El periodista freelance Daniele Grasso lleva 20 días intentando dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué empresas asesoran a las administraciones públicas? y ¿cuánto cuestan estos servicios? Para conseguir esa información, puso en marcha una serie de 13 peticiones destinadas a cada uno de los ministerios (dos de ellas a Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) a través de Tu Derecho a Saber.

Por el momento, los resultados no son nada alentadores: “Las trabas se han centrado en rebotarme de una ventanilla a otra, virtualmente hablando. En la mayoría de casos, el Ministerio me ha remitido a secretarías o departamentos de gestión del gasto. Los que hasta la fecha me han respondido (la Secretaría de Estado de Exteriores, en este caso) me han vuelto a enviar a la casilla de salida”, explica.

Pese a todos estos obstáculos, sigue insistiendo. En paralelo, actualiza a diario un documento en el que da buena cuenta de los resultados de sus peticiones. “¿Por qué la administración tendría que poner trabas a quién quisiera hacerse con estos datos públicos?”, insiste, además de recordar que “pedir información es la mejor forma para exigir transparencia. De este forma, además, se acostumbra a quien trabaja en la administración a ofrecer los datos disponibles a quien los reclame”.

Daniele ha planteado esta pregunta a:

¿POR QUÉ ESTA INFORMACIÓN NO ES PÚBLICA?

Tal y como cuenta Grasso, “en España, el gasto en este tipo de servicio está previsto en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se recoge en el área de “coordinación, gestión de recursos humanos, materiales y financieros, control de la gestión, apoyo informativo y asesoramiento jurídico y económico”, según se desprende de los Informes Económicos Financieros del Estado”.

“Como en todo lo que concierne a las partidas presupuestarias, no es posible conocer su ejecución: es decir, la administración no ofrece datos sobre cómo se gasta el dinero que se recibe en los presupuestos. El asunto se hace aún más peliagudo cuando se trata de utilizar ese dinero de los contribuyentes para contratar a empresas externas con la finalidad de recibir una opinión o una ayuda sobre determinados asuntos o de asesorar para la realización de un determinado programa o proyecto. También los contratos externalizados para consultorías o asesoramiento se publican en la Plataforma de Contratación del Estado.

Allí, un buscador permite visualizar y descargar cada uno de los contratos firmados entre sector público y empresas privadas. Pero “encontrar todos los contratos para consultorías no es tarea fácil: por el extenso número de documentos publicados y por la nomenclatura utilizada. Hace falta tener el ojo entrenado para darse cuenta de que Servicios para el apoyo a la gestión de los programas de I+D, Ciudadanía Digital, Contenidos Digitales y Servicios públicos digitales es un contrato de consultoría de 1.623.428,02 de euros con PricewatterhouseCooper, una gran multinacional del sector. Hay también casos menos enredados pero igualmente llamativos como los 25.000 euros que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha pagado a Telefónica para servicios de consultoría en la selección del equipo informático“.

Para poner en contexto, este periodista afincado en Madrid recuerda el caso italiano: en una sesión parlamentaria, el pasado 22 de diciembre, se hizo público que el gasto en consultores externos, sólo en 2012, había sido de 14.000 millones de euros, a los que habría que sumar la contratación de empresas que asesoraron los trabajos de cada departamento, de cada ministerio. “Esta información causó una fuerte polémica en Italia, ya que la cifra se salvó de las políticas de austeridad del Gobierno de Mario Monti, a pesar de que el proyecto de gasto presentado a comienzos de legislatura preveía su recorte”.

¿Y en España? Estaremos atentos a las respuestas de los ministerios a esta pregunta.

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