¿Cuántas viviendas con protección oficial ha vendido la Sareb? ¿A quién? Y ¿a qué precio? En febrero de 2024 hicimos estas tres preguntas a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, que se ha negado a dar esta información. Por eso, hemos acudido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para conseguir una respuesta.

La Sareb fue creada por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y una serie de entidades bancarias en 2012 para comprar y gestionar los llamados “activos tóxicos” de la banca tras la crisis financiera de la pasada década. Unos “activos tóxicos” que incluían hipotecas, préstamos a promotores inmobiliarios e inmuebles y que fueron pagados con cerca de 51.000 millones de euros de deuda avalados por el Estado. Pero por ese entonces, la participación pública no era mayoritaria, rondaba el 45%, y la Sareb no estaba atada a la Ley de Transparencia. Eso cambió en 2022: el Estado aumentó su participación en la Sareb hasta el 50,14% después de que, un año antes, la Unión Europea obligara a contabilizar la deuda de esta entidad como pública. Desde 2022 la deuda de la Sareb —que en 2024 ascendía a cerca de 30.000 millones de euros— es oficialmente pública, pero también, como toda sociedad con participación pública mayoritaria, la Sareb está obligada a cumplir la Ley de Transparencia.

En abril de 2023, presentamos una solicitud de información dirigida a la Sareb, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del FROB, en la que pedimos el listado completo de los inmuebles comprados y vendidos por la Sareb, así como el nombre de la entidades a las que se compraron y a las que se vendieron estos inmuebles, y los precios de compra y venta. La Sareb se negó a dar esta información, alegando que no estaba sujeta a la Ley de Transparencia, por lo que presentamos una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en diciembre resolvió que la entidad tenía que darnos parte de la información solicitada. En concreto, toda menos los precios de compra y venta de los inmuebles, cuya publicación el CTBG afirmaba que supondría un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la entidad, una de las limitaciones contempladas en la Ley de Transparencia. Sin embargo, la propia doctrina del Consejo de Transparencia sobre esta limitación al derecho de acceso a la información establece que se debe aplicar de forma muy restrictiva y siempre después de realizar un análisis exhaustivo sobre el daño real que supondría la publicación de la información.

A pesar de que el Consejo de Transparencia dio diez días a la Sareb para remitir la información, la entidad se la mandó a Civio en febrero de 2024. La información facilitada mostraba que, entre las 5.600 empresas que habían comprado activos a la Sareb, se encontraban al menos 41 megatenedores, entre ellos Blackstone o CaixaBank, de forma directa o a través de filiales, aunque sin concretar el tipo de activo adquirido. También incluía datos sobre el tipo de activos comprados por la Sareb: de las 107.079 compras realizadas, cerca de 44.000 fueron viviendas libres y otras 12.349 eran viviendas protegidas, la mayoría de ellas compradas a Bankia y la tercera parte de ellas localizadas en las provincias de Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia.

Toda la información sobre las operaciones comerciales de la Sareb deberían ser públicas, ya que la deuda de esta entidad es pública, y por tanto de todos, pero aún más si esas operaciones comerciales son sobre viviendas con protección oficial y que, por tanto, han recibido financiación o ayudas públicas para su construcción y están sujetas al control de la administración. Volvimos a solicitar información a la Sareb sobre los precios de compra y venta de viviendas, pero esta vez centrándonos en esas 12.349 viviendas protegidas. ¿Cuántas de estas viviendas han sido vendidas? ¿A qué entidad se han vendido? ¿Por cuánto dinero?

En marzo de 2024, de nuevo, la Sareb se negó a responder a nuestras preguntas. Solo facilitó el número de viviendas protegidas que había vendido hasta ese momento, 9.440. Sobre el resto de información solicitada, la entidad alegó que facilitarla “podría desvelar el conocimiento comercial y la estrategia de la empresa, lo que tiene un impacto directo en nuestra posición frente a los competidores”. Reclamamos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en julio resolvió poniendo los intereses comerciales y económicos de la Sareb por delante del interés público, a pesar del carácter público de la Sareb y de su deuda.

Desde Civio hemos acudido ahora a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que decidirá si la ciudadanía tiene derecho a saber a qué precio y a quién ha vendido la Sareb las viviendas protegidas que compró desde su creación en 2012. Aquí puedes consultar en qué otros procedimientos estamos personados.