Cada vez que un gobierno anuncia una medida para reducir el gasto público lanza una cifra: vamos a ahorrar tantos millones. En la mayoría de casos, por desgracia, esos números no son más que suposiciones sin fundamento. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no es una excepción. El pasado 21 de junio, Soraya Sáenz de Santamaría presentó en Consejo de Ministros el informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), la base que debe guiar los cambios de estructura que se produzcan durante toda la legislatura. De hecho, ese mismo día el Gobierno aprobó un Real Decreto para crear una oficina encargada de ejecutar la tan anunciada reforma de la administración, que “eliminará duplicidades” y “adelgazará estructuras”, prometió. Y, claro, anunció el ahorro que supondrá, según sus cálculos: 37.700 millones de euros hasta 2015.

Y, ¿de dónde salen esas previsiones? De un informe de más de 2.000 páginas elaborado durante más de siete meses por la comisión de reforma, formada por miembros de la administración, expertos y representantes de otros organismos como el Defensor del Pueblo. Eso sí, más allá de los altos cargos y de algún participante que se animó a hacer pública su participación, el resto de nombres no han salido a la luz. Más aún: ese informe tampoco se ha hecho público.

El mismo viernes que se daban previsiones de ahorro como futuribles carne de titular, el periodista Antonio Delgado pidió a través de Tu Derecho a Saber al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el informe CORA completo del que tanto se estaba hablando. Cuatro días después, le respondieron remitiéndole al documento publicado en la web: un resumen ejecutivo de 253, lejos de las 2.000 del texto completo. Antonio insistió, esta vez a través del formulario del servicio de atención ciudadana, pero no tuvo mejor suerte. Desde allí le contestaron, simplemente, que ese documento no era público, para poco después añadir que la decisión de mantenerlo oculto provenía del Ministerio de Presidencia.

La medida estrella de la administración Rajoy tiene una comisión para trabajar en el informe que la avala y la dirige y hasta una oficina que la ejecute. Eso sí, el informe completo no está a disposición de los ciudadanos.