Sin hacer ningún ruido y con un simple título de “nuevo texto” colgaba el Gobierno en su web la nueva versión del anteproyecto de Ley de Transparencia. Una semana antes, el Ejecutivo hablaba de “significativas modificaciones”, tras incorporar las aportaciones de los ciudadanos. Sin embargo, ese nuevo texto presenta pocos cambios estructurales, como se puede ver en la comparación de las dos versiones.

No se considera el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; no cambia la definición de información, que todavía incluye una decena de excepciones, y poco más se hace por garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia. Estos son los puntos a modificar en los que insiste la mayoría de miembros de la comisión de expertos convocada para mejorar la ley, pero que parecen no haber sido escuchados.

La Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones que lucha por el derecho de acceso a la información, ha mostrado su preocupación por la “insuficiencia” de la propuesta y ha mandado una carta al Gobierno exigiendo más transparencia en su tramitación.

“Con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos”, dijo Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, una de las organizaciones detrás de tuderechoasaber.es y miembro de la Coalición. “Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.

El borrador, que está siendo revisado por la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado, sí ha incluido la prueba de interés público. El problema es que ésta es solo aplicable a algunas de las excepciones. Además, ahora se habla de la exclusión de acceso a “informes internos”, pero sin definir este concepto.

Como aspecto positivo el texto incorpora esta vez sanciones por no responder reiteradamente a las solicitudes de información dentro del plazo de un mes marcado por la ley (artículo 17.5).

Todas estas modificaciones se han realizado, según el Gobierno, tras leer las casi 3.700 sugerencias que los ciudadanos hicieron durante dos semanas el pasado mes de marzo y abril. Sigue siendo imposible valorar en qué medida se han tenido en cuenta ya que a fecha de hoy ninguna de ellas ha sido publicada.

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