El Ministerio de Defensa ha respondido a una petición de información registrada el pasado 2 de marzo en Tu Derecho a Saber en la que una ciudadana, Paloma Mingo, preguntaba sobre la adjudicación de un contrato público a Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. En concreto, quería saber si dicha empresa tenía deudas con la Seguridad Social, tal y como publicaron algunos medios en enero, lo que habría impedido la adjudicación. Según el departamento dirigido por Pedro Morenés, la sociedad del vicepresidente de la CEOE aportó “la documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social” justo antes de la adjudicación del contrato público.

Así, como indica la respuesta de Defensa, en la tramitación de la licitación se dio cumplimiento al requerimiento efectuado por el órgano de contratación, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, al amparo del artículo 151.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que marca la obligatoriedad de demostrar estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social para poder resultar adjudicatario de un contrato público.

Poco después de que se hicieran públicas las deudas del empresario, el BOE publicó la formalización de un contrato para el servicio de hostelería en la Residencia Jorge Juan de Alicante, dependiente del Ministerio de Defensa. En total, el montante para esta adjudicación sumaba 3.643.200 euros. Pocos días después de que se hiciera público, Paloma Mingo preguntó por este asunto al Ministerio, que ahora ha respondido. La razón más plausible de que apareciera con los pagos al corriente es que pactara un aplazamiento de pagos con el organismo, como apuntó eldiario.es.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que recibiera el contrato. Paloma Mingo lo preguntó. Y ahora ha obtenido una respuesta.

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