El Senado ha respondido a una petición de información formulada el pasado 25 de marzo, en el que Luis A. Morales reclamaba la declaración de actividades de Luis Bárcenas, ya que el extesorero del PP fue senador en la IX legislatura hasta el 19 de abril de 2010, cuando renunció al escaño tras el levantamiento del secreto de sumario en la trama madrileña del caso Gürtel en la que estaba implicado. Eso sí, la cámara ha respondido para negarse a facilitar esa información de forma pública.

El único camino posible para acceder a la declaración de Bárcenas -en la que deberían figurar sus responsabilidades empresariales y públicas previas y simultáneas al ejercicio de su cargo– es a través de un proceso lleno de trabas que culmina en lo que se conoce como un “procedimiento de exhibición personal”. El interesado debe razonar su interés en conocer estos datos -una norma totalmente contraria a los estándares internacionales de derecho de acceso a la información, que insisten en que no debe ser necesario argumentar la razón de la petición- y, si la Mesa del Senado lo autoriza, podrá ver el documento ante la presencia de un funcionario y tomar notas, pero nunca realizar fotocopias o imágenes, por ejemplo.

Este sería el procedimiento a seguir para cualquier ciudadano interesado en conocer la declaración de actividades de un senador o diputado que ya no esté en activo, ya que la página web del Senado sí recoge los documentos relativos a los representantes públicos durante su mandato. Una vez finalizada la legislatura, desaparecen y son sustituidos por los nuevos ocupantes de los escaños de ambas cámaras.

La Dirección de Asistencia Técnica-Parlamentaria del Senado se acoge al apartado 4 de un acuerdo de las mesas de ambas cámaras fechado en 2009 en el que se fijó que, una vez finalizado su mandato, los registros de actividades de diputados y senadores dejan de ser públicos. Además, la respuesta de este organismo añade que tampoco puede facilitar la declaración de bienes de Bárcenas, ya que este tipo de documentos se publican sólo desde el 22 de julio de 2011 y el de el ex senador es anterior a esa fecha.

Además de revelar la falta de transparencia del Gobierno, llegando al extremo de ocultar documentos que fueron públicos con anterioridad, esta solicitud de información revela otro problema de las administraciones públicas españolas con respecto al acceso a la información: la arbitrariedad. Mientras no exista una Ley de Transparencia que exija a todos los organismos dar respuesta a estas peticiones, recibir una contestación o no dependerá, en mucho, del funcionario encargado de la gestión. La muestra es que otra solicitud de información exactamente igual a la de Luis A. Morales, formulada por David Cabo el 31 de enero de este año, sigue pendiente de respuesta.