Radiografía de las obras

Durante 2009, las administraciones públicas repartieron más de 14.500 millones en 2.407 adjudicaciones de obra vía BOE. Esa cifra ha ido perdiendo fuelle, año a año (9.563 millones adjudicados en 2010, 4.685 en 2011, 3.202 en 2012), hasta llegar a su cifra más baja: los 1.326 millones de euros de 2013. Este descenso explica que, cada vez más, las grandes constructoras hayan decidido mirar hacia afuera y focalizar esfuerzos en el extranjero.

A partir de entonces se vivió un repunte, pero no se volvieron a alcanzar las grandes cifras de la época dorada. En 2014, la cifra total de adjudicaciones vía boletín oficial ascendía a 2.473 millones.

En 2015 se contrataron, al menos, 677 obras públicas por un valor total de 1.805 millones de euros¹. Y esto es solo lo que aparece en el BOE -¿qué incluye?-. Si tenemos en cuenta datos del Ministerio de Fomento, que calcula todas las licitaciones, las administraciones públicas y sus empresas dependientes contrataron obras por valor de 7.752 millones de euros. Con estas cifras en la mano, el plan de 100.000 millones de inversión para cuatro años que reclaman las constructoras al Gobierno parece algo desorbitado, incluso para los años más boyantes.

Los contratos de obra pública publicados en el BOE entre 2009 y 2015 van de los 4.306 euros a más de 336 millones, el precio de adjudicación de las obras de la estación del AVE de La Sagrera, en Barcelona. Entre uno y otro, las posibilidades son casi infinitas. Pero, eso sí, gran parte de ellos tienen muchas cosas en común. Y muestran tendencias.

Los 8.058 contratos de esos siete años suman 38.828 millones de euros. Una mirada rápida deja ver, por ejemplo, qué sectores u objetivos han sido prioritarios. De las 30 mayores obras, 18 se han destinado a la alta velocidad, entre estaciones, plataformas, vías… De hecho, si buscamos “alta velocidad” en la descripción del objeto del contrato, sin pulir el análisis y a bote pronto, tenemos 800 millones de euros destinados solo a este sector.

La mediana de todos los contratos publicados es de poco más de 643.000 euros, una cifra elevada, pero que encaja bastante con las obligaciones de publicación en el BOE, centradas en los contratos más cuantiosos. Que más del 60% del total esté adjudicado desde los ministerios también tiene bastante sentido. Además de su peso en la construcción, tienen más presencia en el boletín: mientras el resto de las entidades solo están obligadas a publicar ahí sí o sí aquellas formalizaciones con cuantías superiores a 5.225.000 euros, los ministerios lo tienen que hacer si superan los 100.000 euros.

Pero, aunque comunidades autónomas y entidades locales tienen las mismas obligaciones de publicidad, su presencia es bien distinta. Las primeras repartieron el 19,4% del total, 7.520 millones; las segundas, el 13,1%, poco más de 5.000.

La mitad, de Fomento

El mayor adjudicador es, con diferencia, el Ministerio de Fomento. De todos los contratos analizados, llevan su firma casi la mitad: 18.139 millones. Le sigue, de lejos, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que suma un 7% del total. La tercera administración pública de la lista es, a su vez, la primera comunidad en aparecer: el País Vasco. Con 1.640 millones, supera el 4%. Entre el resto de comunidades autónomas destaca Madrid, con algo más de mil millones; y Andalucía, con unos 820.

El primer ayuntamiento en la lista es el de Madrid. En cuarta posición del ranking global, adjudicó casi el 3% de las cantidades totales que aparecieron durante estos siete años en el BOE: 1.156 millones de euros. Barcelona le sigue con 734 millones.

El elevado tamaño de los contratos que aparecen en el BOE también explica que un 88% del importe se repartiera vía concurso abierto, puesto que los negociados -un 6%- se permiten, en la ley vigente, siempre que no se superen unos determinados umbrales de precio. Aun así, 2.339 millones se adjudicaron vía negociado y, de ellos, dos millones sin publicidad.

De hecho, si miramos el total de contratos adjudicados por los ministerios, de cualquier cuantía y más allá de las obras colosales que nutren el BOE, descubriremos que el uso del negociado es más que habitual. Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad. La Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.

El peso de las UTE

Del total del importe adjudicado, el 40,8% se lo llevaron empresas que se presentaron en solitario y el 59,2% fue a parar a Uniones Temporales de Empresas (UTE). La importancia de estas estructuras, con niveles de opacidad mayores que los de cualquier otra empresa, es más que evidente en las grandes obras públicas. De hecho, de los 2.489 grupos empresariales analizados, solo 1.327 se presentaron siempre en solitario. Del resto, 1.162 están en alguna UTE y 641 solo se presentan de esa forma, nunca por sí solos.

En ocasiones, apuntan fuentes del sector, estas uniones de empresas sirven para combinar el peso de una gran constructora con la influencia de un socio local. Como en el patio del colegio, siempre hay compañeros favoritos. Así, las UTE en las que participan juntas ACS y Comsa se llevaron el 12,5% de lo acumulado por este tipo de uniones de empresas. Les siguen combos de Ferrovial y Sacyr; ACS y Acciona, y Comsa y Acciona.