No hay dudas: el problema de la vivienda, materializada en los desahucios, es uno de los grandes males en España. Las divergencias parten de las distintas formas que se proponen para resolver el problema. Hasta ahí todo discutible, pero también previsible. El problema es cuando las divergencias salpican hasta los datos. Lo cierto es que no contamos con una base de datos fiable y única para conocer exactamente cuántos desahucios se ejecutan en España, en qué tipos de vivienda -primera/segunda residencia-, en qué régimen -compra/alquiler- y otros datos desglosados que permitan conocer la magnitud del problema para, entonces sí, debatir cuáles son las mejores maneras de hacerle frente.

El Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el INE, además de otras entidades privadas, han publicado estadísticas sobre desahucios, cada entidad con una metodología y unos criterios de clasificación distintos. Según los datos del CGPJ,a finales de 2012 el ritmo era de más de 500 desahucios diarios (casi 48.000 en el segundo trimestre de 2012, según su balance), pero esos datos no incluyen ejecuciones dictadas fuera del ámbito judicial y valoran en el mismo saco, por ejemplo, casos de primera y segunda residencia.

La falta de unas estadísticas fiables -una carencia que se extiende también al número de casas vacías existentes en España- es una muestra del poco interés que han mostrado las sucesivas administraciones públicas por cercar el problema y ponerle remedio. En julio de 2012, el Gobierno prometió que publicaría datos concretos sobre desahucios cada tres meses. Finalmente, la tan esperada estadística oficial no llegará hasta 2014.

Ante tal batiburrillo de datos sin homogeneizar, son muchos los ciudadanos que han reclamado información sobre ejecuciones hipotecarias a través del portal de Tu Derecho a Saber:

Elena pidió en enero al Ministerio de Justicia la cifra total de desahucios desde 2008, al inicio de la crisis económica. Han pasado casi tres meses y no ha obtenido respuesta.{.button} Daniele Grasso reclamó al Ayuntamiento de Madrid el número de lanzamientos judiciales en los que había participado la policía local durante 2012. El consistorio le remitió a un formulario.{.button} En paralelo, Daniele Grasso también pidió a Interior esos mismos datos, esta vez de lanzamientos llevados a cabo por la Policía Nacional. Pese a su insistencia, no ha habido respuesta.{.button} Mucho antes, en julio de 2012, Concha Catalán pidió al CGPJ los datos anteriores a 2007. Al final consiguió una parte gracias a su insistencia, pero no toda la información que pidió.{.button}

Esta carencia absoluta de datos fiables sobre un tema de trascendencia mayúscula ha llevado al consultor político David Osimo a la creación de un grupo de trabajo para intentar recabar todos los datos posibles sobre este asunto, tal y como explica en su blog. Porque la única manera de enfrentar un problema es conocer, con detalle, su magnitud.

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