Más de un millar de resoluciones del Consejo de Transparencia han sido ignoradas desde 2016

Que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligue a la administración pública a facilitar información a un ciudadano puede tener efecto. O no. Independientemente de lo que diga la ley. Hay ayuntamientos, diputaciones o ministerios que deciden ignorar las resoluciones que les obligan a ser transparentes. El proceso suele ser el siguiente: una persona o entidad realiza una solicitud de transparencia preguntando por unos datos, documentos o informes; el organismo público al que ha hecho la petición le responde que no se lo da (en parte o rechazando toda la solicitud); la persona recurre al CTBG la decisión y este le da la razón, obligando a la administración a facilitar lo que se le pide; la administración recibe esa resolución y la ignora durante meses o años.

Entre 2015 y marzo de 2025 esto ha ocurrido con 324 resoluciones sólo a nivel de la Administración General del Estado (AGE). Cifra que se suma a las 942 resoluciones a nivel autonómico o local de las que tampoco consta cumplimiento.

Desde 2016 está esperando un ciudadano o ciudadana que el Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca) le dé las actas de los plenos municipales. Tras denegarle el acceso a esos documentos, el CTBG resolvió que sí se trataba de información que debía ser pública y daba 20 días al ayuntamiento para que la entregase. Esta resolución se firmó el 27 de mayo de 2016 y a fecha de marzo de 2025, nueve años después, no hay constancia de que el consistorio haya entregado las actas. Este es el incumplimiento más antiguo que recogen los datos del Consejo.

“No hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar decisiones firmes que les vinculan jurídicamente”

Conforme han ido aumentando las solicitudes de transparencia desde la entrada en vigor de la ley -en 2014-, también ha crecido de forma paralela el trabajo del Consejo. Ese primer año con datos, 2016, fueron 77 las resoluciones que dictaron y 76 las que se cumplieron por parte de administraciones autonómicas y locales -excepto la de El Picazo-. Entre 2017 y 2022, el número de resoluciones rondó de media, por año, 370. De todas esas, se ha incumplido alrededor de un 25% de las dictadas cada año. En 2024, el último año completo, el número de resoluciones llegó a 428 y, de esas, todavía quedaban 101 por cumplir en marzo de 2025. “No hay justificación posible para que las administraciones dejen sin ejecutar decisiones firmes que les vinculan jurídicamente”, contaba el presidente del CTBG ante el Congreso de los Diputados en octubre de 2024.

En la actualidad, solo cinco comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla -además de la Administración General del Estado (AGE)- siguen resolviendo sus reclamaciones de transparencia a través del CTBG central, con la firma de convenios. El resto de comunidades disponen, cada una, de un consejo de transparencia propio, que han ido creando de forma escalonada desde 2015 con la llegada de la Ley de Transparencia. La mayoría pusieron en funcionamiento sus propios consejos en los primeros años tras la entrada en vigor de la ley -Aragón, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco-, por lo que sus reclamaciones se hacen a través de estos organismos y las resoluciones (y el cumplimiento o no de las mismas) no se incluyen en los datos del Consejo central. Otras han tardado más en crear estos organismos independientes y, hasta entonces, se han servido de los servicios del CTBG.

Así, en los datos aparecen, por ejemplo, los últimos resquicios de la colaboración con la Comunidad de Madrid antes de poner en funcionamiento su propio consejo de transparencia en 2022: al CTBG no le consta que a fecha de marzo de 2025 se hayan cumplido 147 resoluciones dictadas entre 2017 y 2022 que pertenecen a esta comunidad. Algunos ayuntamientos destacan en número de incumplimientos: Getafe tiene pendientes de cumplimiento 15 resoluciones, un par dictadas hace 7 años; el de Colmenar de la Oreja tiene 11, la mayoría de ellas relacionadas con documentación sobre la urbanización Balcón del Tajo Oeste; y otras 11 tiene el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra que se niega a dar información sobre contrataciones o plenos municipales. Entre los que no son consistorios locales, destaca, además de la propia Comunidad de Madrid -con al menos 18-, la Universidad Politécnica de Madrid, que ha incumplido ocho resoluciones, la mitad por no dar información sobre incompatibilidades de sus empleados.

Castilla-La Mancha ha sido la última autonomía en crear su consejo de transparencia y dejar el convenio con el CTBG. Y lo hace, nada más y nada menos, con 317 incumplimientos de resoluciones; solo de 2023 tenía pendiente de cumplir -en marzo de 2025- 199. La gran mayoría de organismos manchegos que desoyen las decisiones en firme sobre transparencia son los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Almoguera, en Guadalajara, acumula, él solo, 15 incumplimientos. De las veces que el Consejo le ha obligado a dar una información, solo lo ha hecho en siete ocasiones desde 2016. Es curioso que haya decidido ignorar al Consejo -en tres momentos diferentes- para no dar las declaraciones de intereses de los miembros de la corporación. El Ayuntamiento de Pastrana está también arriba en el ránking de desobediencia con 10 resoluciones de las que no consta cumplimiento, y las solicitudes ignoradas vuelven a versar sobre los mismos temas: declaraciones de intereses, actas de plenos municipales, contrataciones, subvenciones y presupuestos.

