El ministerio que dirige Luis de Guindos obvia informar de los nombres de empresas y representantes del sector del tabaco con los que se reunió para hablar sobre la transposición de la última directiva europea del tabaco. El secretario de Estado de Comercio y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa recibieron a miembros del sector tabaquero mientras en Europa y en el Congreso se debatía la normativa de control de productos del tabaco; pero el ministerio que dirige Luis de Guindos no facilita los nombres de sus interlocutores.

La única información que ofrece Economía, tras una solicitud de información, es una agenda parcial con menciones genéricas de los asistentes como “Director General de una empresa del sector”, pero que evita dar el nombre de las compañías y asociaciones. Una respuesta deficiente, recurrida ante el Consejo de Transparencia, que traiciona el principio de transparencia del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, un tratado que España firmó en el año 2003. Entre otras cuestiones, sus directrices insisten en “limitar las interacciones con la industria tabaquera y asegurar la transparencia de las que se produzcan” y sugieren la publicación de sus actas, todo para evitar “dar la impresión” equivocada sobre la influencia de las empresas en el freno a políticas de salud.

Con su respuesta, Economía esconde el nombre de las organizaciones que se reunieron en tres ocasiones con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y de la empresa que se reunió con el entonces secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, hoy en el FMI.

En sus exigencias de transparencia la OMS es clara: “La industria tabaquera ha funcionado durante años con la intención manifiesta de socavar el papel de los gobiernos y de la OMS en la aplicación de las políticas de salud pública encaminadas a combatir la epidemia del tabaquismo”. Además, el tratado rechaza los incentivos a la industria tabaquera “debido a que sus productos son letales”.

No me llames Dolores, llámame ‘lobby’

Por su parte, otros ministerios sí que respondieron con toda la información solicitada ante la misma petición. Así, conocemos el lugar, las fechas y el contenido de las reuniones celebradas en los ministerios de Sanidad, de Hacienda y de Agricultura. El interés de fabricantes, importadores y mayoristas de tabaco que visitaron los ministerios giró sobre todo en la posición de España en relación con la Directiva de Productos del Tabaco, en periodo de revisión en aquellos momentos, que regula aspectos de su fabricación, presentación y venta

Mientras en Hacienda tenían lugar las reuniones de oficio mensuales de la Mesa del Tabaco, compuesta por representantes públicos, de los consumidores y de las empresas del sector; en Sanidad las conversaciones de algunos invitados saltaban de la regulación sanitaria a enfatizar el peso del mercado del tabaco en España.

En su contestación, Sanidad rehúye del apelativo ‘lobby’ al referirse a sus interlocutores. ANCE y TVECA, asociaciones de fabricantes y distribuidores de cigarrillos electrónicos, acudieron a sus tres entrevistas en dicho ministerio acompañadas por EPPA (European Public Policy Advisers). una empresa de servicios con sede en Bruselas que colabora “en temas regulatorios en la UE”, según Sanidad. Es decir, un grupo de presión. De hecho, EPPA está inscrita en el registro europeo de lobbies. Pese a evitar tildar de lobistas a sus visitantes, el Ministerio de Sanidad sí que detalla el contenido de sus encuentros.

Más vagas son varias de las descripciones del Ministerio de Agricultura, con una agenda más extensa que los otros departamentos del Gobierno. “Análisis del futuro del sector del tabaco en España”: esta locución, que se repite en los registros de entrevistas, es un cajón de sastre para definir el contenido de las reuniones con empresas como Japan Tobacco International, una de las que más visitaron los ministerios entre 2012 y 2015.

Convenios oportunos y oportunistas

En abril de 2013, Miguel Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habló de la idoneidad de la directiva en un acto oficial. El evento en cuestión era la firma de un convenio de colaboración con Philip Morris. Del acuerdo, Arias Cañete alabó su “oportunidad” al producirse antes de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y a la modificación de la directiva europea sobre el tabaco.

En el convenio de colaboración, la tabaquera se comprometía a comprar 11.340 toneladas de hoja de tabaco a productores españoles entre 2012 y 2014. Por su parte, el Estado defendería la sostenibilidad de su cultivo “adoptando las medidas y los posicionamientos necesarios en los distintos foros de decisión”. Tres meses después, Arias Cañete anunció en el Congreso que la negociación de la PAC permitió al cultivo del tabaco ser beneficiario de las ayudas acopladas –subvenciones dirigidas a la sostenibilidad de determinados cultivos–, unos importes que no estaban en la primera propuesta de la Comisión de la UE. En su intervención, el ministro recordó que el primer objetivo del Gobierno fue cambiar la propuesta inicial que calificó de “muy lesiva para los intereses españoles”.

Y aunque el ministro cumplió con su parte del acuerdo –defender la sostenibilidad del cultivo–, Philip Morris aún podía negarse a comprar casi 4.000 toneladas de tabaco español. La cláusula quinta del convenio permitía a la tabaquera rescindir lo acordado si a Philip Morris no le encajaba la propuesta revisada de la Directiva sobre Productos del Tabaco. Esto es, la última compra –la más significativa– y la renovación del convenio dependía de cómo afectara la norma europea a las cuentas de la compañía. No caben dudas de la “oportunidad” –en palabras de Miguel Arias Cañete– del convenio de colaboración entre Philip Morris y el Ministerio de Agricultura; la pregunta es: ¿para quién?