La Ley de Transparencia sigue enmarañada en el Congreso, ahora pendiente de que se valoren las enmiendas parciales que ha propuesto cada uno de los grupos parlamentarios. Si el proyecto orquestado por el Gobierno ya era de por sí insuficiente y muy por debajo de lo que señalan los estándares internacionales, las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular demuestran una intención clara de esta formación por restringir aún más el alcance de la ley y vaciar de contenido algunas de las medidas que se esperan de una buena Ley de Transparencia y Acceso a las Información.

Aquí repasaremos algunas de ellas. No abordaremos el título de Buen Gobierno por considerar que no tiene nada que ver con la transparencia y el derecho de acceso.

1) El Grupo Parlamentario Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara y tiene por tanto preeminencia en la configuración de la norma, ha presentado una enmienda parcial (la enmienda 512) para que ningún organismo al margen de la administración se vea exigido a publicar información económica, presupuestaria y estadística –esto incluiría, por ejemplo, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos-.

Esta enmienda eximiría de publicar este tipo de información a numerosas instituciones, desde las corporaciones de derecho público a la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, las fundaciones del sector público, etc.

2) La inclusión de los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y otras entidades dependientes del dinero público también sufriría a propuesta del Grupo Parlamentario Popular una amplia limitación. Además de no tener que publicar información económica, presupuestaria y estadística, únicamente estarían obligadas por esta ley a dar a conocer:

      • Contratos y convenios celebrados con una Administración Pública
      • Las subvenciones recibidas de una Administración Pública.

Así lo establecería la enmienda 521 del Partido Popular en caso de incluirse en el proyecto.

3) Pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció la creación de un organismo de revisión distinto del que planteaba inicialmente el proyecto de ley –un Consejo de la Transparencia no adscrito al Ministerio de Hacienda, como estaba previsto-, la enmienda 530 de Grupo Popular sobre este ente sigue sin aclarar el alcance y garantías de su independencia, su mandato, sus funciones, sus poderes ni su naturaleza. Además, se confirma el doble silencio negativo: si el ciudadano no obtiene respuesta a una solicitud de información y recurre al órgano de revisión pero este tampoco responde, en cuatro meses tendrá que considerar la respuesta denegada sin obtener ningún motivo.

A estas nueva limitaciones propuestas por el Grupo Popular debemos añadir las ya conocidas: la exclusión de la información auxiliar (informes internos, notas, borradores…) y el no reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental (el 25 de junio el Tribunal Europe de Derechos Humanos volvía a reconocer este derecho como derecho fundamental).

Analizaremos qué enmiendas han propuesto otros grupos parlamentarios en siguientes artículos de este blog. Aquí puedes consultarlas todas.