Han pasado casi dos meses desde que entró en vigor el registro de grupos de interés de Cataluña y, a día de hoy, solo dos entidades están registradas y, además, al menos una lo está de forma incompleta. Además, desde la aprobación de la Ley de Transparencia catalana en diciembre de 2014, el nivel de exigencia de este registro de lobbies se ha ido diluyendo, dejando fuera de la obligación de transparencia a grupos como organizaciones empresariales, sindicatos o iglesias.

A 29 de noviembre, el buscador del registro solo ofrece dos resultados. El primero corresponde a Kreab, una consultora internacional que también trabaja en la Unión Europea; y el segundo a Reinicia Catalunya, la agrupación de entidades civiles que promueve la independencia. Otras ocho peticiones están a la espera de sumarse a esta pequeña lista, según informa el propio buscador.

Aunque tienen el mérito de ser la única consultora que se ha inscrito en el registro, la información que ofrecen desde Kreab es incompleta. Aunque durante toda la inscripción repiten en varias ocasiones que actúan en nombre de sus clientes, a la hora de rellenar el apartado que les obliga -como a todas las consultoras- a identificar a esos clientes, afirman que se registran para llevar a cabo “actividad propia”. Lo que sí publican es que tienen intereses en sectores tan variados como los transportes, la energía, la alimentación y el consumo, la agricultura, los servicios financieros, la economía digital y colaborativa, la sostenibilidad y el medio ambiente.

¿Con quiénes se reúnen y para qué? No es público

El artículo 49.2 de la ley establece que “el registro debe dar publicidad de las actuaciones de los grupos de interés, especialmente de las reuniones y audiencias celebradas con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados, y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones con relación a las materias tratadas”. ¿Eso significa que podemos saber con quiénes se reúnen y para qué? No. Lo cierto es que ninguno de los dos inscritos hasta el momento da cuenta de sus reuniones con representantes de la Generalitat u otros organismos públicos. Al menos, no de forma concreta. Pero es que el modelo de inscripción no les obliga a contestar a esas preguntas.

Ambas entidades responden de forma afirmativa a la pregunta de si se reúnen o comunican con representantes públicos para incidir sobre decisiones políticas, pero no concretan de qué reuniones o contactos se trata. Kreab afirma que celebran reuniones y envían emails y cartas para “trasladar a las autoridades y miembros de la administración”, en nombre de sus clientes, “información de interés para los asuntos sobre los que tienen competencia”.

Reinicia Catalunya tampoco concreta. La entidad asegura que lleva a cabo “todo tipo de comunicaciones y comunicaciones” con “todo tipo de autoridades y empleados públicos” y que las celebrarán “cuando sea pertinente”.

Iglesias, sindidatos y organizaciones empresariales, excluidos del registro

La creación del registro de grupos de interés en Cataluña, algo que no estaba incluido en la ley española, supuso un paso adelante hacia la transparencia, pero se ha ido diluyendo desde su aprobación, a veces bajo manta y sin cumplir de forma clara los requisitos legales. Primero se rebajó a través del decreto que regula el reglamento, que excluyó de la obligación de inscribir en el registro el trabajo de representación de sindicatos y organizaciones empresariales. Así, el decreto -aun siendo de rango menor- modificó la norma que debía desarrollar, la Ley de Transparencia de Cataluña, que solo excluía la prestación de asesoramiento jurídico.

Con la puesta en marcha del registro se dio un paso mas, esta vez sin modificación legal mediante, para excluir a otras entidades. Así, su propia página web excluye también de la obligación a los partidos políticos y “las iglesias”. Eso sí, aclara que sindicatos y organizaciones empresariales sí deberán inscribirse, pero solo para declarar actividades distintas a sus funciones públicas.

Esperando al reparto de la publicidad institucional

Otra de las mejoras que trajo la Ley de Transparencia de Cataluña fue la obligación de publicar el reparto de las campañas de publicidad institucional por cabeceras, esto es, en qué medios se ponen esos anuncios. Así, la norma obliga a publicar, desde el 1 de julio, fecha de su entrada en vigor, “el coste de las campañas de publicidad institucional, desglosando los distintos conceptos de la campaña y el importe contratado a cada medio de comunicación”. Esa información, a día de hoy, no aparece en el portal de transparencia de la Generalitat.

Hemos preguntado, vía solicitud de información, cuándo se va a hacer pública esta información. En su respuesta, que llegó más tarde del plazo estimado por la propia ley -un mes-, aseguran que están publicando muchos datos en el nuevo portal, que es un “gran esfuerzo” y que están trabajando en ello. Pero no contestan cuándo va a ser pública la información por la que preguntamos. Manzanas traigo.

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