Encontrarte con un ex en Madrid será difícil; encontrar un ex alto cargo público en una empresa privada, no tanto. Carmen Calvo y Pablo Iglesias, por ejemplo, pasaron de compartir consejo de ministros a compartir tertulia en la radio. Pero, además de las colaboraciones con medios de comunicación, hay más vida laboral después de la política. Y no solo hablamos de exministros, sino de exsecretarios de Estado, exconsejeros de la CNMV, ex directores generales, entre otros. En los destinos más frecuentes aparecen consultoras como Llorente y Cuenca, PricewaterhouseCoopers o Kreab; despachos de abogados como Gómez-Acebo & Pombo, Cuatrecasas, Uría Menéndez o Cremades & Calvo Sotelo; energéticas como Iberdrola o Enagas, bancos y entidades financieras como Santander, BBVA o Altamar Capital Partners, entre otros.

Los informes que cada semestre elabora la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) dan cuenta, desde 2015, de 1.712 personas que han sido o son altos cargos de la Administración General del Estado (AGE). A 30 de junio de 2021, fecha de cierre del último informe disponible, había 740 personas en activo. Las que abandonaron sus puestos, por ley, no pueden trabajar para una empresa que haya sido beneficiada o afectada por sus decisiones. Al menos, durante los dos años siguientes a su cese y, en este tiempo, deben tener el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses para realizar cualquier actividad.

Cuando decimos que cualquier actividad debe ser autorizada por la Oficina de Conflictos de Intereses nos referimos a toda actividad. Hasta un cameo en La Casa de Papel del expresidente de la Agencia EFE, Fernando Garea. El actual director de El Periódico de España comunicó esta colaboración con Vancouver Media, la productora de la serie, y recibió la luz verde de la OCI en septiembre de 2020.

Casi la mitad de los exministros y ex secretarios de Estado –la mayoría del PP puesto que estuvieron al frente del Gobierno hasta mediados de 2018–, han acabado en el sector privado solo durante este periodo de enfriamiento. Por su parte, los primeros exministros de Sánchez continuan en política y con posiciones destacadas, como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, o María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio, ambas presidentas de comisiones en la Cámara Baja. Otros siguieron de alguna manera vinculados a lo público. Máximo Huerta, titular por seis días de Cultura y Deportes, que dimitió por verse envuelto en un fraude fiscal, presentó durante dos temporadas un magacín en TVE. Y Carmen Montón, exministra de Sanidad, tras un breve paso por la Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed), organización formada por, entre otros, empresas del sector sanitario y farmacéutico, regresó como Embajadora Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos tras el archivo del caso máster, sobre el plagio de su tesis de final de máster, que le costó el puesto.

La última renovación del Ejecutivo, la del pasado mes de julio, aún no figura en los informes de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así, Carmen Calvo, la exvicepresidenta, e Iván Redondo, el ex jefe de Gabinete de Sánchez, cesados el 10 y el 13 de julio, por poner dos ejemplos, figuran como activos ya que cerraron este listado días antes de su salida. Sin embargo, gracias a la información disponible en el Portal de Transparencia, sabemos que Calvo cuenta con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para colaborar con la SER. Y Redondo, quien afirmó en La Sexta que sería columnista para La Vanguardia, aún no habría recibido el visto bueno a fecha de publicación de este artículo.

Movimientos de ex altos cargos publicados por la Oficina de Conflictos de Intereses

Las consultoras y despachos de abogados son de las empresas privadas que más ex altos cargos reciben. Daniel Fuentes, exdirector del departamento de Información Económica de Moncloa, fichó por Kreab, donde ya trabajaba el exministro de Justicia Rafael Catalá (PP). Desde 2015, empresas del grupo Ernst & Young han recibido al menos a seis ex altos cargos –todos ex populares–, desde los exministros Isabel García Tejerina (Agricultura) o Román Escolano (Economía), tres secretarios de Estado –Juan Pablo Riesgo (Empleo), Miguel Ferre (Hacienda) y Marta Fernández (Presupuestos y gastos)– y la vicepresidenta de la CNMV Lourdes Centeno.

¿Qué limitaciones tienen los ex altos cargos para ejercer en el sector privado?

  • La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo establece que durante dos años después de su cese no podrán trabajar para entidades privadas –ni del mismo grupo– que haya sido afectadas por decisiones en las que hayan participado.
  • Durante dos años no podrán contratar, de forma directa o indirecta, con la administración pública en la que trabajaron, siempre que guarden relación con las funciones que tenían en el cargo.
  • En este periodo, antes de empezar a trabajar con el sector privado, los altos cargos deben informar a la Oficina de Conflictos de Intereses, que se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar.

Los mandos militares tampoco se quedan atrás. Armamentísticas y otras empresas de la industria de la defensa, como Airbus Defence and Space o Everis Aeroespacial, son, después del pase a situación de reserva, de los destinos más frecuentes. También hay militares de tres y cuatro estrellas que, a pesar de su retiro, encontraron hueco en empresas como Abengoa (José Luis Urcelay, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada) o Iberdrola (Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, y Fernando García, ex JEMAD).

