Periodista, pregúntate qué puede hacer una buena Ley de Transparencia por ti

Desde el primer día, el propósito de Tuderechoasaber.es (así como de Access Info Europe y de la Fundación Civio) ha sido tratar de facilitar, infundir curiosidad y propagar la práctica de solicitar información a cualquier ciudadano, no solo a los profesionales de información. Aquí va un ejemplo. No obstante, necesitamos unos medios de comunicación conscientes de la importancia de contar con una buena Ley de Transparencia y de un derecho de acceso a la información plenamente reconocido y garantizado. Y, quizá, menos distraídos por el tira y afloja y las declaraciones partidistas e interesadas que están acompañando a la tramitación del texto.

El derecho de acceso a la información pública, con leyes que de verdad lo protegen, es un filón de noticias para los medios de comunicación en otros países. No hay más enigma: a más clara, específica y ambiciosa la norma, mayor es el deber de la administración de sacar los datos de su alforja, y mayores las salvaguardas para que tenga que cumplirlo. Para el reportero, eso le hace menos dependiente de filtraciones y más inquisitivo en la práctica periodística. No es la panacea –nada menos cierto-, pero conozcamos algunos ejemplos de cómo utilizan los periodistas en otros países las normas de acceso a la información, cuál es potencial informativo atesoran las solicitudes de información, qué dificultades hallan al incorporar esta práctica a su rutina y hasta dónde pueden llegar conducir una investigación periodística.

Incorporando las solicitudes de información a la rutina periodística

Martin Rosenbaum es un corresponsal político de la BBC muy particular. A veces, apostilla los artículos de sus compañeros con un breve despiece, explicando el contexto en que se obtuvo la información. Rosembaum es el especialista de este medio en acceso a la información, y se dedica específicamente a “extraer petróleo” de la Ley de Acceso a la Información británica en un contexto periodístico. En su columna señala las dificultades que encaran los solicitantes de información y revela desde dentro cómo la BBC se sirve de esta ley para sacar a la luz numerosas exclusivas. Por ejemplo, esta historia sobre el número de agentes jóvenes de policía en Inglaterra y Gales, que se ha reducido a la mitad en tan solo dos años. Y además asesora a otros periodistas de la corporación a sacar el máximo partido de su derecho de acceso a la información.

Pero, ¿por qué iban los periodistas británicos a requerir asesoramiento para solicitar información a las instituciones?

Hay muchas razones. El periodista choca frecuentemente con las administraciones y con sus ocasionales incumplimentos del deber de suministrar datos. La queja de Perry Austin-Clarke, editor del Bradford Telegraph y de Argus es, por ejemplo, que cuando una institución recibe una solicitud, apura frecuentemente el plazo máximo de respuesta que otorga la ley (20 días en Reino Unido) para pedir a última hora “aclaraciones” sobre algún detalle menor o irrelevante de la solicitud. Así, se re-establece de nuevo el plazo a otros 20 días que tienen para responder. Frente a eso, Austin-Clarke sugiere reducir por norma el plazo para solicitar aclaraciones, y evitar así este abuso.

Otro redactor, Lionel Braber –Financial Times-, opina que a los periodistas se les trata de forma diferente a cualquier otro ciudadano cuando apelan a la Ley de Acceso a la Información: sus peticiones se desvían a los gabinetes de prensa institucionales, más ocupados por la gestión de la propia reputación que por facilitar los datos en cumplimiento de la ley. Estos y otros muchos comentarios de periodistas británicos sobre su experiencia con la FOI (Freedom of Information) Act están recogidos en este documento de 500 páginas que publica el Comité de Justicia del Parlamento británico. La mayoría de las quejas se refieren a retrasos, cuando no a obstrucciones. Algunos denuncian que las instituciones se aprovechan con frecuencia de las excepciones de la ley para cerrarse en banda. Excepciones que, en el caso de la futura Ley de Transparencia de España, exceden por mucho los estándares internacionales.

La relevancia periodística de una petición de información

“Las solicitudes de acceso a la información generan más de 200 historias al mes en los periódicos británicos. En los tres primeros años de su entrada en vigor se realizaron más de 500.000 peticiones, y en el 60% de los casos la información fue completamente revelada”. Lo explica Request Initiative, una organización británica sin ánimo de lucro que ayuda a otras ONGs a utilizar la ley de acceso a la información en sus campañas, mientras además asesora a periodistas e investigadores a hacer mejor uso de las normas de acceso a la información medioambiental y de protección de datos. En su patronato destacan tanto activistas por la transparencia –como Helen Darbishire, directora de Access Info Europe– como periodistas de investigación como Nick Davies, que destapó el escándalo de las llamadas telefónicas interceptadas por el diario News of the World. Y en su portal recogen noticias fundadas sobre peticiones de información, como esta: “La policía metropolitana paga 360.000 libras por reventar puertas equivocadas durante sus redadas”.

