Desde el principio tuvimos claro que queremos poder defender con documentos oficiales o fotografías cada relación de poder, cada nombramiento o cada cargo que atribuyamos a un personaje. No queremos basarnos en noticias publicadas en prensa o blogs, necesitamos las fuentes primarias para publicar cualquier dato.

Durante nuestras investigaciones, nos hemos encontrado con un primer problema: algunos cargos públicos se adjudican sin publicidad. Se trata de los asesores que nombran representantes del poder ejecutivo e incluso los partidos políticos que tienen representación parlamentaria o municipal. Sus puestos son públicos y sus nóminas están pagadas con dinero público. Pero no hay un papel oficial público que anuncie su nombramiento.

En España un cargo se puede adjudicar de varias maneras: por concurso/oposición: los aspirantes pasan exámenes y se elige al que saque mejor nota para el puesto; por libre designación: el cargo político puede elegir a quien quiera entre funcionarios que ya han sacado plaza y que tienen el nivel para ocupar ese puesto. Este tipo de nombramientos, a partir de cierto nivel de responsabilidad, se publican en el BOE (aquí, un ejemplo); por Real Decreto publicado en el BOE: los nombra el Gobierno y son los altos cargos del Estado (ejemplo); aesores y otro personal laboral, cuyo puesto está en una especie de limbo: los cargos públicos pueden nombrar, según el puesto, a un cierto número de asesores u otros cargos a dedo, sin dar explicaciones y sin tener que publicar el nombramiento. Del mismo modo que les nombran sin publicidad y sin argumentar sus razones, pueden echarles sin dar explicaciones. Por esa razón, son gente profundamente vinculada a quien le nombró. En este tipo de casos es donde suelen recaer, por ejemplo, familiares de políticos o personas relacionadas con los responsables públicos. Y es casi imposible documentarlo.

En una de nuestras primeras investigaciones, por ejemplo, supimos que un secretario general de las juventudes del PP, Javier Soto Dorado, fue asesor del gobierno gallego sin tener ni siquiera una licenciatura. Pero, desgraciadamente, lo sabemos por la prensa: ni un documento oficial que acredite ese nombramiento.

Más grave es el caso de Ángel Carromero, un miembro de Nuevas Generaciones condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por su participación en el accidente que acabó con la muerte de Oswaldo Payá. En el momento de los hechos, era asesor de una concejal de distrito del Ayuntamiento de Madrid. Luego fue repatriado y se le concedió el tercer grado. Desde marzo, es asesor del grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. No hay ni un solo documento que acredite ninguno de los cargos que ha tenido.

Queremos ser exigentes y documentar cada una de nuestras afirmaciones en fuentes oficiales, pero a veces esa tarea, por culpa de la falta de transparencia en España, es más que ardua.

La publicación original de este post (en inglés) en la web de Global Integrity.