Las administraciones públicas tienen que cumplir las normas y las resoluciones. Esta afirmación, que parece obvia, no lo es tanto. En julio de 2024, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) firmó una resolución en la que daba la razón a Civio y obligaba a la Dirección General de Función Pública a entregarnos los nombres del personal eventual que había ejercido en los ministerios entre 2020 y 2023. Pero el Gobierno ignoró esa decisión. Durante meses. Por eso, hemos interpuesto recurso por inactividad de la administración ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

El recurso se basa en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: “Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo”. Y eso hacemos. No es la primera vez que este Gobierno, y los anteriores, ignoran al CTBG, pero sí la primera vez que Civio lleva este incumplimiento a los tribunales.

Es una batalla importante: primero, porque de nada sirve tener una Ley y un Consejo de Transparencia si se les ignora; segundo, porque lo que pedimos es un básico: saber quiénes trabajan en los ministerios como personal eventual, la mayoría como asesores. Solo queremos saber quiénes son, nada más. Pero ni siquiera se cumple ese nivel de principiante de la transparencia.

Civio registró la pregunta en febrero de 2024, hace más de un año. El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública respondió dos meses después que era imposible darnos esa lista por “reelaboración”, es decir, aseguraron que necesitarían muchos recursos y tiempo para poder extraer esos nombres de su base de datos, porque era, prácticamente, una tarea titánica. Por eso, reclamamos. Y la resolución del CTBG, de hace casi un año, es clara: la Dirección General de Función Pública tiene capacidad para recopilar y entregarnos esa lista. Más aun cuando, como argumentamos en nuestra reclamación al Consejo, en 2020 nos dieron esa misma información en solo dos días, aunque pedíamos muchos más años, diez: todo el personal eventual de 2010 a 2019.

Pero la Dirección General de Función Pública, responsable del Registro Central de Personal y, por tanto, con todos esos datos a su disposición, no solo ha ignorado completamente al Consejo sino que, además, se ha inventado un proceso nuevo y ha pasado la patata caliente al resto de ministerios, alargando y enredando un trámite que debería ser sencillo y rápido.

Y es por todo esto por lo que llevamos al Gobierno a los tribunales y reclamamos que cumplan la resolución del CTBG de la única manera posible, en sus propios términos: pasándonos una lista centralizada de ese personal eventual, sin excusas y sin derivar a otros organismos ni alargar, durante más de un año, esta travesía.

Desde Civio llevamos más de una década reclamando que el Consejo de Transparencia pueda sancionar cuando, como ahora, no se cumplan sus resoluciones o la propia ley, pero esa reforma se retrasa año tras año. Mientras, vamos a pelear de la única forma posible para que estas decisiones se cumplan y la transparencia deje de quedar en papel mojado: recurriendo su incumplimiento.