El grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para la regulación de los grupos de interés. En Civio celebramos que se debata al fin este asunto, pero creemos que la propuesta se queda a medias. Primero, porque no aclara qué información se va a publicar en la página web del Congreso. Segundo, porque establece una definición de lobby que podría dejar fuera a buena parte de quienes lo ejercen. Y, tercero, porque se ha encomendado su seguimiento y control a la propia Presidencia del Congreso de los Diputados, que en la actualidad ejerce Ana Pastor (PP).

Por eso, hemos enviado a los partidos políticos de la Cámara Baja varias modificaciones a la propuesta planteada. La más importante pasa por su publicidad. Aunque la propuesta establece cuál será el contenido del registro y aclara que será “público”, marca que “la Presidencia, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces, adoptará las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban mantenerse reservados”. Eso que se deja para un desarrollo posterior es la clave de un registro enfocado hacia la rendición de cuentas y el seguimiento de la huella legislativa: qué se va a publicar y qué no.

Nuestra propuesta pasa por establecer que todo el contenido, excepto los datos de contacto de las personas físicas, se publique en la web del Congreso. Esta decisión, esencial, no se puede dejar en manos de un desarrollo posterior. Otra de nuestras propuestas de mejora pasar por modificar la definición de grupo de interés que incluye la reforma. La propuesta del PP deja fuera a multitud de entidades que ejercen como tal y se aleja de los estándares internacionales sobre la materia. Para Civio, un grupo de interés es “cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones”. Y así se lo hemos trasladado a los grupos.

Además de añadir contenido al registro para que cumpla su función de forma efectiva e incluir obligaciones para los diputados -la propuesta del PP solo contiene deberes para los grupos de interés-, nuestras recomendaciones incluyen un cambio de base: ¿quién se va a encargar de vigilar su cumplimiento? Según la propuesta popular, la propia presidencia de la Congreso, a cargo de Ana Pastor, miembro del partido del Gobierno y del de la mayoría de los diputados de la Cámara. Es decir: un solo partido vigilará que se cumpla la norma y gestionará el registro de una cámara plural. Para evitarlo, proponemos que las funciones de control pasen a la Comisión permanente del Estatuto de los Diputados, donde participan todos los grupos políticos del parlamento. Desde Civio creemos que el Congreso, por su papel vital en la vida pública española, no debe ir a la zaga de otras normativas y debe ser líder en rendición de cuentas, desde la apertura, la confianza y la honestidad.

Consulta aquí el documento enviado a los partidos políticos: Recomendaciones de Civio para la regulación de los grupos de interés en el Congreso.