El 15 de julio de 2013, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas afirmó ante el juez Pablo Ruz la existencia de una supuesta contabilidad B de su partido, en una contradicción con su anterior declaración en el mismo proceso de instrucción. Las pruebas, según el exsenador del PP, eran los llamados papeles de Bárcenas que contenían una supuesta relación de donativos irregulares de empresarios y de pagos a personas vinculadas al Partido Popular, cuyas identidades estaban ocultas bajo iniciales. Dos años después, la transcripción de dicha comparecencia se ha convertido en el guión de una película: B, la adaptación cinematográfica de la obra Ruz-Bárcenas.

En su comparecencia en la Audiencia Nacional, Bárcenas va dando nombres, con mayor o menor precisión en función de su memoria, a las anotaciones que aparecieron publicadas en los diarios El Mundo y El País. Como en Quién Manda no nos basamos en los “supuestamente”, sino en el rigor y las fuentes verificadas, y como los hechos susceptibles de ser delictivos no han sido aún juzgados, no hemos añadido la información declarada por el extesorero del Partido Popular como fuente de relaciones. Esto es, no damos por reales las declaraciones de Bárcenas. Este artículo pretende que, ante el aluvión de los más de 90 nombres de personas y empresas que se suceden en la película, el espectador conozca quiénes son los señalados por Pedro Casablanc –en el papel de Luis Bárcenas– en dicha declaración, sin entrar en los episodios narrados y que deberán ser juzgados en la Audiencia Nacional.

“No mantengo esa afirmación”

El Partido Popular pasó de defender la inocencia de Luis Bárcenas a calificar como un error haber confiado en él. La conversión la encarnó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Cámara Alta, apenas quince días después de la segunda declaración del extesorero, en la que identificó los supuestos pagos de sus anotaciones.

El marco temporal de lo comentado en la película se centra en los años en los que Luis Bárcenas estaba bajo las órdenes de Álvaro de Lapuerta, quien fue el tesorero desde 1993 hasta el año 2008, tras el vacío que Rosendo Naseiro dejó en la tesorería a principios de los noventa. Lapuerta, que entró en política desde 1967, cuando fue nombrado procurador de las Cortes Españolas, fue uno de los fundadores de Alianza Popular, junto a su cuñado Federico Silva Muñoz, exministro de Obras Públicas de Franco.

A la hora de identificar las anotaciones que aparecen en sus documentos, a petición del juez Ruz, Bárcenas señala varios nombres que corresponden a diferentes empresarios: Juan Roig, presidente de Mercadona; Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL y, según Bárcenas, amigo personal de Álvaro Lapuerta; Luis del Rivero, presidente entonces de Sacyr; y José Luis Moreno, productor y ventrílocuo.

Otros empresarios menos conocidos son Manuel Contreras, del grupo AZVI; José Luis Sánchez Domínguez, consejero delegado del grupo empresarial Sando; José Mayor Oreja, vinculado entonces a FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior; Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas; Lucio Moreno, vinculado con la empresa de certificación de vehículos Applus.

Por su parte, Luis Bárcenas ataca con insistencia a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En su declaración, la lucidez con la que narra episodios protagonizados por la entonces senadora por Castilla-La Mancha languidece a la hora de identificar la anotación ‘J.M.’. Entonces, su colega y exsenador por Cantabria duda entre Jaime Mayor o el expresidente José María Aznar como uno más de los supuestos perceptores de sobresueldos.

Así, con una claridad intermitente en sus recuerdos, Luis Bárcenas escudriña los nombres de otros políticos bajo las iniciales y anotaciones, y da nombres como el del actual presidente de su partido, Mariano Rajoy; secretarios generales como Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal; Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas; Ana de Palacio, exministra de Asuntos Exteriores; Pilar del Castillo, exministra de Educación; Jaume Matas, exministro y ex presidente de Baleares; Federico Trillo, embajador en Londres; Rodrigo Rato, expresidente de Bankia; Pío García Escudero, presidente del Senado; el asesor político del PP, Pedro Arriola; el diputado popular Eugenio Nasarre, vinculado a la Fundación Humanismo y Democracia

Libertad digital

En un momento dado, Luis Bárcenas solicita extenderse en la explicación de una de las entradas de dinero a su caja B. Se trata de un episodio en el que Libertad Digital acomete una ampliación de capital en su sociedad. Según Bárcenas, los hechos se desencadenan tras recibir una llamada de Ángel Acebes, ex secretario general del PP. En su despacho, Acebes les pide que pongan en conctacto a Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, con posibles inversores.

Ya que no disponían de suficiente tiempo, Álvaro Lapuerta propone suscribir temporalmente acciones de Libertad Digital a diferentes personas del partido, como Francisco Yañez, trabajador del Partido Popular ya fallecido, y él mismo. Todo ello, según Bárcenas, con el efectivo de la caja B.

Tiempo después, Luis Bárcenas anota entradas de efectivo en la contabilidad opaca, correspondiente al retorno de lo invertido en compras de acciones de Libertad Digital. Sin embargo, Álvaro Lapuerta no llegó a devolver el dinero que tomó del partido, según su propio exgerente.

De forma tangecial, durante la sesión aparece el nombre de Miguel Blesa, exinspector de Hacienda, que asesoró, según Bárcenas, al PP en la liquidación de varias sociedades asociadas al partido, entre otros asuntos; y también nombra a José Manuel Romay Beccaría, que lidió en un primer momento con las cuentas y la tesorería del Partido Popular, tras el estallido del caso Bárcenas.

La segunda parte de la película

El 23 de marzo de 2015, el juez Pablo Ruz finalizó la investigación de la causa de los papeles de Bárcenas. En su auto Ruz sienta en el banquillo a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, exgerente del partido, por delitos contra la Hacienda pública. A los dos primeros les añade a su imputación delitos de apropiación indebida.

Además, a los responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, también les imputa delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental, tras el pago en B de un total, según el juez, de 1.552.000 euros realizado por el PP tras la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid. El juez instructor entiende que tanto el Partido Popular como Unifica, son responsables civiles subsidiarios tras los indicios encontrados.

Con todo, y tras varios años de instrucción, Pablo Ruz decretó el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones respecto de los 21 empresarios que llamó a declarar a lo largo del proceso judicial, al igual que lo hizo con Ángel Acebes. La segunda parte de esta película llegará a los tribunales en los próximos meses.