El pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, convocamos un “maratón” de solicitudes de información para animar a la ciudadanía a preguntar a las instituciones y ejercer su derecho. Junto con el Consejo de Transparencia y Access Info Europe, habilitamos un sencillo formulario para que cualquier persona pudiera solicitar información sin restricciones técnicas, canalizando nosotros mismos sus preguntas.

A lo largo de la jornada, 90 ciudadanos nos enviaron más de 160 solicitudes de información dirigidas a la ministerios, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Las instituciones más preguntadas por los ciudadanos fueron ministerios (43,2%), ayuntamientos de toda España (16,7%), diferentes consejerías de Castilla y León (9,9% de las solicitudes) y Madrid (5,6%) y la Universidad de Salamanca (7,4%). De todas las solitudes recibidas durante ese día, aún nos quedan algunas por remitir a las instituciones. Lo haremos a lo largo de estas semanas, informando al solicitante de todo el proceso.

Como preveíamos, a excepción de las 70 preguntas formuladas a la Administración General del Estado –que son canalizadas mediante el Portal de Transparencia del Estado–, cada petición enviada a un organismo diferente supuso, además de una inversión importante de tiempo, una adaptación al sistema propio de cada institución. En ocasiones se trataba de un email, un formulario o de un sistema de identificación integrado en su sede electrónica.

La disparidad de los requisitos técnicos de cada plataforma complica el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre aquellos organismos a los que enviamos preguntas durante la jornada, algunos usaban formularios relativamente sencillos, como los de los ayuntamientos de Madrid o Barakaldo, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) o el del Parlamento de Andalucía, aunque este último no sea de fácil acceso.

En el otro extremo están los portales que no están adaptados a todos los sistemas operativos –es decir, si utilizas iOS no puedes preguntar de forma telemática a todas las administraciones públicas–, portales que utilizan sedes electrónicas, con o sin mención al derecho a saber, o que requieren la instalación de credenciales o extensiones diferentes. El más restrictivo de los casos que encontramos fue el del Ayuntamiento de Málaga, que solo admitía peticiones de información entregadas en persona. Esto es contrario a la propia Ley de Transparencia, que contempla la tramitación del derecho a saber por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información solicitada y una dirección de contacto para dar respuesta (artículo 17.2 de la Ley).

La participación, más alta de lo previsto, también demuestra que cuando la ciudadanía cuenta con formas fáciles y rápidas de pedir información y de interactuar con las administraciones públicas, las utiliza.

Queremos agradecer a las personas que se acercaron a la sede del Consejo de Transparencia para recibir información, conocernos y saber más sobre esta iniciativa. Tuvimos el placer de contar con un diputado de la Asamblea de Madrid; de conocer a ciudadanos con un gran interés por el buen funcionamiento de las instituciones; a personas interesadas en colaborar en nuestros proyectos; a profesionales del sector público que, desde dentro de la administración, responden a las preguntas de los ciudadanos. También contamos con un miembro de una organización social que vino en persona a ejercer su derecho a saber y con un periodista que acudió para plantear sus dudas a los profesionales del Consejo de Transparencia.

Gracias al Consejo de Transparencia por albergar esta iniciativa y a todos los participantes por su implicación. Seguiremos trabajando para tratar de que el ejercicio del derecho a saber sea más conocido y accesible a todos los ciudadanos.