No siempre se comunican las nuevas actividades

Aunque es mucho más llamativo el paso de lo público a lo privado, lo más frecuente es el reingreso en la función pública, la vuelta al escaño o al partido político, la jubilación o el paro. Al menos, solo con lo que sabemos por la primera declaración presentada. Porque, aunque la Ley obligue a notificar cada nueva actividad en los dos años posteriores al cese, no siempre se hace.

Tras su cese como delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa solo comunicó su reingreso a su plaza de funcionaria. Sin embargo, un año después de su cese –y por tanto, dentro del plazo en el que está obligada a informar a la Oficina de Conflictos de Intereses– se incorporó como viceconsejera de Vivienda del Gobierno madrileño, algo que no consta en los informes de la OCI. Dancausa, que dirige hoy la Consejería de Familia en la Comunidad de Madrid, explica que poco después de retomar su plaza como funcionaria en 2018 se jubiló y que, meses después, cuando le ofrecieron entrar como viceconsejera en el primer Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, rellenó todos los papeles que le pidieron en la Comunidad. Ninguno del Gobierno central. Pero es que es el ex alto cargo quien debe comunicarse a la Oficina de Conflictos de Intereses cualquier cambio de actividad, aunque no existan conflictos, ya que esta no los registra de oficio. Pero no es el único caso.

De María Claver, periodista, solo consta su situación de desempleo tras salir de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, un órgano de Exteriores de relación con los medios, a mediados de 2015. A finales del año siguiente, de nuevo, dentro del plazo legal en el que deben notificar cualquier nueva actividad a la OCI, comenzó a colaborar en programas como el de Ana Rosa Quintana. La tertuliana rechazó responder a Civio si comunicó sus nuevas actividades a la Oficina de Conflictos de Intereses. De Mónica Prado, una de sus sucesoras en esta dirección general del Ministerio, sí que consta su reingreso a Antena 3 Noticias el pasado mes de septiembre.

También hay algunos vacíos en el Gobierno de Pedro Sánchez. La exdirectora del Injuve Ruth Carrasco, también declaró quedarse en el paro y no consta su fichaje, pocos meses después, como asesora del Ministerio para la Transición Ecológica, algo que sí hicieron otros ex altos cargos cuando pasaron a la asesoría política. El objetivo de estas comunicaciones es evitar los conflictos de intereses, pero si la información es incompleta, la prevención flaquea.

Para realizar este reportaje hemos descargado los informes que publica la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Los datos van desde el que se cerró a junio de 2015 hasta el de junio de 2021, el último disponible. Hemos limpiado nombres y cargos, así como los nombres de las empresas de destino, que hemos agrupado en distintas categorías. En total, la base de datos –con información, entre altos cargos en activo y cesados, de 1.712 personas– contiene 10.239 filas de las que 1.384 contienen declaraciones de actividades al cese y comunicaciones de cambios. Para la visualización hemos quitado las filas en las que no existía información de destino, ya fuera público o privado, o aquellas en las que, de forma breve, se comunicó una situación transitoria (pensión compensatoria, reingreso a la función pública, desempleo o, incluso jubilación) antes de recalar en una nueva actividad. También hemos desglosado aquellas filas que contenían, en una sola, varias empresas o puestos públicos. Por tanto, una persona puede acumular distintos destinos.

Por otra parte, hemos agrupado y consolidado los departamentos de origen y las empresas u organismos de destino. Un ex alto cargo de la CNMV figura en los datos originales como adscrito a Economía. Pero, además, dado que se incluyen datos de varios gobiernos, hemos tratado de consolidar bajo un único nombre algunos ministerios, aunque en algunos casos hemos mantenido la nomenclatura original, dado el número de movimientos de ex altos cargos y que incorporaban dos grandes carteras (como Economía e Industria). Así con todo, el resultado final contiene 1.135 filas. Puedes descargar los datos aquí.

De las 972 personas cesadas, solo 21 no presentaron ninguna declaración de su nueva actividad: algunas porque fallecieron en el cargo, como José Manuel Maza, Fiscal General del Estado; otras que recibieron el visto bueno de su nueva actividad después del cierre del informe, como las colaboraciones del exvicepresidente Iglesias con distintos medios; de otras se desconoce los motivos. Es el caso de Ana Vanesa Torrente, ex directora gerente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo –dependiente de Interior–, de quien solo se conoce que intentó formar parte de las listas de Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones madrileñas pero de las que tuvo que salir tras no cumplir con los requisitos de empadronamiento en la comunidad. O de Antonio Budiño, director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra quien, una vez en la reserva, fue candidato de Vox por Pontevedra en 2019, aunque no consiguió escaño. Otros ex altos cargos sí que informaron de su participación en listas electorales.