El pasado 31 de agosto el Gobierno dio luz verde al Plan Anual Normativo de 2021. Este plan, aprobado con 15 meses de retraso según el Real Decreto que lo regula, no cuenta entre sus previsiones para el resto del año, ni entre los hitos ya alcanzados, con la aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia. Pendiente desde hace ocho años, esta norma sí aparecía en la planificación de 2020 y lleva ya varios ejercicios dando vueltas.

¿Por qué es importante?

Un reglamento como el de la Ley de Transparencia es un documento crítico que detalla la letra pequeña de la norma y concreta cómo se debe aplicar la ley. Cuestiones clave sobre la interpretación de los límites del derecho de acceso a la información pública colgarán de él. Es más, en el último borrador propuesto en 2019, el Gobierno colaba nuevos vetos que no estaban en la ley.

Así, se abrieron procesos de consulta previa y de información pública en 2015, 2017, 2018 y 2019. En septiembre de 2020, en el V Congreso Internacional de Transparencia la ministra Carolina Darias aseguró que la tramitación de este reglamento estaba “muy avanzada”. En el IV Plan de Gobierno Abierto el Ejecutivo de coalición se comprometió a aprobarlo en 2020 y así lo adelantó la ministra en la toma de posesión de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia (CTBG). Ya con Miquel Iceta como sucesor de Darias, en marzo de 2021, se volvió a repetir aquello de que estaba “muy avanzado”, según recogió Europa Press.

Meses después la pelota pasó a la ministra de Hacienda María Jesús Montero quien, tras la última crisis de Gobierno, asumió las competencias de Función Pública. Pero la reforma, ni está, ni se la espera. Al menos a corto plazo. El informe del Plan Anual Normativo del año anterior, la evaluación de lo cumplido –o, en este caso, de lo incumplido–, lo aclara: “Se prevé su elevación a Consejo de Ministros para su aprobación en el primer semestre de 2022”. De estar muy avanzada a ser pospuesta. El ministerio no ha contestado a Civio respecto a los motivos de este retraso. En realidad, no ha respondido ni a esta ni al resto de preguntas que les planteamos.

Incumplido el primer compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto o, al menos, fuera de plazo, quedan las siguientes fechas límite. La más importante, la reforma de la Ley de Transparencia. Según el itinerario prometido, ya deberían haber finalizado los debates y reuniones de expertos y este mes tienen que constituirse los grupos de trabajo con representantes del Foro de Gobierno Abierto (formado por administraciones públicas y sociedad civil, entre la que se incluye Civio). Sin noticias sobre posibles progresos, Civio contactó con el Consejo de Transparencia, que asegura que no ha recibido ningún documento preparatorio ni ha participado en ningún debate ni reunión previa sobre la reforma de la Ley. El próximo 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Saber. Quizás para entonces, en nota de prensa o en un evento, el Gobierno de alguna respuesta. Y se felicite de sus avances.