Empresas energéticas, el Benidorm de la clase política
Presidentes del gobierno, ministros y secretarios de estado encuentran cobijo en compañías que se dedican a la energía
En 2012, Ignacio López del Hierro -esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- y Alberto Nadal -hermano de Álvaro Nadal, asesor de Rajoy- renunciaron a los cargos como consejeros de Red Eléctrica Española (REE) para los que habían sido designados tras la polémica que generaron sus nombramientos. Las dudas sobre la influencia de los miembros del Gobierno en estas designaciones, más aún teniendo en cuenta que el 20% del capital de REE es público, acabaron por hacerles buscar cobijo en otros lares.
Pero REE no es la única compañía relacionada con la energía que cuenta entre sus filas con ilustres políticos en retirada. Empezando por los expresidentes del Gobierno, pasando por ministros y acabando en altos cargos, las grandes empresas energéticas de este país han apostado por sumar a sus filas a expolíticos -y sus agendas-.
La cúspide de esta ‘revolving door’ público-privada la encabeza Felipe González, presidente del Gobierno desde 1982 hasta 1996 y consejero de Gas Natural Fenosa. Según han publicado algunos medios, José María Aznar, que presidió el país entre 1996 y 2004, es asesor en Endesa. Desgraciadamente, la compañía no hace público de forma oficial ese tipo de nombramientos y no podemos acreditar ese cargo.
Endesa, Iberdrola y Abengoa
Un escalafón por debajo están los ministros. Endesa no distingue tendencias políticas y cuenta entre sus filas con exministros de PP y PSOE. Uno de los últimos en ser acogido en su seno ha sido Elena Salgado, que ocupó diversos ministerios durante las dos legislaturas de José Luís Rodríguez Zapatero. Para esquivar la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos, la eléctrica la fichó para su filial en Chile, Chilectra, donde aparece como una de las directoras.
Otro de los ministros de Zapatero -aunque también lo fue de Felipe González-, Pedro Solbes, es consejero de Enel, la compañía iltaliana propietaria del 92,06% de Endesa. La eléctrica también ha contado entre sus filas con ministros del PP. De hecho, Luis de Guindos, actual ministro de Economía, fue consejero de la compañía justo antes de ser nombrado.
Otra de las grandes eléctricas españolas, Iberdrola, cuenta en su plantilla con Ángel Acebes, ex ministro de Interior de Aznar fichado como consejero externo y miembro de la comisión ejecutiva delegada. Para equilibrar, el presidente de la Fundación Iberdrola es Manuel Marín, socialista que fue presidente del Congreso de los Diputados.
La parcialmente pública REE cuenta con dos ex ministros socialistas: Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad de 1993 a 1996 y que recibió la banda de la Orden de Carlos III; y Miguel Boyer, ministro de Economía del 82 al 85. Boyer también tiene una condecoración de la orden de Carlos III en su vitrina: la gran cruz.
En Abengoa conviven Ricardo Martínez Rico, socio del ministro Cristóbal Montoro y ex secretario de Estado de presupuestos (más información sobre él, aquí) y Josep Borrell, ex ministro socialista y presidente del Parlamento Europeo de 2004 a 2007.
Si dejamos de lado a ministros y expresidentes, la lista continúa. Tenemos, por ejemplo, a Miquel Roca Junyent, ex de Convergència Democràtica de Catalunya que intentó debancar de la alcaldía de Barcelona al socialista Pasqual Maragall y que, en paralelo a su trabajo en Endesa, es el abogado defensor de la infanta Cristina en el caso Noos. O a José Folgado, presidente de REE, que fue Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos desde el 96 y luego Secretario de Estado de Energía hasta el cambio de gobierno en 2004. En su caso, el gobierno de Zapatero recibió una herencia del PP y fue el ministro de exteriores socialistas quien, en ese mismo año 2004, le entregó la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Y los nombres que han pasado por esta ‘revolving door’ energética no acaban aquí. En junio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético entregó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigase si, entre todas estas idas y venidas de lo público a lo privado, ha existido prevaricación o tráfico de influencias.
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