Solo tres de 28 autoridades portuarias están presididas por perfiles técnicos e independientes

La presidencia de una autoridad portuaria (AP), organismo que administra, gestiona y explota puertos de competencia estatal, es un buen cargo público, si nos fijamos, al menos, en el salario. Entre la retribución básica y la variable, en 2020 la media se situó por encima de los 93.000 euros al año –como referencia, el presidente del Gobierno cobró 84.845 euros brutos–. Pese a que son altos cargos del Estado, son las propias autonomías quienes eligen a los presidentes de aquellas autoridades portuarias situadas en su territorio. Si tienen carnet de su mismo partido, mejor.

Solo tres de los 28 presidentes actuales –los de Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Ferrol-San Cibrao– no están vinculados de forma directa con un partido político. Del resto: 14 con el PP, seis con el PSOE, dos con Junts, dos con el PNV y uno con el Partido Regionalista de Cantabria. Mientras que los tres independientes tienen formación o experiencia vinculados con el sector portuario o urbanístico, entre los 25 restantes hay de todo.

Pilar Miranda Plata (PP), la responsable de la autoridad portuaria de Huelva, es abogada experta en mediación familiar y ocupó la concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento onubense durante 16 años. Rafael Simo Sancho (PSOE), al timón del puerto de Castellón, es profesor licenciado en Matemáticas, aunque antes ocupó la concejalía de Urbanismo de la capital de la Plana.

Quien quizás cuente con una trayectoria más ajena al sector portuario es Jesús Vázquez Almuiña (PP). Este médico especializado en Derecho sanitario fue el conselleiro de Sanidade que supervisó la respuesta de la Xunta de Galicia a la pandemia. Tras sacarlo del Gobierno, Feijóo le recolocó al frente del puerto de Vigo, segundo puerto gallego por facturación, detrás de A Coruña. Otro exconsejero repescado es Damiá Calvet (Junts per Catalunya), quien perdió las primarias de su partido frente a Laura Borrás. Hoy Calvet preside la primera autoridad portuaria del país, la de Barcelona, y la mejor remunerada, con un salario cercano a los 114.000 euros anuales.

El único requisito legal es que las nominadas sean “personas de reconocida competencia profesional e idoneidad”. ¿Esto qué significa? “Es un concepto jurídico indeterminado” cuya interpretación corre a cuenta de quien les nombra –los gobiernos de las CCAA–, explica José Miguel Lubián, responsable del área de Puertos del Sindicato Marítimo-Portuario de UGT. “La cuestión es que el nombramiento se realiza atendiendo a un criterio subjetivo, en el que puede primar la lealtad a un determinado partido político sin necesidad de justificar de forma objetiva su profesionalidad e idoneidad y no realizarse una evaluación de los resultados en la gestión bajo el principio del interés general”, arguye Lubián.

Política municipal y vínculos familiares

Un ayuntamiento es un buen trampolín para recalar en una autoridad portuaria. Un ejemplo es el de Teófila Martínez (PP), beneficiada por la renovación de los puertos andaluces con la entrada de PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta. Martínez fue alcaldesa de Cádiz durante 20 años, hasta 2015, cuando perdió la alcaldía. En paralelo ha sido senadora y diputada popular en un total de nueve legislaturas, hasta 2019, cuando el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) la nombró presidenta del puerto de la Bahía de Cádiz.

Santiago Rodríguez Vega (PSOE) fue también alcalde. En su caso, de Avilés, por el PSOE y durante 15 años. Al igual que su colega andaluza, su experiencia previa con el sector le viene impuesta por ley: fue consejero de la autoridad portuaria durante 13 años al estar situada en su municipio, hasta 2007, cuando dejó la alcaldía. En 2012, con el regreso del Partido Socialista al gobierno del Principado de Asturias, Rodríguez Vega fue nombrado presidente de la autoridad portuaria de Avilés.

Dos nombres, aparte de los vínculos políticos, tienen relaciones familiares con altos cargos de los partidos, aunque son de los que también tienen experiencia en el sector. José Benito Suárez Costa (PP), ingeniero industrial y marino mercante, fue concejal pontevedrés y ex alto cargo de los gobiernos de Fraga. De hecho, era el director de Protección Civil cuando sucedió el desastre del Prestige. Suárez está casado con Ana Pastor, número dos de Pablo Casado, expresidenta del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento y Sanidad. Es, también, amigo de Mariano Rajoy y su compañero de caminatas veraniegas por la comarca de Salnés (Pontevedra). Suárez es de los más longevos en el cargo (gracias, también, a la permanencia del PP en la Xunta de Galicia).

