En aquellos países donde el registro electoral es complicado, a los votantes, tras introducir su voto en la urna electoral, se les pinta el dedo con tinta indeleble. Con ello se garantiza el sistema ‘una persona, un voto’: el que ya está marcado no puede votar de nuevo. En las últimas elecciones de Irak, en abril de 2014, el dedo pintado con tinta simbolizó el orgullo de la democracia frente al terrorismo. La empresa española Indra, sin embargo, había recibido la adjudicación, por 130 millones de dólares, de la organización de las elecciones para acabar con este sistema. Expidió 22 millones de tarjetas electorales que complementaron al más rudimentario sistema de la tinta indeleble, que se utilizó de todos modos.

No es la primera experiencia electoral de Indra. Desde antes incluso de que se denominara así, la multinacional española gestiona procesos electorales en todo el mundo. En España, desde la llegada de la democracia, ha realizado el escrutinio electoral de casi todas las elecciones, tanto a nivel autonómico como nacional. En las europeas de 2014, la empresa ha recibido la adjudicación del escrutinio y la organización de toda la infraestructura técnica (mesas administradas electrónicamente, apps, apoyo informático) por 13 millones de euros

Aunque lo monopoliza, Indra no está sola en el mercado de logística electoral. La también española Scytl, especializada en voto electrónico (subcontratada en 2010 por Indra para implantar el fallido sistema de voto electrónico de la consulta sobre la reforma de la Diagonal en Barcelona) e Ibermática, responsable del escrutinio de las elecciones al Parlamento Vasco de 2009, intentan competir contra el gigante.

Pero Indra es un gigante con muy buenas relaciones con el Estado, más allá de las tripas electorales y la logística de la democracia. Desde su creación en 1993 con mayoría accionarial estatal (mediante el extinto Instituto Nacional de Industria, renombrado SEPI en 1996) la empresa ha dominado el sector de los servicios al sector público. Sistemas de radares y aviones no tripulados para Defensa, sistemas de vigilancia de las fronteras de Melilla y Ceuta para Interior, software para las administraciones públicas, gestión de infraestructuras y una multitud de servicios a diversos sectores. 

Esa buena relación con el Estado se observa también en su accionariado. En él siempre ha tenido un fuerte papel lo público, bien mediante antiguos políticos, miembros de empresas públicas, o mediante gestión directa del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De pública a semipública

Hasta 1998, Indra fue esencialmente pública. Ese año, el Gobierno de Aznar, enfrascado en un amplio proceso de privatizaciones (en dos años privatizó grandes empresas como Argentaria, Enagás, Endesa, Telefónica, Iberia, Repsol, entre otras), vendió la participación estatal en Indra, que comenzó a funcionar con capital privado. Pero el sector público no tardó en volver, aunque fuera de forma indirecta, a la multinacional. En 2005, Caja Madrid se convirtió en el accionista mayoritario, con un 15% que en 2008 se elevó a casi un 20%. Tras el rescate de Bankia, la entidad comenzó un proceso de desinversión en las empresas donde tenía participación (para así sanearse) que le llevó a vender, en 2013, sus acciones de Indra a la SEPI. Con esta acción el Estado volvió a ser accionista mayoritario de la multinacional española, con un 20%.

Bankia ya no es accionista de la empresa, pero quedan rastros de ella. Su vicepresidente, Daniel García-Pita, fue consejero de Caja Madrid Cibeles, la financiera de Caja Madrid que adquirió el City National Bank de Florida por el que Miguel Blesa, entonces presidente de la caja, fue imputado. Una vez constituida Bankia, se mantuvo como consejero de su rama financiera hasta febrero de 2012. Actualmente, aparte de ser vicepresidente de Indra, es presidente de Inversis Banco, que hasta 2013 fue propiedad de Bankia (poseía un 38,5% de las acciones) y ahora maneja la Banca March.

El presidente de Indra, Javier Monzón, también fue consejero de Inversis hasta 2011, y sus inicios empresariales arrancaron en Caja Madrid como Director de Grandes Empresas. De ahí pasó a Telefónica (donde fue director financiero y presidente de Telefónica Internacional), en la época en la que Luis Solana era presidente, antes de trasladarse a Indra para presidirla en 1993. Tanto él como su segundo de a bordo, García-Pita, son consejeros de grandes constructoras: Monzón de ACS, Pita del Grupo Villar Mir.

En el consejo de administración de Indra coinciden antiguos miembros de empresas públicas y algún que otro expolítico. Los dos representantes de la SEPI son caras conocidas de la política española. Juan Carlos Aparicio fue secretario de Estado de la Seguridad Social y ministro de Trabajo con Aznar, y hasta 2011 alcalde popular de Burgos. En Indra es vocal de la comisión de Auditoría. Su compañero, Adolfo Menéndez Menéndez, socio del prestigioso bufete de abogados Uría Menéndez, ha sido subsecretario tanto en el Ministerio de Defensa como en el de Interior, y es también Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias. Tiene una larga experiencia en empresas públicas (Renfe, Tabacalera, Telefónica), en las que ha sido consejero hasta su privatización. También hasta su privatización estuvo el consejero Ignacio Santillana en Telefónica, antes de presidir la editorial Santillana y dirigir Prisa. 

El ex ministro socialista Julián García-Vargas, que ocupó las carteras de Sanidad y Defensa entre 1986 y 1995 (dimitió por el escándalo de las escuchas del Cesid) y presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO), completa el plantel de excargos públicos en Indra. García-Vargas fue hasta 2009 presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, una prueba más del interés de Indra en seguir siendo el gran gigante al servicio del Estado. 

  • Mónica de Oriol, presidenta de Seguriber (empresa encargada de la seguridad del Madrid Arena) y del Círculo de Empresarios, y conocida por sus declaraciones sobre los jóvenes y el salario mínimo, es también consejera de Indra.
  • Al 20% de la SEPI, controlada por el Ministerio de Hacienda y dependiente directamente del ministro Cristóbal Montoro, se le une en el accionariado de Indra la Corporación Financiera Alba, propiedad de Banca March, con un 11%; y Casa Grande de Cartagena, el grupo de inversión de la familia Del Pino, con un 4%. El resto, un 65%, se reparte entre inversores minoritarios.