El copago, el viraje hacia una gestión privada de la salud, la sostenibilidad del sistema sanitario, las competencias autonómicas,… El estado de la Sanidad en España preocupa y la información que trasladan los medios resulta con frecuencia contradictoria. Un chequeo de las respuestas obtenidas a través de Tuderechoasaber.es nos lleva directamente a la dolencia: las administraciones con competencias sobre el sistema de salud no están satisfaciendo las necesidades de información directa de los ciudadanos.

Entra dentro de toda normalidad que usted quiera contrastar por sí mismo los datos que respaldan una afirmación tajante como “El gasto en Sanidad se duplica desde que se transfirió a las CCAA. Tras la entrega de la sanidad a las comunidades autónomas en 2002, los españoles pagamos 50.265 millones más al año por este concepto”. En abril de 2012 Luis se dirigió al Ministerio de Sanidad preguntando sobre esta cuestión. “¿Qué parte de este sobrecoste se debe al capítulo de “Personal”? ¿Y a la “designación de cargos de responsabilidad?” Sus pesquisas se toparon con el silencio administrativo y un año después no ha recibido respuesta.

Quizá el 20 de abril de 2012 sintonizase usted la rueda de prensa de Ana Mato, ministra de Sanidad, y escuchase que “700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios 
sanitarios en 2009”. Puede que le intrigase el dato sobre el que se apoya esa afirmación. Antonio decidió preguntar al propio ministerio sobre el uso de servicios sanitarios en España por parte de extranjeros. El Gabinete Técnico Secretaría General de Sanidad le contestó que el dato procedía del “ Informe de Fiscalización de la Gestión de las
Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los
Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad
 Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 
29 de marzo de 2012”. No le facilitaron ningún enlace pero pudo consultar dicho informe en la web del Tribunal de Cuentas. Su lectura permite hacer unas cuantas precisiones sobre las cifras mencionadas.

Hacia una gestión privada sin informar al ciudadano

Si existen datos que justifiquen la privatización parcial del sistema de salud, las administraciones no los usan para tranquilizar a los ciudadanos. Danielle solicitó a la Comunidad de Madrid los “estudios, documentos o evaluaciones
 previas” en que se basa la medida número 1 del “Plan de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid”, que contempla la “externalización de la actividad
 sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión“.
 El plan señala:

“Se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos 
resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes. 
De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la 
población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por
 habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más
recientes, este coste medio anual es de 441 euros.

Danielle no pudo obtener la información que requería para contrastar los datos. Algunas informaciones señalaron que este cálculo estaba inflado: “en febrero de 2011, el consejero Javier Fernández Lasquetty situaba ese coste per capita en 428 euros. Un salto de 128 euros y un 40% en los hospitales mixtos en algo más de un año hasta en un 40%.”

A escala autonómica, la falta de respuesta es similar. Teresa Villodres escribió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para conocer qué tipo de gestión específica –pública o privada- tienen los hospitales andaluces y, en caso de ser privados, qué empresas los gestionan. Tras dirigir a Teresa a dos enlaces que no aportaban ninguna respuesta, la Consejería lamentó no disponer de la información, recomendando “dirigirse a otros organismos competentes, en este caso al área de prensa”.

Tampoco la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana contestó a un ciudadano que en mayo de 2012 quiso conocer detalles sobre la implantación de un modelo mixto de gestión sanitaria público/privada en Valencia.

¿Para qué quiere usted esta información?

En el caso de una solicitud sobre las estadísticas de ingresos y altas en Urgencias de todos los hospitales públicos de Navarra, el ciudadano fue dirigido al formulario del área de atención ciudadana del Gobierno Foral que, como hemos censurado anteriormente en este blog, pide identificador electrónico y es claramente restrictivo (más sobre los formularios como barrera). Tampoco a Carlos le ha sido posible conocer las estadísticas básicas de atención sanitaria en la Región de Murcia. El gobierno autonómico no pudo facilitarle la información y el Ministerio de Sanidad ignoró su solicitud.

El 9 de marzo de 2013, Íñigo Espert escribió a la Comunidad de Madrid para conocer “la ejecución presupuestaria detallada del servicio madrileño de salud para los ejercicios 2010, 2011 y 2012. 
Necesitaría los datos desglosados por conceptos y subconceptos.
 No me ha sido posible encontrarla en la página web de la Comunidad
 de Madrid”. La Dirección General de Gestión Económica de 
Consejería de Sanidad le respondió que debía formular su solitcitud de información “por escrito” y “especificando para qué quiere dichos datos”. Íñigo lo hizo, dejando antes patente su desacuerdo. No nos consta que recibiese la información.

Un caso satisfactorio: las prótesis de pecho fraudulentas

Hace pocos días que arrancó en Francia el macrojuicio contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP, que usó un gel no homologado cuyas consecuencias –infecciones, roturas, dolores,…- pueden afectar a 18.500 españolas, según estimaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) citadas por El País. El 4,2% de ellas, operadas en la sanidad pública.

Una ciudadana se dirigió al Ministerio de Sanidad para conocer quién es el responsable de la homologación de las prótesis de pecho fraudulentas PIP para el mercado español. La 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofreció una completa respuesta explicando que, debido a la regulación europea armonizada, la certificación de estas prótesis la otorgó un organismo designado por la autoridades alemanas:

Los productos sanitarios, por tanto, no están sometidos a evaluación ni autorización de comercialización por las autoridades sanitarias nacionales de los diferentes Estados Miembros y circulan libremente en el territorio comunitario siempre que vayan provistos del marcado CE. Los Estados Miembros no pueden impedir en su territorio, la comercialización ni la puesta en servicio de los productos que ostentan el marcado CE, a menos que se demuestre que presentan riesgos para la salud. Esto fue lo que ocurrió en el momento en que las autoridades francesas comunicaron al resto de países los problemas con estas prótesis_”. (Leer el resto de la respuesta).

Hoy conocemos que España pronto contará con un registro de prótesis y otro tipo de productos sanitarios sensibles que facilitará el control de esta clase de incidencias.

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