La ley de transparencia pasa al Senado sin pena ni gloria
La norma sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y excluye mucha información.
El jueves 12 de septiembre se votaron en el Congreso de los diputados las enmiendas parciales a la a ley de transparencia. Tal y como era previsible, con los votos del Partido Popular, PNV y CIU todas las enmiendas fueron aprobadas y el nuevo texto ya va de camino al Senado.
Antes de que esto ocurriera la organización Access Info Europe ya adelantaba que con las enmiendas el proyecto de ley ocuparía el lugar 72 en el ranking de 96 países con leyes de acceso a la información en el mundo (obteniendo 68 puntos de 150 en el RTI Global Rating, puedes leer el análisis de la ley española aquí). Este resultado queda confirmado con la aprobación de las enmiendas.
Los problemas que adolecen la ley son los mismos que antes de presentar las enmiendas, incluso son los mismos desde que se presentó la ley: la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente y solo conocerá de conflictos con las administraciones públicas y no del resto de instituciones.
Entre los cambios que aportan las enmiendas que fueron aprobadas el jueves 12 de septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal y algunas entidades privadas de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. Aunque es importante destacar que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo tanto queda por ver cómo será en la práctica este procedimiento.
El otro cambio relevante es la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (antes el organismo previsto era la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.
Puedes leer el texto tal y como quedó tras la incorporación de las últimas enmiendas aquí.
Para entender el alcance de la ley de transparencia puedes ver la siguiente tabla explicativa aquí.
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