El juez de instrucción ha decidido frenar la privatización de seis hospitales madrileños de manera cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el tema. La magnitud del proceso (afecta el servicio de miles de ciudadanos) y el hecho de que sea irreversible son, para el magistrado, razones de peso para parar, de momento, el proceso. En el auto, además de criticar que las administraciones “asuman sin más su incapacidad” para mejorar la gestión de la sanidad pública, el juez pone en duda el argumento de la Comunidad de Madrid, que asegura que la privatización ahorrará gastos. Para hacerlo, nombra el caso de otros países:

¿A cuáles se refiere? Podría tratarse, por ejemplo, de Escocia. Como ya explicamos en este blog, allí utilizaron un sistema de gestión público-privada muy parecido durante años: el PFI (Private Finance Inciative). El sistema consiste en que una empresa construye un edificio público, como podría ser un hospital, y lo gestiona durante los años que dure la concesión, en los que recibe un canon anual desde las administraciones públicas.

Gracias a la insistencia de los ciudadanos y a que en Escocia cuentan con una ley de derecho de acceso a la información potente y una entidad de control realmente independiente, los datos sobre este sistema salieron a la luz. El Sunday Herald estudió esa información y concluyó que habían gastado más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados y construidos.

En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente. ¿Y aquí? Ni tenemos los datos ni una ley que garantice que los podamos reclamar.