Una función similar cumple también en Reino Unido FOI Directory, otro portal informativo que además presenta un repositorio de información extraída de solicitudes enviadas a través de What do they know (el portal de mySociety en el que se basa Tuderechoasaber.es) y que no han salido en los medios. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se gasta el Departamento de Energía y Cambio Climático en contratar personal fijo a través de empresas de recursos humanos? Aquí está la petición y en Unreported FOI la desgranan y muestran los datos visualmente.

En Estados Unidos, los periodistas pueden acudir a Muckrock, un servicio fundado por profesionales de la información que, además de ayudar a redactar la solicitud, pone en marcha una comunidad colaborativa para analizar los documentos obtenidos tras una respuesta satisfactoria. En Muckrock es posible acceder a más de 115.000 páginas de información gubernamental desclasificada gracias a más de 4.800 solicitudes de información. Uno de los más activos es Tom Nash, que solicitó el 26 de agosto de 2012 al FBI todos los documentos en su mano que mencionasen al astronauta Neil Armstong, fallecido el día anterior. El proceso se demoró hasta marzo de 2013, cuando por fin llegó el dossier del FBI sobre Armstrong. En la última semana, Nash ha pedido acceso a todos los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (la NSA, envuelta en el escándalo de la filtración de información sobre el programa PRISM de espionaje de la telecomunicaciones) que contengan el epígrafe “talking Points” –es decir, los argumentarios oficiales- desde mayo de 2013. Un asunto con clara relevancia informativa.

Además, pronto empezará a funcionar FOIA Machine, una plataforma en desarrollo (la Knight Foundation está ayudando a su impulsor, Djordje Padejski, a ponerla en marcha) que servirá para automatizar el proceso de envío, clasificación y seguimiento de muchas solicitudes de información a distintas instituciones simultáneamente. También incorporará un proceso algorítmico para replicar fácilmente casos exitosos.

Peticiones de información que conducen al Pulitzer

“Todos lo hemos visto, pero ahora hay pruebas: los agentes de policía encargados de velar por las normas de tráfico están entre los conductores más excesivos de las carreteras del sur de Florida”. Cuando Sally Kestin y John Maines, dos reporteros de The Sun Sentinel, invocaron la Ley de Acceso a la Información para obtener los registros de velocidad de los vehículos policiales que pasan por los peajes de pre-pago SunPass, no confiaban en obtener unos datos tan determinantes. Su investigación de tres meses reveló que 800 agentes de una docena de cuerpos habían sido captados a velocidades muy superiores a las permitidas entre dos puntos de peaje, incluso fuera de servicio. Desde 2004, el exceso de velocidad de los agentes de Florida había causado al menos 320 accidentes y 19 muertes. Sólo un agente acabó en prisión, y lo hizo durante 60 días. Todas las agencias abrieron investigaciones internas. For cops, no limit obtuvo el Pulitzer de Servicio Público en 2013.

Cuando México aprobó su Ley de Transparencia y acceso a la información en 2002, se convirtió en el primer país de América Latina que imponía obligaciones especiales al Estado para abrir información relacionada con abusos graves de los derechos humanos. Allí, tras 18 meses de investigación, David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab lograron demostrar cómo la cadena de supermercados Wal-Mart había estado sobornando a funcionarios mexicanos para obtener permisos, ventajas competitivas y expandirse más rápidamente por el país. “La historia fue posible gracias a la Ley de Transparencia de México”, explicó Von Bertarb tras recoger el Pulitzer 2013 en la categoría de Periodismo de Investigación-. Además, la ley insta a los funcionarios a no exigir la identidad del solicitante ni el motivo de la petición de información (en España sucede ahora esto). Para llevar a buen término la investigación, Von Bertarb realizó 800 peticiones de información a cuerpos locales, estatales y federales de la administración mexicana, y condujo unas 200 entrevistas. Y es que una buena Ley de Transparencia “_crea más registros para seguir la corrupción en lugares a la vuelta de la esquina”, ha afirmado también Barstow, su compañero de investigación.

Así pues, animamos a todos los periodistas a conocer en detalle la futura Ley de Transparencia y sus mecanismos, y a enviar –como Daniele Grasso– solicitudes de información a través de Tuderechoasaber.es. O por fuera, si lo prefieren. Esta práctica ya ha cristalizado, por ejemplo, en proyectos periodísticos concretos y cercanos como España en llamas. Para recibir información o asesoramiento en ello, periodista o no, no dudes en escribirnos a: [email protected]