 2017
Emiliano Calvo Cancer Cell, mayo de 2018 Nature, febrero de 2018
Jerzy Krupinski Nature Genetics, abril de 2018 Computational and Structural Biotechnology Journal, diciembre de 2017
Marc Miravitlles PLOS ONE, junio de 2018 International Journal of COPD, agosto de 2017
Eduard Montanya Journal of Clinical Periodentology, febrero de 2018 Revista Española de Cardiología, enero de 2018
Luis Puig British Journal of Dermatology, septiembre de 2017 Journal of the European Academy of Dermatology, febrero de 2017
Ana Lluch European Journal of Obstetrics, & Gynecology & Reproductive Medicine, abril de 2018 Scientific Reports, enero de 2017
Javier Puente Annals of Oncology, julio de 2017 The Lancet Respiratory Medicine, mayo de 2017
Antonio Salar Leukemia & Lymphoma, abril de 2018 Annals of Hepatology, marzo de 2017
Miguel Cordero Ophthalmology, septiembre de 2018 Clinical and Experimental Rheumatology, julio de 2018
Jesús García Cancer Treatment Reviews, febrero de 2018 World Journal of Gastroenterology, enero de 2017
Francisco Javier Nistal Sin publicaciones indexadas Sin publicaciones indexadas
Marcos Meseguer Fertility & Sterility, septiembre de 2017 Fertility and Sterility, septiembre de 2017

Del total de profesionales, solo once contestaron a las preguntas sobre la ausencia de los conflictos de intereses. ¿Cuáles fueron sus razones? Las respuestas son variadas. Enrique Grande, director del MD Anderson Cancer Center de Madrid, culpa a “un error de la editorial” para justificar la omisión en unas guías de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sobre cáncer de riñón, donde menciona un medicamento de Pfizer -que le realizó transferencias de más de 81.000 euros. Según su versión, un motivo parecido explica la declaración parcial de conflictos en un ensayo clínico sobre un tratamiento de Roche. En el artículo se detallan sus relaciones con Astellas y Janssen, pero no con la multinacional francesa.

La hematóloga Mateos Manteca admite errores por descuidos en dos trabajos publicados en The Lancet Haematology y Leukemia. ¿El motivo? El mismo que aduce Miguel Cordero Coma para explicar la ausencia de conflictos en dos artículos en la revista Ophthalmology y Clinical and Experimental Rheumatology. Al ser manuscritos hechos por varios autores, la responsabilidad recae en el primer firmante y en el autor de correspondencia, defienden. No obstante, los editores de la segunda revista de Cordero confirman a Civio que recibieron su declaración de conflictos de intereses, aunque esta no aparezca en la versión final del artículo. Otros, como los dermatólogos Antonio Martorell y Luis Puig o el biólogo Marcos Meseguer -que no atiende a pacientes-, aducen que no tenían por qué especificar sus vínculos ya que sus trabajos no versaban sobre un determinado producto de una farmacéutica o, en algunos casos, los manuscritos no presentaban implicaciones terapéuticas.

En la investigación biomédica falta transparencia

Un reciente trabajo de Grundy, publicado en JAMA, mostró que solo en un 22,9% de los trabajos [en revistas de alto impacto] se daba a conocer la existencia de algún tipo de vínculo con las farmacéuticas. Aunque existe una sólida evidencia sobre el impacto que las relaciones con la industria tiene sobre la actuación y opiniones de los profesionales, en muchas ocasiones no se difunden los conflictos. ¿El motivo? La mayoría de los profesionales considera que las relaciones con el sector privado no influyen sobre su propio juicio, aunque sí piensa que afectan al de sus colegas.

El jefe de Hematología del Hospital del Mar de Barcelona, Antonio Salar, cuenta con numerosas publicaciones en 2017 y 2018 donde no aparecen sus relaciones con la industria. Preguntado por Civio, defiende que no tenía que darlas a conocer ya que se trataba de “estudios académicos”. Un ejemplo es un trabajo publicado en la revista Leukemia & Lymphoma donde aborda el uso del rituximab, un medicamento de Roche, como tratamiento del linfoma. Taylor & Francis, el grupo editorial propietario de la revista, confirma que debería haber desglosado sus vínculos: en 2017, Roche se gastó en él más de 53.000 euros en pagos directos e indirectos. La información será actualizada “pronto”. Salar tampoco dio a conocer -en otro artículo publicado en Annals of Hepatology- su relación con Janssen, que le abonó más de 7.000 euros. El editor jefe de la segunda revista reconoce que también debería haberlo hecho. “Estamos en contra de ocultar intereses particulares que afecten la buena práctica de la medicina y la investigación científica”, señala.

