¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones. Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

La victoria de la SRSN no habría sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la información. En España la situación es bien distinta: ¿dónde están los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las únicas, también se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades autónomas han ido elevando en los últimos años el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha llegó a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuestión de calidad y no de dinero, pero nunca mostró informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educación era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las pequeñas escuelas rurales.

Un caso similar se vivió con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Cataluña, primero; y Castilla La Mancha, poco después, entre otras comunidades autónomas. El gobierno de María Dolores de Cospedal decretó la clausura de 21 puntos que ofrecían atención sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisión, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atrás. Eso sí, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.

Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo autonómico aseguró que los pacientes afectados sólo deberían desplazarse unos kilómetros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostró de dónde sacó esos datos. Una comprobación práctica demostró que esos pocos kilómetros rondaban los 40 y que el recorrido podía llegar a durar más de 40 minutos.

Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en España podrían intentar demostrar, como pasó en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero España no es Escocia.

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