Gerardo Landaluce (PP), al frente de la AP de la Bahía de Algeciras, comparte directiva provincial del Partido Popular de Cádiz con su hermano, José Ignacio, senador y alcalde de Algeciras desde hace una década. Sin embargo, Gerardo trabaja en el puerto de Algeciras desde 1996. Es decir, cuenta con fuertes vínculos con el PP pero también con más de 20 años de experiencia en el organismo que hoy preside.

La situación no es nueva. Desde 2015, ocho de cada diez presidentes de los puertos españoles (de un total de 69 personas que los comandaron) tenían vínculos con un partido u otro. En el expediente: militantes, listas electorales, concejalías, alcaldías, consejerías, presidencias o escaños. Desde el Sindicato Marítimo Portuario de UGT entienden el carácter político del puesto, al defender un sistema portuario público. Pero demandan una gestión profesional y un procedimiento de selección supervisado por un órgano independiente. Y, también, mecanismos de evaluación. “El convenio colectivo de los empleados públicos del sistema portuario contiene la evaluación del desempeño, pero, ¿quién evalúa a los altos cargos de los organismos portuarios?”, se pregunta el responsable de UGT. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco), la patronal del sector, declinó posicionarse en este tema.

Caso Puertos, Mar Blau, 3%, Isla de Talleres…

Joan Gual de Torrella, un empresario independiente, fue la primera elección del Govern de Francina Armengol (PSOE-Podemos-Més) para presidir los puertos de Baleares. Su detención en 2020 por presunta corrupción en la adjudicación de amarres en varios puertos bajo su competencia supuso el fin de su mandato. Joan Verger (PP) y Francesc Triay (PSOE), predecesores de Gual de Torrella entre 1999 y 2011, fueron investigados por una trama similar. El primero falleció durante la instrucción –no fue juzgado, aunque se le señaló como responsable de la trama– y el segundo quedó absuelto. El caso se cerró con tres condenados, que tras un acuerdo con Fiscalía, aceptaron la corruptela. Gual de Torrella fue relevado por Francesc Antich (PSOE), expresident balear en dos legislaturas.

El caso del 3%, de presuntos pagos irregulares a Convergència Democrática de Catalunya (CDC), salpicó también al puerto de Barcelona de Sixte Cambra Sánchez, exsenador de CiU. Presidente entre 2011 y 2018, Cambra está imputado por un delito continuado de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias por presuntamente “direccionar los concursos públicos o informar privilegiadamente” a las empresas concesionarias, según un auto de la Audiencia Nacional que instruye la causa. En paralelo, la investigación señala donaciones realizadas por una de las adjudicatarias, la constructora COPISA, a fundaciones del CDC en relación a varias licitaciones de la autoridad portuaria. Con la instrucción terminada, la causa está a la espera de ser elevada a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, confirma la Audiencia Nacional.

En Melilla, Víctor Gamero repite como presidente. En 2002 dimitió tras pretender subastar unos terrenos por 3,9 millones de euros, frente al valor mínimo de 5,6 millones autorizado por Puertos del Estado. Fue absuelto de un delito de alteración de precios en 2006 por falta de pruebas, según recogió entonces Diario Sur. La cúpula directiva que le sucedió en el puerto vendió los terrenos por 7,8 millones, el doble. Ex de los populares, Gamero retornó gracias al gobierno melillense de coalición, con el PP en la oposición. En 2020, en la otra ciudad autónoma, el expresidente del puerto de Ceuta José Francisco Torrado (PP) fue condenado a seis años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, según EFE.

El expresidente de la AP de Santa Cruz de Tenerife Ricardo Melchior (Coalición Canaria) está bajo investigación judicial por un presunto repóker de delitos de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil, según adelantó Mírame TV. De momento está inhabilitado por cinco años para el ejercicio de cualquier cargo público tras fichar de manera ilegal por Loro Parque, grupo propietario de varios parques temáticos en las islas al que le había concedido distintas licencias administrativas durante su presidencia del puerto de Tenerife. Pero Melchior también acumula otras causas por su anterior etapa en el Cabildo de Tenerife.

La Ley exige que el presidente de una autoridad portuaria sea una persona de “reconocida competencia profesional e idoneidad”, aunque eso quede bajo la interpretación de quien le nombra y, en la práctica, lo más frecuente es que baste la afinidad política. El cargo, a menudo un paso más de carrera política, lleva aparejado un buen salario. A veces, también, el paso por los tribunales. Y en un puñado de casos, condenas por corrupción.