Los efectos de la transparencia sobre el Estado autonómico, a debate

El pasado 8 de octubre, la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) convocaron una jornada para debatir los efectos de la Ley de Transparencia sobre el Estado autonómico. En particular, si esta contribuirá a mejorar la interacción entre los distintos niveles administrativos de las autonomías en su servicio al ciudadano. Para ello, dos sugerencias que no son nuevas: aprobar una ley con ámbitos muy bien definidos y demostrar voluntad política para involucrar al ciudadano.

Inauguró el acto Benigno Pendás, director del CEPC, que consideró improbable la aprobación de la ley para antes de que termine el año. Pendás destacó la importancia de la Ley de Transparencia por el cambio de mentalidad, que a juicio del Gobierno, debe suponer para la Administración, y defendió la transparencia del proceso de elaboración frente a las críticas recibidas. Aún hay “tiempo de cambiar, de añadir enmiendas”, señaló, destacando que es crucial acertar en la definición de competencias de la ley porque su misión es ser el marco de referencia para el resto de administraciones.

Isabel Giménez Sánchez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, fue crítica en su turno con el actual texto. Giménez lamentó que las peticiones de los expertos y de la ciudadanía apenas se vean recogidas en el proyecto de ley, y que el derecho de acceso a la información no tenga categoría de fundamental.

Según apuntó, en el ámbito autonómico “se ha iniciado una carrera entre las Comunidades Autónomas por legislar. Los casos de Canarias y Cataluña obedecen más a un efecto imitación que a trabajos serios de estudio y consulta previa”. Nada que ver, según su opinión, con la Ley de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares (2009), la Ley de Transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega (2006) o la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra (aprobada en junio), a la que puso como modelo a seguir, entre elogios por la amplitud en la definición del concepto de información y por recoger el principio de neutralidad tecnológica.

Eliseo Aja, presidente del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat catalana, profundizó en el caso concreto de la transparencia en las políticas de integración de inmigrantes e identificó cierta falta de concisión en la ley. “Está hecha con buena intención, pero no tiene en cuenta los problemas de las autonomías”. Al margen de alguna información económica, Aja advirtió que ya se está haciendo pública gran parte de la información que entrará dentro del rango de la ley. En ese sentido, recomendó la difusión de ciertos indicadores sociales que ayuden a combatir la rumorología sobre los extranjeros y favorecer la convivencia.

“Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte”

Sobre la cuestión del “Buen Gobierno”, Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), animó a una toma de consciencia: “Nuestro sistema es opaco, la responsabilidad individual se diluye en lo público” y “nuestro grado de aceptación de la corrupción es alto”. Las administraciones son un reflejo de esta sociedad, añadió.

El director del INAP rechazó la necesidad de grandes inversiones para poner en práctica la cultura de la transparencia. “Va todo más allá de leyes y regulaciones jurídicas. Mucha de la información ya existe y está lista para ser publicada. Lo que falta es voluntad”, añadió Arenilla. “El 85% de las entidades locales no presentan sus cuentas. ¿Cuántas Comunidades Autónomas publican sus presupuestos de modo accesible y comprensible?”.

La solución, a juicio de Arenila, pasa por fortalecer a la sociedad: “Hace falta educar al ciudadano y activarlo para que sea fuerte, tenga conocimiento y exija responsabilidades. Hay que cambiar el modelo relacional con el Estado y corresponsabilizar a la ciudadanía del funcionamiento de la administración.”

Cerró la sesión María Dolores Llop Ribalta, jefa de Servicio de Asuntos Económicos e Intervención de las Cortes de Aragón, sobre los parlamentos autonómicos, “que tampoco se salvan de la desafección ciudadana. En 2011, la confianza de los españoles en el parlamento era del 21%“, y aventuró que la cifra sería peor si se hubiese preguntado por las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. Llop subrayó la importancia de lograr que los parlamentos sean el aglutinador de la gente que busca nuevas formas de expresarse y manifestarse, “más allá de votar cada cuatro años”.