Dueño y señor de Castellón durante años, Carlos Fabra ha sido condenado a cuatro delitos contra la hacienda pública, lo que se traduce en -si ningún recurso lo impide- cuatro años de prisión y el pago a Hacienda de más de 693.000 euros. Su exmujer, María Amparo Fernández, también ha sido condenada por no pagar los impuestos correspondientes, pero su pena es de dos años. Heredero de la más importante saga política castellonense -su padre, su abuelo y su bisabuelo también lideraron el órgano provincial- y con una suerte en la lotería sin parangón, presidió la Diputación de Castellón hasta junio de 2011.

En la sesión constitutiva de la diputación que supuso su despedida como presidente, el representante del Partido Popular, Vicente Aparici, alababa los 16 años de gobierno de Fabra destacando los grandes proyectos llevados a cabo en la provincia gracias al apoyo del gobierno de Francisco Camps. En su balance, uno de esos proyectos destaca por encima del resto: “El aeropuerto es hoy una realidad. Hemos dejado de ser la única provincia del litoral mediterráneo que no tenía aeropuerto. 120 millones de euros para cambiar de forma radical el futuro turístico de nuestra provincia, al que deben acompañar otras inversiones de carácter público y privado absolutamente necesarias, así como las decisiones políticas que las hagan posible.”

De hecho, Carlos Fabra siguió presidiendo Aerocas (la sociedad encargada del aeropuerto en el que aún no ha aterrizado un solo avión) hasta junio de 2013. Pese a la nula actividad del aeródromo, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón prevén gastar 25 millones en su explotación durante los próximos 20 años.

Sociedades públicas, la cámara de comercio y su club de golf

Aerocas no es la única sociedad con participación pública en la que Fabra ha ocupado un asiento durante y, en algunos casos, incluso tras su mandato como presidente de la diputación. Fue presidente de Vicasdi (una promotora pública de viviendas que acabó disuelta en 2013) y consejero del Centro de ocio Mundo Ilusión, entidad gestora de un gran parque de 800.000 metros cuadrados planificado por la Generalitat Valenciana y la Diputación que se iba a levantar entre Cabanes y Oropesa (sí, esa Oropesa, la de Marina d’Or). Fabra dejó de ser vicepresidente en enero de 2011 y en mayo de ese mismo año la sociedad fue extinguida y el macroproyecto se guardó en un cajón.

Hasta octubre de 2013, mucho después de dejar su cargo, fue consejero de Proyecto Cultural de Castellón, una entidad pública encargada de gestionar los espacios culturales de la ciudad (auditorio, teatro, palau) y absorbida por Culturarts (órgano cultural de la Generalitat Valenciana) hace sólo unos meses.

Tras dejar la presidencia de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra recuperó un puesto para el que fue nombrado en 1975 y en el que estaba en una especia de excedencia desde su paso a primera línea política: secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. En septiembre de ese mismo año, ya como secretario general de la cámara, coincidió en un acto con su sucesor en la diputación, Javier Moliner.

Además de sus variadas participaciones en sociedades públicas o empresariales, Carlos Fabra es presidente de su propia empresa: Golf del Mediterráneo, un club de campo inaugurado en 1978. Y padre de la diputada Andrea Fabra, casada con el exconsejero madrileño Juan José Güemes.

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