Hoy entran en vigor las primeras obligaciones que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno para la Administración General del Estado. En las últimas horas,

Access Info Europe y la Fundación Civio, que trabajamos para lograr la implantación eficaz de las mejores medidas de transparencia, hemos conocido que el Gobierno comienza a aplicarla de la peor manera posible: poniendo barreras al derecho de acceso a la información.

A los ciudadanos que deseen formular preguntas a las administraciones se les exigirá identificarse mediante un DNI electrónico o mediante una clave personal. Este sistema, que ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA el pasado mes de enero, supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, como recuerda el propio Consejo General del Poder Judicial (que no va a exigir esos sistemas de identificación), el acceso a la información “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”.

El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental por parte del CGPJ es de suma importancia ya que desde 2006 la sociedad civil, a través de la Coalición Pro Acceso, ha reclamado este estatus y tanto el Gobierno actual como el anterior lo han negado sistemáticamente. “Este reconocimiento se suma a los que hicieron con anterioridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales a los que el Gobierno ha decidido ignorar”, comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

“La ley nace con una serie de carencias que, como hemos recordado durante su tramitación, nos llevan a considerar su alcance como insuficiente”, añade Anderica. “La persistencia del doble silencio administrativo negativo y la exclusión de información considerada auxiliar (informes “internos”, comunicaciones internas o entre organismos, resúmenes y opiniones) son dos ejemplos. Pese a ello, la Administración Central tiene ahora la obligación de proporcionar más información que antes. Por eso, animamos a la gente a pedir información, datos y a hacer preguntas. Sólo así sabremos si las instituciones respetan el derecho de acceso y se vuelven más transparentes”.

Desde que se aprobó la ley el 9 de diciembre de 2013, la sociedad civil ha demandado más información y más espacios de participación en su implementación, reuniéndose y llegando incluso a enviar una carta al Secretario de Estado el 20 de agosto de 2014 que nunca recibió respuesta. “El Secretario de Estado de Relación con las Cortes convocó ayer a la prensa a una reunión informativa sobre la ley de transparencia a la que no invitó a la sociedad civil”, añade Javier de Vega, responsable de comunicación de la Fundación Civio. “Sigue habiendo muchas dudas sobre su contenido y su alcance ya que el reglamento, imprescindible para aclarar ciertos puntos, no está listo y llegará con muchísimo retraso”, afirma, y destaca que las trabas que se acaban de conocer muestran la poca voluntad política que existe por garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Pese a la falta de respuestas por parte del Gobierno, las organizaciones Access Info Europe y la Fundación Civio ofrecen una vez más su colaboración en la implementación gradual de medidas de transparencia:

• Colaborando en primer lugar con todos los ciudadanos, guiándoles en las mejores prácticas posibles para conocer y ejercer el derecho a solicitar y recibir información de las instituciones. Para ello, ponemos a su disposición la plataforma tuderechoasaber.es, que simplifica el envío de solicitudes de información y hace públicas tanto las preguntas como las respuestas de las instituciones. Si fuera necesaria una adaptación técnica de la web a los nuevos requisitos técnicos necesarios para enviar por vía telemática solicitudes de información, trataremos de llevarla a cabo en las próximas semanas.

• Colaborando con las unidades de información de las Administraciones Públicas, manteniendo al funcionario como aliado necesario y no como “primera barrera” en el acceso a la información de los poderes públicos.

• Colaborando con el Consejo de la Transparencia, el órgano regulador en el que la sociedad civil no está representada, durante su labor de vigilancia de las obligaciones de transparencia institucional y correcto desarrollo del derecho de acceso. Las organizaciones pro-transparencia también ejerceremos a lo largo de 2015 y con nuestros propios medios una labor continua de fiscalización sobre el cumplimiento de la ley. Porque, insistimos, la implementación de la ley no puede seguir haciéndose de espaldas a la ciudadanía.

• Colaborando con el Gobierno en la labor de dar a conocer este nuevo derecho de acceso. Todos los servicios públicos necesitan ser bien comunicados, y la propia información debe ser ante todo un servicio público más para los ciudadanos.

Access Info Europe y la Fundación Civio reiteran su compromiso de vigilancia responsable del cumplimiento de las medidas de transparencia que establece la ley para que no se diluyan en palabras vanas. Asimismo, continuarán empleando todos los canales de influencia posibles para lograr la aplicación de políticas de acceso a la información que nos equiparen en un futuro cercano con los países de nuestro entorno.