Actualización a 29 de diciembre: la ley finalmente se aprobó con apenas modificaciones frente al proyecto original. Solo una de nuestras recomendaciones, en la que pedíamos que al menos la Asamblea tuviera que dar el visto bueno al/la candidato/a propuesto por el Gobierno, se incluyó en la norma final.

De urgencia y mezclada con otra decena de reformas, así aparece la propuesta de reforma de la Ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que el gobierno regional ha registrado en la Asamblea. Una reforma que supone un claro retroceso en la que es, aún vigente a día de hoy, una de las normas del ramo más avanzadas de toda España.

La propuesta de Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficiencia de instituciones y organismos modifica tres aspectos sustanciales: primero, añade las competencias en protección de datos al organismo garante de la transparencia; segundo, resta independencia a dicho organismo, que pasará a depender directamente del Gobierno y no de la Asamblea; tercero, elimina las sanciones por incumplimiento de la norma actual.

Así, si la propuesta se acaba aprobando, se pasaría de un Consejo de Transparencia con tres miembros nombrados por 3/5 partes de la Asamblea por un periodo de seis años a un único presidente que será nombrado y dependerá directamente del gobierno de Madrid, y por cuatro años, el mismo tiempo de una legislatura regular. La ley actual exige a los miembros de ese consejo un mínimo de diez años de experiencia en el sector. Ese requisito, en la propuesta del Gobierno de Madrid, desaparece.

Ese consejo pasa de estar adscrito a la Asamblea a estarlo al Gobierno. Pese a todos estos cambios, la ley asegura que “se sigue garantizando su independencia y autonomía”. En el texto se habla también de una unidad de apoyo jurídico, técnico y administrativo para ese nuevo consejo de transparencia, una unidad que ya estaba prevista en la ley vigente a día de hoy. Pese a eso, se presenta como si fuera algo nuevo.

Además, la reforma pretende eliminar todo el régimen sancionador, suprimiendo todos los apartados de infracciones y eliminando el buzón en el que cualquier persona podía denunciar incumplimientos para que el Consejo los investigara. Ese vacío se rellena ahora con una alusión general al régimen de sanciones de la Ley estatal, lo que, en la práctica, significa vaciarlo de contenido y que quede en nada. El nuevo Consejo no tendrá capacidad ni tan solo de iniciar procedimientos sancionadores, como hasta ahora. Esta norma no simplifica el organismo, como reza su título, sino que le resta independencia y poder.

La propuesta supone un claro retroceso escondido tras la excusa de la simplificación y reducción de las administraciones. La ley de transparencia de Madrid era una de las más avanzadas de toda España y lo que propone esta norma es deshacer todo ese avance, de un plumazo, sin diálogo -al menos de momento- y por la vía de urgencia.