Los conflictos de intereses se declaran de forma subjetiva

“La declaración no tiene en la actualidad un procedimiento estándar a seguir en todas las publicaciones”, lamenta Mateos Manteca. Según Martorell, “la gente lo pone como bien quiere o puede porque no sabe muy bien cómo hacerlo”. “Lo ideal”, para el médico Emiliano Calvo, sería que se generase “una lista única universal, de acceso público, en la que todos los médicos y científicos vayamos actualizando nuestros conflictos de intereses según surjan”. “Un registro objetivo y estandarizado sería muy beneficioso para entender si los vínculos influyen en el proceso de investigación y cómo lo hacen”, coincide Quinn Grundy. La Asociación Americana de Colegios de Médicos ha desarrollado una iniciativa -llamada Convey- con el fin de armonizar y simplificar este proceso, aunque su uso no se ha generalizado. Sin embargo, según García Guerrero, un proyecto de este tipo es “ambicioso, pero poco realista”.

“Durante muchos años es posible que los propios médicos no señaláramos adecuadamente nuestros conflictos de intereses en las publicaciones científicas, en ocasiones por desconocimiento y otras por falta de información concreta”

Javier Puente, oncólogo

“Durante muchos años es posible que los propios médicos no señaláramos adecuadamente nuestros conflictos de intereses en las publicaciones científicas, en ocasiones por desconocimiento y otras por falta de información concreta”, admite Javier Puente, oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. “Hay gente que no se ha preocupado por este tema”, critica el presidente del Comité de Ética del CSIC, una institución que cuenta con un manual sobre conflictos de intereses. Para García Guerrero, el caso Baselga supone una llamada de atención que ayudará a crear conciencia.

Grande Pulido reconoce que, a partir de ahora, se deberían reportar todos los vínculos con la industria “independientemente de que estén directamente asociados al trabajo” y de que este tenga un carácter básico, clínico o traslacional, algo que no hacía hasta la fecha. Josep Baselga, en opinión de Emiliano Calvo, “va a hacer una aportación indirecta al mundo científico”. El médico explica que “en los artículos hay gente que pone todo lo posible con respecto a los conflictos” y otros, como en su caso, que los declaraba “solo con respecto a dicho manuscrito”. “Más información puede significar más transparencia”, admite, por lo que ha decidido desglosar “todo” a partir de ahora. “Es mejor errar por exceso que por defecto. Todos vamos a ser más pulcros”, zanja.

Cómo nos afectan los conflictos de intereses

La omisión -por voluntad propia, error, descuido o desconocimiento- limita la capacidad de mitigar los posibles sesgos -voluntarios o inconscientes- de los especialistas. En los casos más graves, no declarar los vínculos con la industria puede afectar a las decisiones clínicas a la hora de recomendar una terapia -como pudo ocurrir con fármacos como la risperidona y la rosiglitazona. Pero los conflictos también pueden influir en su rechazo -como sucede con la falsa relación entre vacunas y autismo, difundida de forma fraudulenta por el médico Andrew Wakefield sin mencionar sus relaciones con grupos contrarios a la inmunización.

“No comprendemos de forma completa cómo los conflictos de intereses afectan a la evidencia, en parte porque se reportan de manera variable”, explica Quinn Grundy. La profesora señala que “existe una amplia y sólida evidencia científica” que apunta que “los conflictos de intereses financieros y el patrocinio de la industria sesgan la investigación en favor del patrocinador”. Esto no solo sucede con las farmacéuticas, sino también con otros sectores -como el de dispositivos médicos, las bebidas azucaradas, los productos químicos y el tabaco.

Civio ha analizado todos los artículos, indexados en la base de datos PubMed, que fueron publicados entre 2017 y 2018 por los dieciocho profesionales sanitarios que más dinero recibieron de una farmacéutica. Tras constatar la omisión -parcial o total- de conflictos de intereses en al menos dos artículos por cada uno, se contactó con los autores para saber el motivo. De todos ellos, once investigadores nos dieron explicaciones sobre la ausencia en sus trabajos, mientras que el resto (siete) no respondieron. Además, hablamos con los grupos editoriales de las diferentes publicaciones para determinar si los conflictos de intereses -percibidos o reales- deberían haber sido dados a conocer en los manuscritos. En algunos casos hemos recibido respuestas concretas, citadas en el artículo, y en otros están valorando internamente la situación. Hemos entrevistado por teléfono a Miguel García, presidente del Comité de Ética del CSIC, y por correo a Quinn Grundy y Francesc Roig, especializados en conflictos de intereses en la investigación biomédica. También hemos confirmado con la Universitat de Barcelona el puesto académico de Jerzy Krupinski.