Entre las comunidades que siguen con el CTBG y, por tanto, tienen datos de incumplimiento de resoluciones hasta 2025, las entidades autonómicas y locales de Extremadura ganan por goleada a las otras cuatro comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Son 190 resoluciones ignoradas, lo que supone casi un 20% del total de los incumplimientos registrados. El consistorio local de Jerez de los Caballeros ha ignorado 13 veces las resoluciones de transparencia y el de Garganta de la Olla, en seis ocasiones. La Junta de Extremadura, por su parte, tiene otro listado de más de una quincena de expedientes por cumplir en los que la fecha límite ya ha pasado.

El Ministerio del Interior, el rey del silencio

El porcentaje de incumplimiento de resoluciones en la AGE es menor que el de las entidades locales y autonómicas, aunque no por eso menos grave. A marzo de 2025 había 324 resoluciones del Consejo ignoradas por los ministerios y otros organismos a nivel nacional. ¿Y cuál es el ministerio que más tiene pendientes? El de Interior, al que le corresponden casi la mitad de todas ellas: 135. Desde 2018 está esperando un solicitante que la Policía Nacional le envíe la legislación en la que se basa para determinar si una plantación de cannabis es cáñamo industrial o marihuana. El CTBG le dió 5 días hábiles a Interior para que enviase esa información, y a 31 de marzo de 2025 no hay rastro de ella. Interior también hace oídos sordos en sus obligaciones de remitir información sobre solicitantes de asilo deportados, el caso Issa Munkaila o los menores extranjeros no acompañados. Dos de cada diez resoluciones del Consejo que obligan al ministerio a facilitar información caen en saco roto.

Los Ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda, Inclusión o Presidencia también tienen tareas pendientes a este respecto pero ni de lejos llegan al montante de Interior. Presidencia, por ejemplo, ha decidido desoír las resoluciones del Consejo en relación con los viajes del presidente del Gobierno -a Castellón, a Cádiz, o a Latinoamérica- y Exteriores aquellas que tengan que ver con las comunicaciones con el Rey de Marruecos, entre muchas otras.

La inacción en la administración pública

¿Y qué solución existe para que las resoluciones de transparencia se cumplan? El propio presidente del CTBG explicó ante el Congreso de los Diputados que más allá de publicar en su web el listado de órganos que no cumplen y recordarles de forma periódica que tienen que hacerlo, no tienen más margen de maniobra: “Eso es todo cuanto podemos hacer porque la ley no nos atribuye más potestades”. Y añade: “La experiencia de estos años pone de manifiesto que esto no es suficiente para poner fin a una práctica que es, a todas luces, inaceptable”. Como consecuencia, el peso de hacer cumplir un acto administrativo firme como es una resolución de transparencia recae en el solicitante de la misma, eso sí, si cuenta con el tiempo, las ganas y los medios económicos para llevar a la administración a juicio por inactividad.

El abogado Samuel Parra es una de esas personas que llegó a los tribunales para que Radio y Televisión Española (RTVE) le facilitara información sobre un contrato entre el ente público y la productora Zebra Producciones para la realización del programa “¿Cómo lo ves?”. Parra, como particular, reclamó ante el Consejo la negativa de RTVE a darle copia de los contratos escudándose en que hacerlo público le perjudicaría a la hora de competir con otras cadenas. El Consejo dictó que esa información debía ser pública y daba 15 días a RTVE para entregarla al solicitante. El ente público reaccionó llevando al Consejo a juicio para revertir la situación, pero la sentencia volvía a darle la razón al Consejo: esos documentos tenían que ver la luz. Pasaron los meses, Parra seguía esperando y RTVE seguía sin facilitarle la información. Entonces, decidió llevar él mismo al ente público a juicio, esta vez por inactividad de la administración. Durante la espera del juicio, RTVE entregó la copia del contrato que con tanto afán había guardado bajo llave hasta entonces. Esto, sin embargo, no frenó el proceso judicial: Parra siguió adelante para que RTVE cubriera las costas. Y así ocurrió: 3.000 euros tuvo que pagar la administración por no querer RTVE torcer el brazo y dar el documento en tiempo y forma. La tele pública tiene más de 20 resoluciones que ha decidido ignorar.

Siguiendo la estela de Parra, Civio ha decidido llevar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a la Audiencia Nacional por ocultar los nombres de los asesores de los distintos ministerios. Esto ocurre después de que el Consejo obligara a Hacienda a proporcionar dichos nombres y este haya decidido ignorarlo durante más de un año.