Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de Ley de Transparencia, catedráticos y profesores de universidad de toda España han hecho un llamamiento a las fuerzas políticas y poderes públicos a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro país, siguiendo lo establecido por la jurisprudencia internacional.

Los firmantes, entre los que se encuentran juristas y politólogos de reconocido prestigio- como Manuel Villoria, José Luis Piñar, Emilio Guichot, David Ortega, Manuel Sánchez de Diego, Miguel Ángel Blanes o Elisa de La Nuez-, reconocen el avance que ha supuesto en España la ley de transparencia, pero han alertado sobre las limitaciones que conlleva que esta norma no reconozca el derecho como fundamental.

Los expertos defienden que el reconocimiento tiene cabida en Constitución Española y no sería necesaria una reforma de la misma, ya que el derecho de acceso a información viene amparado por su artículo 20.1.d y también por la jurisprudencia internacional, que reconoce el acceso a la información como imprescindible a la hora de permitir a los ciudadanos formar una opinión y participar en el debate público.

Las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el derecho de acceso a información y la transparencia, como Access Info Europe, Civio o la PDLI han celebrado esta declaración y han expresado su apoyo. “Esta carta supone un impulso a algo que reclamamos desde hace años. El derecho de acceso a la información ya se reconoce como fundamental en más de 70 países y por la Naciones Unidas, incluso hay sentencias favorables del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha declarado Alba Gutiérrez, Coordinadora de campañas de Access Info.

Además, las organizaciones recuerdan que este reconocimiento del derecho de acceso a información como fundamental tiene claras repercusiones prácticas por su efecto disuasorio y preventivo sobre la corrupción. Igualmente, afirman que tiene un impacto directo sobre los derechos democráticos más esenciales como el derecho a participar en la toma de decisiones; de una prensa libre e independiente; y a la rendición de cuentas completa de lo público.

Puede leerse la carta de los juristas y académicos aquí.